El sirio del ‘caso Zaplana’ amplió el capital de una sociedad en medio millón cuando estaba en la ruina
Los movimientos del empresario se pasaron por alto por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia
La juez del 'caso Erial' procesa a Zaplana con más de 30 pruebas inexistentes y sin documentar en el sumario
La juez y el fiscal reprobados por el Constitucional negaron hasta cinco veces la libertad de Zaplana
Imad Al Naddaf Yalouk, el testigo que propició el encarcelamiento de Eduardo Zaplana en junio de 2018, realizó una ampliación de capital de 450.000 euros en una de sus sociedades en enero de 2021, cuando estaba arruinado y todas sus empresas estaban en quiebra. El empresario hispano-sirio, que reside en Valencia desde la década de los 80, aumentó el capital de la sociedad Aman Group Investment and Projects hasta los 450.000 euros, incrementando en un 500% el desembolso accionarial, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 2 de febrero de 2021.
La inyección económica a la nueva sociedad del testigo clave de la causa Erial tampoco sirvió para levantar el holding de Imad Al Naddaf, que siguió presentando números rojos en todas sus empresas. Aman Group Investment and Projects, que había sido constituida el 2 de marzo de 2020, tenía como objeto social «las actividades de promoción inmobiliaria de terrenos y edificaciones, así como el alquiler y la compraventa de bienes inmuebles y maquinaria industrial y vehículos». Resultaba sorprendente que algún socio aportara tal cantidad para la ampliación accionarial por los antecedentes empresariales, siempre culminados con la bancarrota. La inversión de 450.000 euros tampoco se reflejó en los logros empresariales del sirio.
A pesar de un cambio tan brusco en el estado de las inversiones financieras de Al Naddaf, que coincidía con la instrucción del sumario del caso Zaplana, ni la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se molestaron en investigar los movimientos del empresario. En un caso tan mediático y conflictivo, nadie se preocupó por conocer la procedencia de ese dinero por si guardaba alguna relación con la estrambótica declaración del sirio. Sobre todo, porque el empresario figuraba en el registro como socio y administrador único de la sociedad.
Los antecedentes de Al Naddaf como hombre de negocios tampoco suponían un reclamo para que alguien inyectara tal cantidad de dinero. Con anterioridad a la ampliación de capital, Al Naddaf había constituido en mayo de 2020 otra sociedad, Nafis Salud y Bienestar, ligada a Aman Group con el mismo domicilio social en la plaza de Tetuán, que así mismo comparte con su residencia familiar. Su objeto social era «la fabricación, intermediación y comercio al por menor y al por mayor de material, maquinaria industrial, instrumentos, equipos, suministros y aparatos sanitarios y médicos».
Ninguna de ellas logró levantar vuelo. Como sucedió con sus anteriores negocios: en octubre de 2014 había fundado con el empresario Pedro José Costa Martínez la sociedad Marmoline Designs con un capital de 118.000 euros. La sociedad, que se halla inactiva por deudas ante la Agencia Tributaria, no presentó las cuentas anuales durante tres ejercicios.
En junio de 2017, Al Naddaf constituyó la sociedad Afandi Delicias del Sultán con un capital social de 50.000 euros, propietaria en la plaza de la Ciudad de Brujas en Valencia, donde está ubicado el Mercado Central de los puestos 79 y contiguos. Sin embargo, según pudo comprobar OKDIARIO, la gestión está en manos de un ciudadano español que también vende productos españoles como vino, conservas y aceite. La sociedad sigue activa con una facturación anual de 109.000 euros.
Con anterioridad a este holding de sociedades ruinosas, fundó una serie de empresas relacionadas con la cerámica y el alquiler y venta de inmuebles: en abril de 1992, Princer (que llegó a acumular más de 20 incidencias con Hacienda y que sólo presentó las cuentas de un único ejercicio en ese mismo año); en 2002, la inmobiliaria Elif A.H. Group (con ocho incidencias de Hacienda y de la que nunca presentó cuentas anuales) y, en 2003, Al Imad Export Import. Todas ellas, en las que Al Naddaf figuraba como su administrador único, estaban domiciliadas en Valencia o Castellón y su actividad comercial cesó con una solvencia económica mínima.
El testigo sirio y el yihadismo
El testigo, que propició el ingreso en prisión del ex presidente de la Generalitat, así mismo vivió en 2006 una aventura internacional como el primer director de Europe Trust, una sociedad que los servicios de información europeos situaron dentro del entramado de organizaciones islamistas radicales.
Al Naddaf, nacido en la ciudad siria de Homs, obtuvo ese cargo gracias a su vinculación con el Consejo Nacional Sirio con sede en Estambul (Turquía) y de los Hermanos Musulmanes, una asociación islamista que estuvo vinculada a la red terrorista Al Qaeda, considerada grupo terrorista en Rusia y Egipto. El sirio fue sometido a una investigación en 2018 por sus conexiones con una serie de islamistas, que utilizaban las empresas como tapadera para sus acciones yihadistas.
