El fiscal general deposita los 150.000 € de fianza utilizando parte de su patrimonio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido que utilizar su patrimonio personal para hacer frente a la fianza de 150.000 euros que le impuso el Tribunal Supremo en el caso de la presunta filtración contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha podido saber OKDIARIO, García Ortiz no disponía de los 150.000 euros en metálico, por lo que ha tenido que aportar parte de sus bienes para cubrir la cantidad establecida por el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado.

Desde que se conoció la imposición de la fianza, numerosas personas del entorno del fiscal general se han ofrecido a colaborar económicamente para ayudarle a hacer frente al pago. Sin embargo, García Ortiz ha declinado todas estas muestras de solidaridad, aunque ha agradecido públicamente el cariño y el apoyo recibido.

Ahora corresponde al Tribunal Supremo verificar que los bienes aportados por García Ortiz cubren efectivamente la cantidad de 150.000 euros fijada como fianza. Esta medida cautelar está destinada a garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una futura sentencia condenatoria.

Paralelamente, el fiscal general está ultimando un recurso directo de apelación contra la fianza impuesta, al considerar que se trata de una cantidad excesiva para los hechos que se le imputan.

Cabe recordar que inicialmente González Amador había solicitado una fianza de 300.000 euros, cantidad que el magistrado instructor rebajó hasta los 150.000 euros finalmente establecidos. Esta medida se enmarca en el procedimiento penal que investiga la presunta filtración de datos fiscales relacionados con la pareja de Díaz Ayuso.

Casa de 189 m2

La nota simple registral de su único inmueble en propiedad según el Registro, consultada por OKDIARIO, revela que García Ortiz figura como titular al 50% de un inmueble de 189 m2 en Santiago de Compostela junto a su esposa María Pilar Fernández Pérez, también fiscal, que posee el otro 50%. La pareja está casada en régimen de gananciales.

La vivienda se compone de planta baja con «una superficie construida de 60 metros cuadrados» y un aprovechamiento bajo cubierta de «45 metros cuadrados». El inmueble incluye como anejos «una terraza posterior y, a nivel superior, una zona de jardín» que mide «65 metros cuadrados». La propiedad cuenta con una cuota de participación del 31% en una zona anexa al bloque que conforman tres viviendas. Idealista recoge que tiene 4 habitaciones, 3 baños y jardín, y que fue construido en el 2003.

La casa está en una zona histórica y céntrica de Santiago de Compostela que alberga viviendas de gran valor patrimonial, muchas de ellas rehabilitadas manteniendo la arquitectura tradicional. Es un área residencial tranquila y muy bien comunicada con el centro urbano.