El ‘caso De Prada’ y la terrorista ‘Anboto’
Hacía tiempo que no leía una sentencia del Tribunal Supremo, tan contundente, ajustada a derecho y al sentido común, más allá de cualquier sensibilidad jurídica.
José Ricardo de Prada lo ha vuelto hacer. Y el Tribunal Supremo le ha vuelto a pasar por la piedra del mínimo sentido común y le ha bajado de sus sentencias políticas. Otra vez. ¿Cuántas van ya? En este caso no parece que vaya a ocurrir como con aquella sentencia Gürtel cuando él solito se cargó a todo un Gobierno y meses más tarde, la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo mandó al infierno el párrafo utilizado por sus amigos de la izquierda política para tirar por la ventana a un inerme, impasible y bobo Mariano Rajoy.
«El voluntarismo jurídico de algunos jueces radica en el afán de progresar agradando al poder, aún a costa de degradar las obligaciones éticas del cargo…», escribe Guadalupe Sánchez. En la declaración del Supremo echando por tierra la sentencia de Ricardo de Prada (íntimo amigo de Garzón y candidato de Podemos al CGPJ), el mismo que conferenciaba en herriko tabernas (según dicen) y acusaba a la Policía de Zapatero de torturar a los etarras, lo que viene a concluir el Alto Tribunal es que De Prada se apartó de la legalidad y confirió preeminencia a su voluntad, lo que le llevó a plasmar en sentencia conclusiones ilógicas y burdas…
Y, ¿este sujeto jurídico sigue firmando sentencias? De una persona con esa toga, ¿pueden continuar dependiendo, vidas y haciendas a costa del sufrido contribuyente? ¿Nadie le pide explicaciones y responsabilidades pecuniarias? ¿Tampoco las muchas víctimas de la terrorista Anboto? ¿Se puede creer en un Estado que permite a sus funcionarios conducirse de tan singular guisa guiado más por sus convicciones sociales y políticas?. Fíjese el lector que no escribo la palabra «intereses». ¿Nadie se atreve a denunciar en instancias internacionales semejantes procederes? ¿Cuántos ya?
De Prada negó valor probatorio a los informes de la Guardia Civil, mientras para él fue verdad revelada los informes de la Ertzaintza a los que califica de «genuina prueba pericial». Hasta se inventó que los hechos por los que se sentaba en el banquillo ante él a la ex jefa de ETA eran sucesos anteriormente juzgados. La recusación de este señor con toga (cobrando por vestirla, naturalmente) para enjuiciar causas contra ETA ya fue planteada por la Fiscalía en el año 2016, es decir, algo grave observaban en sus comportamientos profesionales.
Pues ahí lo tienen. Orondo, satisfecho y cobrando por un trabajo que según sus superiores hace mal. ¿Cuándo perpetrará la próxima? Sigan atentos a la pantalla.
