La comunista Díaz como hija putativa del franquismo

La reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros para dejar atrás la infausta del PP, que se conserva prácticamente intacta, se ha promovido para reducir la temporalidad pero es muy dudoso que consiga su objetivo. Aunque el Gobierno socialcomunista que dirige el país no lo quiera ver, el nivel tan alto de temporalidad que padecemos en España está estrechamente ligado a los costes del despido, que son los más elevados de la Unión. Precisamente por eso, cuando el PP aprobó su reforma laboral, ésta que ahora quiere corregirse, y que redujo de 45 a 33 los días para calcular la extinción improcedente del contrato, la temporalidad disminuyó sensiblemente. Y mientras no se avance en este terreno los resultados serán limitadísimos.

Como este asunto crucial se ha evitado por motivos estrictamente ideológicos, es verdad que el proyecto patrocinado a bombo y platillo por la rutilante vicepresidenta Yolanda Díaz no hará demasiado daño, que no provocará mucho dolor, pero también que instaura un marco laboral peor del que teníamos y que será ineficaz de cara a conseguir el objetivo principal de todo gobierno sensato, que sería aumentar el empleo y rebajar la tasa de paro. Las grandes empresas, el Ibex 35, muchas de cuyas compañías están sometidas a fuertes presiones regulatorias, parecen estar satisfechas con el resultado, pero este no es el caso de las pymes, que constituyen el grueso del tejido productivo español, y que van a verse sometidas a obligaciones contrarias a la necesidad de mantener a salvo su cuenta de resultados.

Seguimos prisioneros de un mercado laboral heredado del franquismo, en el que, a diferencia del resto de los países de la Unión Europea, los convenios colectivos tienen la consideración y la jerarquía correspondiente a una ley, a una norma, que no representa la voluntad de las partes verdaderamente legitimadas para impulsarla sino que obedece al poder corporativo conferido caprichosamente a las organizaciones patronales y sindicales, cuya persecución del bien común es cuestionable, a la vista de su ejecutoria. Para arreglar esta irregularidad lo normal sería copiar los modelos que rigen en los estados de nuestro entorno en los que los convenios son contratos colectivos, no corporativos, que responden a la voluntad de las partes y que no atan de por vida a empresas y trabajadores que ni están ni se sienten representados por la burocracia patronal o sindical. De la misma manera, habría que exonerar a las pequeñas empresas, por ejemplo de menos de quince trabajadores como sucede en Italia, de verse sometidas a las condiciones laborales firmadas en despachos ajenos a sus urgencias y sus preocupaciones. Finalmente, habría que impulsar una reforma de la magistratura laboral a fin de que mejorara su comprensión del mundo de los negocios, que para muchos jueces es un arcano difícil de descifrar. Todas estas mejoras generarían un marco laboral más democrático y representativo, que contribuiría a dar oxígeno a las compañías. Lo mismo que reducir al máximo el papel asfixiante de la Inspección de Trabajo y la maraña de regulaciones y de normas de distinto signo que coartan la libertad de empresa e impiden el desenvolvimiento de las sociedades.

El criterio ineludible para juzgar una nueva ley es si estamos ahora mejor o peor que con ella. Y todo apunta a que el marco laboral se ha degradado, no mucho, pero que será en adelante más insano y menos eficaz que el que regía hasta la fecha. Y si además el proyecto rubricado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos se retuerce, profundizando en el sentido equivocado, durante la tramitación parlamentaria perjudicando la unidad de mercado por tener en consideración los convenios autonómicos o reforzando aún más el poder sindical, esta aventura siniestra emprendida por el prurito de deshacer lo que con buen criterio hizo el PP puede acabar en un desatino para todos aquellos en pos de los que se inició: los trabajadores, los más desfavorecidos, aquellos en situación más precaria.

El mercado laboral demanda la mayor flexibilidad posible, pero el mensaje que envía el Gobierno es el de añadir rigidez a un país con la tasa de paro más alta del Continente que necesita con urgencia atraer inversiones. Solo la Comunidad de Madrid lo hace, gracias a su política fiscal y su cuidado por la sanidad de las cuentas públicas.

La fase de recuperación económica, que en España es mucho más lenta de lo esperado, ha abierto una carrera entre los países de la Eurozona por atraer inversión exterior que acompañe la ejecución de los fondos europeos  y para la que un marco laboral flexible es una condición ineludible. Ninguna de las modificaciones aupadas por la comunista Yolanda Díaz favorece la flexibilidad, las pocas que se han incorporado aumentan las rigideces, y esta conjunción de preceptos desdichados provocará a medio plazo más desempleo y menos contratación.

Según ha escrito el economista Rafael Domenech, la reforma laboral de 2012 permitió una reducción rápida del desempleo (el principal problema de la precariedad laboral) sin que se acumulasen desequilibrios macroeconómicos como los que llevaron a la crisis anterior, y con un mejor comportamiento de la temporalidad, de los salarios reales o de la desigualdad que en la expansión anterior de 1994 a 2007.

Todos los expertos coinciden en que modificar el mercado laboral es la tarea más urgente que afronta la economía. No solo se trata de despejar los problemas estructurales sino de impulsar la capacidad de crecer, competir y contar con el capital humano cualificado preciso para satisfacer la oferta actual. Una mayor formación, cualificación y flexibilidad siguen constituyendo las bases necesarias para reducir el paro. Las leyes educativas aprobadas por Sánchez impiden completamente la empleabilidad de los jóvenes, la involución laboral impulsada por la comunista Díaz, que en muchos casos convalida la nefasta herencia del franquismo, lastrará aún más la competitividad. El escenario final es más negativo, con un elevado coste en términos de empleo, menor renta, consumo e inversión.