Caída de Maduro y efecto dominó para Cuba y Nicaragua

La reciente detención y extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos no debe leerse como un acto de revancha política ni como una intromisión imperial —narrativa habitual del chavismo— sino como una consecuencia jurídica y geopolítica de un proyecto de poder que desdibujó deliberadamente la frontera entre Estado, crimen organizado y autoritarismo ideológico.

El chavismo, lejos de constituir una experiencia soberana de justicia social, devino en un régimen de captura del Estado, sostenido por redes transnacionales de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción sistémica. Las acusaciones formuladas por tribunales estadounidenses —especialmente las relacionadas con el Cartel de los Soles— no emergen del vacío: se insertan en una arquitectura probatoria construida durante años, con cooperación de agencias internacionales y testimonios de actores internos del propio régimen.

En este contexto, EEUU no actúa como juez moral del mundo, sino como jurisdicción afectada. El tráfico de drogas, el uso del sistema financiero internacional para el blanqueo de capitales y la protección estatal a organizaciones criminales impactan directamente en su seguridad nacional. La extradición, por tanto, se justifica bajo el principio de jurisdicción extraterritorial por daños directos, ampliamente reconocido en el derecho internacional.

El rol de Cuba y Nicaragua no es accesorio. Ambos regímenes funcionan como pilares de un eje autoritario regional, donde La Habana aporta inteligencia, control social y doctrina represiva, mientras Managua replica el modelo de concentración de poder y anulación institucional. Venezuela, bajo Maduro, financió y sostuvo ese eje durante años. La extradición rompería simbólica y materialmente esa cadena de impunidad, enviando una señal clara: la protección mutua entre autocracias no es garantía eterna contra la justicia.

Quienes se oponen a la extradición alegan soberanía. Sin embargo, no hay soberanía legítima cuando el poder se ejerce contra la población, se anulan elecciones, se persigue a la disidencia y se instrumentaliza el hambre como mecanismo de control. La soberanía no es un escudo para el crimen; es una responsabilidad.

Detener y extraditar al tirano Maduro no resolvería de inmediato la tragedia venezolana, pero sí establecería un precedente fundamental: que incluso los jefes de Estado pueden rendir cuentas cuando convierten al país en plataforma criminal. Para América Latina —y especialmente para sociedades secuestradas por regímenes como los de Cuba y Nicaragua— sería una grieta en el mito de la impunidad revolucionaria.

En última instancia, la extradición no es un favor a EEUU, sino una deuda con las víctimas, con el derecho internacional de defensa por criminalidad y con la idea, cada vez más erosionada, de que el poder debe tener límites.

Un pueblo sin libertad

En Venezuela no hay libertad, hay supervivencia: un país reducido a la gestión cotidiana de necesidades básicas mientras el poder se sostiene sobre el miedo, la exclusión y la cárcel. El proceso electoral de julio no se desarrolla en condiciones mínimas de competencia democrática; se da en un entorno donde la voluntad popular es administrada por un aparato estatal diseñado para impedir la alternancia. La inhabilitación de María Corina Machado, y la posterior candidatura de Edmundo González como figura de sustitución, no son expresiones de normalidad institucional, sino pruebas del cerco autoritario que obliga a la oposición a moverse en los márgenes que el régimen tolera.

A esto se suma la ausencia de libertad de prensa, particularmente para los medios internacionales, restringidos, vigilados o directamente expulsados, lo que impide una observación independiente y transparente del proceso. En estas condiciones, hablar de elecciones libres resulta una ficción: sin prensa libre, sin árbitro imparcial y con líderes perseguidos, el voto deja de ser un derecho y se convierte en un acto de resistencia. No sabemos si como establecen las normas del país habrá en un mes nuevas elecciones, lo que si vemos en España a ERC, Bildu, PSOE, Podemos y Sumar, rabiar por lo sucedido y demostrar que a ellos el hambre de millones de venezolanos no les afecta.