La UCO acorrala a un secretario de Estado de Sánchez por fraccionar 384.000 € en contratos de obras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre David Lucas Parrón, actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, por su posible implicación en un caso de fraccionamiento de contratos durante su etapa como alcalde de Móstoles, por el PSOE, entre 2015 y 2018. Según el informe policial al que ha tenido acceso OKDIARIO, la UCO ha detectado un patrón sistemático de fraccionamiento de contratos públicos durante su mandato, afectando principalmente a obras en colegios públicos y servicios de comunicación.

En el verano de 2016, el Consistorio aprobó ocho contratos menores para reformas en colegios públicos de la localidad por un valor total de 384.956,82 euros, adjudicados a cinco empresas diferentes. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha concluido que se produjo un «fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación».

El informe de la UCO revela que estas adjudicaciones fueron formalizadas por Jessica Antolín, entonces teniente de alcalde, mediante un decreto por el que avocó competencias que hasta ese momento correspondían al concejal de Hacienda. Además, el interventor general del Ayuntamiento ya advirtió en su momento sobre estas presuntas irregularidades: «El procedimiento tramitado para la contratación de las obras no ha sido el correcto».

Ninguno de los expedientes de contratación relacionados con estas obras incluía un presupuesto de obras, documento que era preceptivo según la Ley de Contratos del Sector Público. Las facturas de las obras en los colegios tuvieron que pagarse mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, un mecanismo excepcional para gastos no debidamente adquiridos.

Otra sospecha de los investigadores es que Instalaciones y Reformas Julián Hidalgo SL recibió un contrato para reformar el CEIP Gabriel Celaya por 57.472 euros, a pesar de tener solo cuatro trabajadores en plantilla que supuestamente cobraron sólo 3.839 euros en todo el año. «Es por ello que existe la posibilidad de que esta empresa hubiese subcontratado los trabajos que se le adjudicaron a otra empresa», advierte la UCO.

Pagos cruzados

La investigación también ha detectado numerosas relaciones comerciales entre las empresas adjudicatarias. Especialmente llamativos son los pagos cruzados entre Constructora de Servicios Públicos SA y Unión Vialco SL, que superaron los 169.000 euros en dos años, mientras ambas competían por los mismos contratos públicos.

Otro de los focos de la investigación se centra en los contratos de comunicación y publicidad. Las sociedades vinculadas a dos empresarios fueron beneficiarias de más de cien contratos menores entre 2015 y 2019, por un valor global superior a los 560.000 euros. El informe señala que las empresas de uno de ellos recibió pagos del Ayuntamiento que representaban más del 80% de sus ingresos totales.

De hoteles con el empresario

La UCO también ha revelado posibles vínculos entre uno de esos empresarios y la ex alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, sucesora de David Lucas. Según el informe, ambos coincidieron alojados en al menos dos establecimientos hoteleros en 2019, lo que «podría poner de manifiesto el vínculo existente entre la primera edil del Ayuntamiento de Móstoles y uno de los empresarios que más habría resultado adjudicatario de contratos menores».

El caso incluye, además, adjudicaciones directas a personas físicas relacionadas con empresas beneficiarias. Dos trabajadores de la empresa Monsul Comunicación fueron contratados directamente por el Ayuntamiento para realizar servicios complementarios a los adjudicados a la propia Monsul. Esta práctica se repitió durante tres años consecutivos, con contratos de cuantía similar cada año.

El informe de la UCO también analiza los contratos de mantenimiento de la página web municipal, detectando un patrón similar. En 2017, se adjudicaron dos contratos menores a empresas diferentes por un valor total de 42.713 euros, cuando según la IGAE «el objeto del contrato es el mismo, es decir, la creación e implantación de la página web corporativa del Ayuntamiento de Móstoles».

Las investigaciones han revelado un complejo entramado de relaciones comerciales entre las empresas que concurrían a los procedimientos de contratación. En particular, el informe detalla pagos cuantiosos entre ARA Publicidad Sport, Monsul Comunicación, Clepsidra Comunicación y otras sociedades vinculadas a los adjudicatarios.

Otras de las irregularidades detectadas incluyen la adjudicación de numerosos contratos a la empresa Grupo 2Color Goherco SL, que entre 2016 y 2018 recibió al menos 158 contratos menores por valor de 98.566 euros, principalmente para trabajos de impresión. Precisamente un ex concejal del PSOE contrataba a esa empresa desde su negocio particular de impresión de documentos.

Múltiples delitos

El actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana abandonó la alcaldía de Móstoles en enero de 2018 para ocupar un puesto como senador, siendo sustituido por Noelia Posse. El informe policial señala que las prácticas irregulares de contratación continuaron tras su marcha.

Estas revelaciones se producen en medio de una investigación judicial en curso, tras la denuncia interpuesta por dos trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y amenazas.

Las pesquisas salpican directamente a altos cargos municipales del PSOE mostoleño. Entre ellos a la propia Noelia Posse, que sigue siendo concejal y líder de la oposición. A pesar del escándalo de los numerosos enchufes a familiares y amigos y el juicio pendiente en el que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación, Pedro Sánchez le ha dado dos besos en un mitin en febrero. El PSOE le abrió expediente de expulsión de militancia, pero quedó en nada.