El hispano-sirio fue director de Europe Trust, que tiene su sede en Londres, desde junio de 2006 a septiembre de 2014, mientras seguía siendo el hombre fuerte del Consejo Islámico Valenciano, del que fue uno de sus fundadores en 2005.
No obstante, fuentes policiales, que ya han sido recogidas por otros medios de información, han subrayado que Al Naddaf ha mantenido en los últimos años unas excelentes relaciones con los servicios secretos de la Guardia Civil y de la Policía.
El ex comisario José Villarejo manifestó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la comisión Kitchen que los Gobiernos socialistas para los que trabajó durante años espiaron a altos cargos del Partido Popular, entre quienes se encontraban José María Aznar y Eduardo Zaplana. Y añadió: «Había también un interés, no sé por qué, por destruir al señor Zaplana y se utilizó a un informador sirio, que era confidente del CNI».
Villarejo, siempre bien informado de las informaciones procedentes de la Seguridad del Estado y del espionaje español, se refería a Imad Al Naddaf, el mismo que había sido utilizado por la UCO para acusar a Zaplana. Pero tanto la juez del caso Erial como el fiscal Ponce -respaldados por la Audiencia Provincial de Valencia- se opusieron a que Villarejo declarara en la causa.
Según las mismas fuentes policiales, el empresario sirio pasaba más tiempo en la Delegación del Gobierno en Valencia que gestionando sus empresas.
Con esos antecedentes, el empresario Imad Al Naddaf se convirtió en una pesadilla para Eduardo Zaplana, a quien no conocía ni nunca se había cruzado con él, aunque sus asociaciones sí habían percibido subvenciones del Gobierno valenciano. Su declaración rocambolesca ante la UCO, que luego ha negado en privado a personas de su entorno, fue utilizada por la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola y el fiscal anticorrupción Ponce, para meter en la cárcel al ex ministro de Aznar.
Una prueba estrambótica
Los hechos que provocaron la caída de Zaplana se produjeron como se narran seguidamente: el empresario sirio alquiló en 2008 a un notario una vivienda en la plaza Legión Española de Valencia. Un año después, según su testimonio, encontró un sobre blanco en un lateral de una caja fuerte, que contenía en su interior unos folios con tachaduras. Según el sirio, los documentos pertenecían a Eduardo Zaplana, que había ocupado esa vivienda hasta el 2002. Incluso, el ex presidente había vendido el piso a un propietario anterior al notario.
A continuación, el sirio Al Naddaf mantuvo un encuentro con el empresario valenciano Marcos Benavent, conocido como el Yonqui del dinero, a quien le entregó los documentos. Benavent le comentó que el fiscal anticorrupción Ponce y la UCO de la Guardia Civil iban tras esos papeles y que, más tarde o más temprano, le iban a llamar.
Finalmente, los supuestos papeles aparecieron en mayo de 2015 en el despacho del abogado de Benavent, que acordó un registro con la Fiscalía Anticorrupción para hacerse con su control, según ha denunciado judicialmente el propio Yonqui del dinero. Pero el documento encontrado, supuestamente, por el sirio no se incorporó en las diligencias previas hasta 163 días después.
La UCO realizaba una investigación secreta contra Zaplana desde 2015 por un supuesto cobro de comisiones en los contratos públicos de las ITV valencianas y el Plan Eólico y aquellos documentos, en los que no figuraba ninguna mención sobre el ex presidente autonómico, fueron utilizados para su detención y encarcelación. La juez Rodríguez Guerola los calificó como «la hoja de ruta» del proceso, aunque tiempo después, cuando redactó el auto de procesamiento, perdió el rumbo y se olvidó de su importancia. En los 41 folios que redactó la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia no figuraba ninguna mención hacia los dos testigos estrella del procedimiento: el sirio Imad Al Naddaf y el empresario Marcos Benavent. Incluso se negó de manera reiterativa a que declararan en el sumario a petición del letrado Daniel Campos.
Aún así, la juez escribía sobre Zaplana: «Adjudicándose el Lote 10 de ITRV de Castellón, Villarreal y Vinaroz, por un precio que en la actualidad sería 5.823.318,12 en el año 2002, vendiéndose en el año 2004 por 43.000.000 euros. Estando reflejado en el documento encontrado en la vivienda que fuera de Eduardo Zaplana».
Los testimonios del sirio Imad Al Naddaf Yalouk y del empresario Marcos Benavent, que sirvieron a la juez para encarcelar a Zaplana en el caso Erial, desaparecían, así mismo, de manera asombrosa del texto del auto judicial. Después de una instrucción de más de siete años, la titular del Juzgado los consideraba irrelevantes. Eduardo Zaplana era procesado por los delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho, entre otros.
Los fantasmagóricos papeles del sirio y la rocambolesca operación para que los documentos recalaran en unas diligencias secretas llevaron al ex presidente autonómico a prisión. Ese apartado de la investigación, sin duda alguna, va a convertirse en una de las pruebas capitales del juicio que se celebrará en enero de 2024.