Ahora sí, crisis constituyente

Tras su investidura, Sánchez tardó pocas horas en anunciar el nombramiento de la ministra de justicia, y diputada socialista, como fiscal general, anulando el requisito de imparcialidad (ex art. 124 CE) que debe imperar en cualquier actuación del Ministerio Público. De esta manera, dejaba claro el sentido institucional que imperaría en su acción de gobierno, siguiendo la estela marcada por algunos de los grupos parlamentarios que lo apoyaron para situarse al frente del Ejecutivo.

Una vez constituido el nuevo Gobierno, comenté los nombramientos de los ministros con personas conocedoras del mundo judicial y convenimos abiertamente en la inquietud que generaba la presencia de Podemos en el Ejecutivo. Sin embargo, la disparidad de opiniones se produjo al hablar de los elegidos para ostentar algunos de los llamados ministerios de Estado, en particular, Justicia, Interior y Defensa. Expresé abiertamente mi incredulidad por la aceptación de los tres magistrados, pues iban a formar parte de un Gobierno integrado por personas que han crecido políticamente abogando por la demolición del Estado de Derecho, que ellos defendieron en algún momento de sus carreras profesionales. Ante la gravedad de mis palabras, mis interlocutores, mucho más cautos, ponderaron la capacidad intelectual de los tres ministros, que yo no puse en duda, para después preguntarme si no era preferible que personas competentes liderasen las carteras ministeriales de mayor relevancia y así “controlar” a los extremistas. La respuesta pudiera parecer obvia. Sin embargo, mi contestación sorprendió cuando expuse que lo veía exactamente al revés, es decir, el hecho de que personas capaces, y perfectamente conocedoras de lo que supondría para el país la consecución de los objetivos políticos de Podemos, ERC, Bildu y demás socios del actual Ejecutivo, aceptasen integrar el Gobierno, me hacía sospechar que estas personas, otrora defensoras del orden constitucional, se habían cambiado de bando. No quise entrar en las razones personales que pudieran haber provocado semejante metamorfosis, aunque advertí que quizá el único fin fue siempre mantenerse en el poder y que ahora, simplemente, se trataba de utilizar otros medios para perpetuarse en él.

En la actualidad, las democracias liberales se convierten en autocracias no tanto con golpes de estado violentos, sino mediante la utilización espuria de las instituciones y su transformación en órganos serviles al Gobierno, único poder verdadero. Para lograr este fin, además de copar las instituciones con personas afines, dispuestas a aplicar el rodillo partidista, se suele utilizar una estrategia de intoxicación de la opinión pública repleta de cinismo y provocación. Esta es la hoja de ruta que el Vicepresidente Segundo no ha escondido nunca, e incluso ayudó activamente a implantar en países iberoamericanos, encontrando ahora en Sánchez a su mejor aliado. Y, bien sea por convicción o por la debilidad que supone la necesidad de aferrarse al cargo, ambos tienen en cada uno de los miembros del Gobierno a fieles lacayos en la estrategia de demolición del Estado de Derecho.

Ante la afrenta que estamos sufriendo, atacando día sí y día también la esencia misma de nuestro sistema de derechos y libertades, los ciudadanos no debemos cejar en nuestro empeño reivindicativo y denunciar públicamente lo que está ocurriendo. Estamos viviendo un momento histórico y los que defendemos la vigencia de la Constitución debemos estar más unidos que nunca, pues de lo contrario, quizá cuando nos queramos dar cuenta, nos han expropiado la casa que llevamos pagando treinta años. Eso, y mucho más, es lo que está en juego.