Anciana de 80 años violada por un menor argelino

Con 17 años y varios antecedentes, entró en el domicilio a robar, golpeó a la anciana con un palo de béisbol y la violó; fue detenido poco después llevando consigo algunos efectos del robo. Vecinos de la anciana se quejan de robos, ocupas, gamberrismo, falta de presencia policial que además no acude a sus llamadas; una constante en ciudades, pueblos y zonas rurales del país. ¿Qué hacen los jueces, dónde están los policías?

Las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, están dedicadas a controlar normas administrativas de la más diversa índole; orientada su actividad para justificar estadísticamente a mandos y políticos, prefieren robo con autor detenido que robo evitado mediante patrullaje porque no se puede contabilizar. Existen lugares en muchas ciudades que necesitan presencia de policías de barrio (nacionales, autonómicos o locales), para prevenir reyertas, venta de droga, botellones, ruidos, ocupaciones de viviendas y otros comportamientos asociales.

Convivimos con personas que vienen de culturas más violentas, sin ningún reparo moral para utilizarla por las cuestiones más nimias o para robar; ¿por qué decide el Gobierno no informar de la nacionalidad de los protagonistas de delitos salvo que sean españoles? Si se conociera la nacionalidad de los autores de robos en viviendas, comercios, coches, asaltos callejeros, agresiones, terrorismo machista y violaciones en grupo, se sabría que siendo un 10% de la población protagonizan el 50% de los hechos delictivos.

Es habitual detener a extranjeros con numerosos antecedentes (¿cada cuántos delitos se consigue detener a alguien, cada 20, 30…?) que siguen en la calle cometiendo delitos y algunos percibiendo ayudas sociales. Estos delincuentes son el mayor enemigo de los muchos inmigrantes honrados y trabajadores. No es aceptable que delincuentes extranjeros entren ilegalmente al país, reciban más ayudas que un jubilado español, cometan delitos casi impunemente y el Gobierno no informe con transparencia ocultando datos sobre ellos que la ciudadanía tiene derecho a conocer.

Necesitamos grandes dosis de sentido común y justicia. Seis meses lleva en la cárcel un anciano que defendió su propiedad ante un ladrón que portaba una motosierra. No tiene dónde ir, no puede fugarse de la justicia. Se practican millones de detenciones preventivas ilegales con identificación y cacheo (¿retención?), contra ciudadanos honrados por capricho, sin razón legal para ello contraviniendo fundamentos jurídicos de los tribunales Constitucional y Supremo; abusos policiales alentados por órdenes políticas y de sus mandos vulnerando derechos civiles de gente honrada tolerados por los jueces.

En sentido contrario, un policía no puede intervenir si ocupan tu casa (sí puede en otros países democráticos); el “ocupa” tiene todos los derechos, tú, honrado trabajador, ninguno. Si un secuestrador armado amenaza con matar a sus víctimas, dispararle tras recibir la orden supondrá permanecer durante muchos años acusado e investigado. Ciudadanos indefensos ante policías y criminales, policías con patente de corso ante ciudadanos honrados, pero sin autorización para actuar eficazmente protegiendo a ciudadanos contra criminales.

Golpear y violar a una mujer, anciana o no, debería ser motivo de prisión permanente revisable; no es una condena perpetua, existe en numerosos países democráticos occidentales y con la legislación penitenciaria aplicada en España, el condenado puede salir de permiso al progresar a tercer grado, que puede ocurrir a los ocho años de condena. El asesino de Diana Quer detenido cuando intentaba secuestrar a otra mujer, puede progresar de grado en cualquier momento y salir con permiso. Estos y otros violadores recibirán para reinsertarse (aunque no lo hagan), todo tipo de ayudas; la anciana no recibirá ninguna para sobrevivir. La kafkiana política criminal de la sociedad española.