El afortunado rechazo a la reducción de jornada

El Gobierno, tras tener que retirar del último pleno del período de sesiones anterior la reducción de la jornada laboral, porque habría perdido la votación, la llevó la semana pasada y sufrió una clara derrota, que muestra que no tiene apoyos suficientes para gobernar, sólo para permanecer. Por supuesto, tratará de sacarla más adelante, pero este nuevo descarrilamiento de dicha propuesta da algo de oxígeno a las empresas para que no sufran el terrible incremento de costes que dicha medida acarrea, tal y como hemos explicado ya en anteriores ocasiones en estas páginas, que conviene recordar.

Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará caída de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su coste, que era la posición que el ministro Cuerpo defendía hasta que le debieron de obligar a claudicar.

Esta medida, ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción, se perderán puestos de trabajo. De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%.

Es, por tanto, una barbaridad económica querer aplicar esta medida, que sólo conduce al debilitamiento de su economía y del mercado laboral, a un empobrecimiento de la sociedad. La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno, que empeora con la subida del salario mínimo y la reducción de jornada: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países. Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Esos elementos podrían haber sido mejorados si el Gobierno, en lugar de aprobar la contrarreforma laboral, hubiese mejorado la reforma de 2012 flexibilizando más el mercado de trabajo y eliminando las rigideces mencionadas. Sin embargo, no lo hizo. Los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social muestran que el mercado laboral es mucho más frágil de lo que parece, con muchísimo empleo a tiempo parcial, pero no por deseo de los trabajadores.

Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.

Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo.

Ese aumento de productividad y competitividad no se consigue con más rigidez en el mercado de trabajo, ni con subidas salariales inflacionistas, ni trabajando menos en los bajos niveles de productividad actuales, ni incrementando el coste de las indemnizaciones por despido. Se conseguirá con la aplicación de reformas profundas que dinamicen el mercado laboral, que lo flexibilicen más, que contenga salarios y que ligue su evolución a la de la productividad, que no incremente el coste de las empresas, para que no contribuyan al alza de precios. El camino contrario al que quiere el Gobierno con esta medida que, de momento, no ha salido adelante, afortunadamente. Menos jornada terminará provocando menos productividad, pero, en cualquier caso, habrá menos producción, porque la mencionada productividad no mejorará, menos actividad y menos empleo; en suma, menos prosperidad, que perjudica a todos, especialmente a los trabajadores menos cualificados.