Una contrarreforma laboral nociva

El Gobierno del presidente Sánchez sigue amagando con la posibilidad de que se aplique una contrarreforma laboral a la reforma de 2012 aprobada por el Gobierno de presidente Rajoy. Esa reforma laboral fue la más ambiciosa que ha tenido España, aunque siempre se podría haber avanzado más. Lo que hay que hacer es mejorarla, reformarla para avanzar más, pero en esa dirección, que el tiempo ha demostrado que es la correcta, porque creó un marco normativo donde se desarrolló mucho más la contratación.

Pues bien, en lugar de eso, la parte comunista del Gobierno sigue empeñada en aplicar una contrarreforma laboral que elimine la reforma de 2012 y que introduzca múltiples rigideces en las relaciones laborales, que se transformarían en barreras a la contratación y, por tanto, en menores niveles de empleo.

La vicepresidenta Calviño, que sabe lo catastrófico que sería para el mercado laboral español una contrarreforma como ésa, especialmente con la situación actual que padecemos, además de complicar las relaciones con Bruselas para justificar los fondos no reembolsables, pues la UE exige que se realicen más reformas y se cuadren las cuentas, no que se deroguen las buenas reformas existentes y que se incremente el gasto estructural, es de suponer que tratará de evitarlo, pero tampoco se percibe cuál es el grado de firmeza al respecto.

La contrarreforma laboral que desearían Podemos y otros apoyos del Gobierno -no olvidemos aquel acuerdo pactado para ello hasta con Bildu-, sería contraproducente para la economía y el empleo, empezando por el hecho de que los ERTE’s que se mantuviesen todavía pasarían a ser, posiblemente, ERE’s, y se levantarían barreras a la contratación que impedirían que las personas que han perdido su empleo puedan recobrarlo de manera rápida. Ahondaría en la catástrofe laboral, pues no olvidemos que pese al fuerte rebote del corto plazo, se prevé una tasa de paro de entre el 14% y el 15% para 2021 y 2022.

Así, de llevar a cabo la contrarreforma deseada por Podemos, tocaría puntos esenciales del marco laboral actual, como los siguientes:

• Revertir la actual prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial.
• Legislar para instaurar de nuevo la duración ilimitada de los convenios colectivos (ultraactividad).
• Obligación de que las empresas subcontratistas apliquen convenio de la empresa principal.
• Obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores.
• Se volvería a poner una carga administrativa muy fuerte a todas las empresas y se eliminará la flexibilidad que necesitan las pymes y autónomos en esta materia.
• Brecha salarial y planes de igualdad, que no deberían regularse por RDL sin un acuerdo amplio previo en la mesa de dialogo social.

Todo ello, supondría una contrarreforma:

• Introduciría rigidez en la contratación.
• Incrementaría costes en la contratación.
• Disminuiría, con lo anterior, las oportunidades en el mercado de trabajo.

Esto, de suceder, tendrá un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación, que, junto a un empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos, debido a las políticas económicas equivocadas de Sánchez de incremento de gasto público y subida de impuestos -cuando no, por la carencia completa de política económica, pues nunca es sólida la posición del Gobierno a este respecto-, y al efecto de otra de esas políticas, el salario mínimo, dibujarían un panorama laboral sombrío en caso de aplicarse esta contrarreforma, máxime en estos momentos con horizonte incierto en el medio y largo plazo -pese al rebote del corto plazo- por los que atraviesa la economía española.

Sólo el efecto de la reforma de 2012, impulsó de manera directa entre 2012 y 2018 la creación de 800.000 empleos, que con el efecto indirecto por mejora del entorno económico y expectativas se amplió hasta casi 3 millones de nuevos puestos de trabajo según el dato de afiliados a la Seguridad Social desde el momento más bajo de afiliación, a principios de 2013.

Ahora, de aprobarse la derogación, sucederá a la inversa. Cada año, así, dejarían de crearse más de 100.000 puestos de trabajo que sí podrían generarse de mantenerse la reforma laboral sin derogar, provocado por una pérdida anual de alrededor de 2 décimas de PIB y una merma adicional de un millón de puestos de trabajo en un período de cinco años, que incrementarían, así, el desempleo, ya abultado de por sí tras la pandemia

Por tanto, el Gobierno debe recapacitar y no derogar la reforma de 2012. En todo caso, lo que tiene que hacer es dotarla de una mayor flexibilidad para la contratación, que permita generar muchos puestos de trabajo y que no ponga obstáculos para ello, como sucederá con el nuevo aumento del salario mínimo si llega a producirse.