Alcaldes madrileños alertan que el Gobierno desmantela cuarteles de la Guardia Civil: «Estamos indefensos»

Cerca de una decena de municipios madrileños denuncian que la Delegación del Gobierno está actuando «a conciencia» para desmantelar los cuarteles de la Guardia Civil. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que los casos más flagrantes son los de localidades más pequeñas, aunque matizan que eso no quita que afecte también a otras con una población mayor, incluso de cerca de 100.000 habitantes. Se enfrentan al mismo problema, según han podido constatar los alcaldes y concejales de Seguridad consultados, que se sienten «indefensos» y «sin apoyo».

Parecía que la presencia de la Guardia Civil en ciertas localidades de la Comunidad de Madrid no se podía ver más mermada, si se tiene en cuenta que algunas ni siquiera cuentan con cuartel propio, aunque en esos casos la Benemérita tiene presencia de otra forma: el cuartel de municipios vecinos les da servicio, de forma que los efectivos, en la práctica, se tienen que dividir. Una disminución a la que se suma el desmantelamiento denunciado.

A modo de ejemplo se cita el caso del cuartel de Griñón. Pese a sus pocos medios materiales y humanos, da cobertura a Serranillos, Casarrubuelos, Cubas y el mismo Griñón. Son cerca de 20 guardias civiles para 27.000 habitantes, lo que se traduce en una patrulla para cuatro pueblos, dado que cada día se deben hacer tres turnos, y hay que contar igualmente las vacaciones. En casi dos décadas, desde 2006 hasta ahora, el número de guardias civiles para la zona no ha variado, aunque la población sí que se ha incrementado.

Otro de los municipios, que prefiere que no se cite su nombre, cuenta con el servicio de 250 agentes de la Policía Nacional, mientras que un total de 100 guardias civiles son los que tienen que dar cobertura a dos localidades vecinas. El primero de ellos, el que cuenta con la Policía Nacional, tiene una población menor a la que suman las otras dos.

En cuanto a la voluntad de los agentes, los diferentes ediles subrayan que «la Guardia Civil sí que presta su apoyo de vez en cuando», aunque «no es una cuestión de que sean malos profesionales, sino de que no se les está dando medios desde la Delegación».

Es tanta la falta de información que ni siquiera facilitan los datos del número de efectivos. Y las infraestructuras no están en mejor estado. Mientras que hay cuarteles en un «estado lamentable» y que «dan vergüenza» y «se caen a trozos», otros que están «en condiciones fantásticas no tienen agentes».

Policía Local, otro problema

Al final, «la responsabilidad de la Delegación del Gobierno recae en los ayuntamientos, aunque tampoco se puede suplir con más presencia de Policía Local», sostienen, porque, por otro lado, este cuerpo tiene sus propios problemas. En este sentido, «aunque la competencia de Seguridad sea del Estado, los ayuntamientos tienen capacidad de contratación, así que lo que hace la delegación del Gobierno es ahorrarse el dinero para que lo asuma el ayuntamiento», declaran los perjudicados. Se sienten «atados de pies y manos».

En el caso de La Cabrera, sólo cuentan con 6 agentes de Policía Local, un número con el que no se puede cubrir un día completo (24 horas). Por este motivo, tienen que hacer malabares para dar cobertura a las horas que puedan resultar más conflictivas. ¿Qué ocurriría entonces si se producen tres robos a la vez? La respuesta es tajante: «Los operativos sólo llegarían a uno. No podrían intervenir en los otros dos». La falta de policías es algo que también «contemplan los vecinos», detallan.

Fuentes municipales explican que «los vecinos, cuando sufren un robo, culpan a los alcaldes y a la Policía Local, cuando las plazas de oposición y la tasa de reposición vienen impuestas por el Gobierno». La tasa de reposición es la destinada a cubrir las jubilaciones, empleos que no se pueden sacar a oposición hasta que las jubilaciones no se hagan efectivas. Esto implica que las vacantes no se pueden cubrir hasta dos años después, por los periodos del opositor, que tiene que prepararse las pruebas, pasar por la Academia y hacer las prácticas. Por tanto, la Policía Local estaría abocada, sí o sí, a sufrir el déficit de plantilla si ya presenta ese problema por jubilaciones.

La plaza de reposición plantea un inconveniente añadido, el de que únicamente se pueden convocar un máximo de 6 plazas por ley, aunque el Ayuntamiento en cuestión tenga capacidad económica para convocar más. En el caso de Griñón, en el que tenían 20 policías y ahora tienen 14, no pueden cubrir esas vacantes de quienes se han ido a las ciudades o a lugares con mejores condiciones porque «hay que generar tasa de reposición».

Tampoco se entiende que este requisito siga vigente. Se empezó a aplicar en 2012 por las altas deudas de los Ayuntamientos, pero ahora «carece de sentido porque todos estamos auditados», indican desde Griñón. En este consistorio tienen 4 millones de euros en tesorería y la deuda es de 1,3 millones (lejos de los 25 millones de 2011). Por tanto, la corporación se puede permitir económicamente convocar plazas, pero no puede sacarlas por las trabas burocráticas.

Todos los ediles coinciden en que lo ideal sería que cada ayuntamiento pueda gestionar sus recursos humanos, porque ya son «mayores de edad en ese tipo de gestiones» y son las corporaciones quienes verdaderamente «conocen sus necesidades». Lamentan, algunos de ellos, que el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha visitado las zonas para «hacerse la foto».