Por la Constitución, por la democracia, por España

La Constitución española es la norma que garantiza a todos los ciudadanos españoles sus derechos y libertades básicas, aquello que nadie les puede quitar, en definitiva, su igualdad ante las leyes. La Constitución es, por tanto, el marco que define, desarrolla y ordena los derechos y obligaciones de los españoles, que son y deben seguir siendo iguales para todos. De ahí, la importancia que para los demócratas tiene la defensa de la Constitución, ya que su incumplimiento vacía de sentido los derechos que en ella se reconocen, lo que es igual a un ataque directo contra la libertad, la igualdad y la propia democracia, es decir, a todos nosotros. 

Desde hace años los ciudadanos españoles estamos padeciendo una erosión constante del orden constitucional y, por tanto, de nuestras libertades e igualdad ante la ley. Quienes no creen en nuestra democracia, ni en los derechos de ciudadanos libres e iguales, han lazado un grave desafío al Estado de Derecho no visto en España ni en Europa desde el final de la II Guerra Mundial.

El intento de ruptura del marco de derecho, sus leyes, procedimientos e instituciones supone un desafío que atenta precisamente contra los derechos individuales por los que tanto hemos luchado y que diferencian a los países civilizados de los que no lo son.

Cuando decimos que el orden constitucional está en peligro, no hablamos de unas líneas sobre un legajo, hablamos de la pérdida de la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los que formamos la mayoría silenciosa de españoles digamos basta ya a la ilegalidad, al desorden, al odio, a la mentira. Es el momento de defender la Constitución Española, de parar todo ataque contra la legalidad, de exigir el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan, de la utilización de las instituciones para fines ilegítimos. Ha llegado el momento de plantar cara y decir no al adoctrinamiento de los niños en las escuelas para crear el odio entre españoles. En definitiva, ha llegado el momento de defender la Constitución española con la responsabilidad y templanza que nos da ser ciudadanos libres e iguales.

La Ley de Amnistía comprometida entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont -un prófugo de la justicia sobre el que pesa una orden europea de detención y entrega- con el único objetivo de obtener los votos necesarios para que el secretario general del PSOE fuera investido presidente del Gobierno de España afecta directa y gravemente a la estructura de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. Es un insulto a los españoles  y un fraude contra la democracia que, para eludir los informes preceptivos de órganos como el Consejo de Estado o el CGPJ y transgredir la prohibición de que un Ejecutivo en funciones pueda presentar proyectos de ley, se presenta la propuesta legislativa como si fuera iniciativa de un grupo político (el PSOE) aunque todos sepamos que ha sido redactada en Bruselas por los enviados del Gobierno y el prófugo de la Justicia. 

Es un escándalo que sean los delincuentes a quienes va a beneficiar la ley quienes redacten los extremos del texto. Es una vergüenza que el texto vaya acompañado de una exposición de motivos que resulta una falsedad desde el principio hasta el fin; tan falsa, que unas horas después de registrarse, fue enmendada a la totalidad por el propio Pedro Sánchez, el segundo beneficiado de la ley, que confesó que no habría impulsado la amnistía de no necesitar los siete votos del prófugo para mantenerse en el poder.

Y por su enviado a negociar con el prófugo, el número tres del PSOE, el tal Cerdán, que reconoció ante tele amiga que, aunque lo negaban para pedir el voto de los ciudadanos, llevaban desde el mes de marzo negociando la ley. O sea, ni concordia ni interés general ni nada que se le parezca. Puro y descarnado interés particular del prófugo de la Justicia y del felón Pedro Sánchez, ese hombre que hizo suya la jaculatoria de Scarlett O’Hara: «Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar, ¡A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre!». Y ha demostrado estar dispuesto a hacer lo que sea, con quien sea y como sea para saciar su hambre de poder. 

La amnistía que hoy defienden el PSOE y sus voceros niega la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos (los delitos de quienes apoyan a Pedro Sánchez son borrados), cuestiona la jurisdicción e independencia de los tribunales de justicia, y asume el relato de los golpistas catalanes (y de los terroristas vascos) al aceptar sus tesis de que España no era un Estado de Derecho con leyes democráticas y plenamente constitucionales cuando los tribunales de justicia juzgaron con todas las garantías a quienes dieron un golpe contra la democracia desde Cataluña; o a quienes en nombre de su patria asesinaron a 857 inocentes y expulsaron del País Vasco a decenas de miles de ciudadanos.

Porque todo se andará, que no es casual que no conozcamos los extremos del pacto de la indignidad que el PSOE -reverencia a la terrorista Aizpurua por medio- selló Pedro Sánchez. La amnistía es una ley oportunista pactada entre un tipo borracho de ambición de poder y un prófugo de la justicia que ha encontrado en Puigdemont y en Otegui sus alter ego. Y para que la humillación a nuestro país y a sus ciudadanos sea aún mayor, el desarrollo de esos pactos infames e indignos acuerdos entre Sánchez y Puigdemont se ira plasmando en reuniones secretas y con verificador internacional que se celebrarán fuera de la tutela democrática de las Cortes Generales  y fuera de España.

Nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la convivencia cívica y democrática entre españoles. 

Nuestra libertad y cohesión está gravemente amenazada por quien preside el Gobierno de la nación que solemnemente y en su discurso de investidura proclamó su intención de levantar un muro entre españoles para resucitar las dos viejas Españas y liquidar la cohesión entre españoles, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos que proclama nuestra Constitución.

Estamos ante una ley que habremos de parar utilizando todos y cada uno de los instrumentos del Estado de Derecho. Sólo la fortaleza y la persistencia de los demócratas podrá impedir que tanta infamia, tanta indignidad, tanto desvarío de Pedro Sánchez consiga su objetivo. Por eso, en el aniversario de la aprobación de nuestra Constitución, debemos volver a alzar la voz para proclamar alto y claro «¡Basta ya de ataques a la democracia!», «¡Basta ya de felonías!», «¡Viva la Constitución!», «¡Viva España!», «¡Viva el Rey!».