Sánchez permitió el recorte de 15.000 sanitarios en enero y 3.000 en febrero en plena alarma del coronavirus

Sanitarios
Varios sanitarios del Hospital Fundación Jiménez Díaz aplauden en apoyo a los profesionales fallecidos por coronavirus y sus familias durante la pandemia. (Foto: Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo el 3 de febrero que el sector sanitario español había despedido a 14.973 médicos, enfermeros y celadores durante el mes de enero. Y también el 3 de marzo que otros 3.347 habían ido a la calle durante el mes de febrero. La salida de todos estos profesionales sanitarios se produjo cuando los principales organismos internacionales advertían de la virulencia de la COVID-19. Sánchez optó por devaluar y ocultar esas alertas. Optó, igualmente, por no comunicar las alertas a los Gobiernos regionales, por no adelantar el mando único sanitario y por no dotar ninguna partida adicional desde el sistema de financiación autonómico para mantener esas plantillas de sanitarios. Lo siguiente fue el colapso de los hospitales.

La salida de estos profesionales hospitalarios sucedió mientras el Gobierno recibía las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la gravedad del coronavirus el 23 y 30 de enero, y en pleno desarrollo de las reuniones de la UE y de su agencia Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas inglesas) en febrero para alertar a todos los Estados miembros del peligro de la epidemia que avanzaba y que amenazaba ya con convertirse en pandemia.

Los datos de la Seguridad Social, recabados por el sindicato CSIF y relativos al sector de la Sanidad durante los últimos meses, han dejado evidencia de dos cifras de graves consecuencias: en enero, 14.973 sanitarios fueron a las listas del paro; en el mes de febrero el sistema sanitario despidió a 3.347 profesionales.

Unas decisiones que se cruzaban con el avance del coronavirus y con un grave problema adicional: porque el Gobierno central, que asistía a las reuniones del ECDC y que intercambiaba alertas con la OMS, callaba y no trasladaba a las comunidades autónomas la gravedad que estos organismos internacionales le comunicaban. Lo que habría implicado plantear un refuerzo sanitario.

El refuerzo llegó tarde

La decisión en marzo de contratar de urgencia 11.767 sanitarios llegaba ya tarde: en primer lugar porque no suplía los puestos perdidos previamente; en segundo lugar porque el gran atasco se consolidó en los hospitales en la segunda mitad de marzo; y en tercer lugar, porque el atasco hospitalario provocó en cascada el colapso de las residencias.

Para colmo, el parche financiero anunciado por el Estado para que las comunidades autónomas pudiesen hacer frente a los gastos sanitarios provocados por el coronavirus no se aprobó en Consejo de Ministros hasta el 16 de junio. En esa fecha, por fin, se anunció una ayuda global de 16.000 millones para las regiones, de los que 9.000 millones -de forma orientativa- deben ir destinados a Sanidad. Los pagos aún no se han saldado.

Las comunidades autónomas tienen controlado el nivel de gasto sanitario por el sistema de financiación autonómico y no pueden reducirlo por debajo de determinados niveles. Pero, además, el adelanto del estado de alarma y el mando único sanitario, así como de la publicación de las alertas internacionales que llegaban a la oficina de Alertas que comanda Fernando Simón, hubiesen ayudado a evitar estos despidos y haber contado con un sistema sanitario blindado frente a lo ocurrido.

Más despidos en marzo y abril

Pedro Sánchez, además, ha asegurado que su “escudo social” protegería a todo el mundo. Y lo cierto es que no protege ni a los empleados públicos. Adicionalmente a los datos expuestos, la Sanidad se ha deshecho ya de la mitad de los contratados durante marzo y abril ante la imposibilidad económica de mantenerlos en las plantillas públicas.

Los despidos corren a cargo de las autonomías -que es la Administración directamente competente-, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno aseguró que evitaría cualquier impacto en la sanidad pública con el citado paquete de 16.000 millones de euros asignado a las autonomías. Y lo cierto es que, ni el dinero ha llegado en su totalidad, ni es suficiente, ni por lo más remoto, para apuntalar el sector en pleno rebrote.

Las cifras son rotundas: se han perdido 18.000 de los 35.000 contratos realizados en la sanidad pública durante los meses del estado de alarma. Algunos de ellos podrían ser innecesarios en estos momentos a causa de la bajada de intensidad del coronavirus, pero no se pueden justificar los 18.000 despidos por varios motivos: el primero, que estamos en fase de rebrote de la enfermedad. El segundo que, según la versión del PSOE, había habido recortes durante la etapa de Gobierno del PP, por lo que, si los sociocomunistas hubiesen queridos ser coherentes, deberían haber aprovechado esta ocasión para incrementar las plantillas con los incorporados y experimentados en el tratamiento de la COVID-19. Y tercero, porque ningún científico descarta el riesgo de una nueva pandemia a la vuelta del verano.

Para colmo, el propio Gobierno ha reconocido la escasez de medios en un documento recién firmado y publicado por OKDIARIO en el que establecía hace una semana el concepto de “paciente preferente”. Y ese tipo de paciente, según el Ministerio de Sanidad, debe tener prioridad en los distintos tratamientos en la medida en la que estén saturado los hospitales. Por lo tanto, el Gobierno de Sánchez e Iglesias admite que los centros hospitalarios están aún desbordados en muchas de sus tareas.

El sindicato CSIF ha exigido ya las convocatorias de empleo paralizadas y un refuerzo estructural de las plantillas: “La Sanidad ha perdido un total de 18.067 empleos durante los meses de mayo y junio, lo que supone algo más de la mitad de las 34.995 contrataciones que se realizaron durante la crisis por el COVID en marzo y abril, según un análisis realizado por CSIF a partir de los datos de la Seguridad Social”, destaca el sindicato.

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