Pujol jr. usó su amistad con Vilarrubí para intentar especular con terrenos de Telefónica y su filial Sintel

Jordi Pujol Ferrusola se sirvió de su amistad con el actual vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí para intentar especular con terrenos de Telefónica y con su filial Sintel, según se desprende de varios documentos elaborados en 1998 por el hijo mayor del clan Pujol.

En virtud del llamado Pacto del Majestic que facilitó la investidura de Aznar en 1996, Convergencia logró colocar a Carles Vilarrubí como miembro del consejo de administración de Telefónica. Jordi Pujol jr. quiso aprovechar este momento dulce en las relaciones entre el PP y CDC para intentar hacer negocios a la sombra del Gobierno de Aznar y de las grandes empresas públicas, como Telefónica, que estaban en proceso de privatización.

El pendrive que la Policía Nacional ha entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata incluye numerosos documentos procedentes del despacho que Pujol Ferrusola y Jordi Puig (hermano del ex conseller de la Generalitat Felip Puig) compartían en la calle Ganduxer de Barcelona.

Un memorándum que data de marzo de 1998 refleja la gran diversidad de negocios que ambos socios estaban intentando cerrar en países como Jordania, Uganda («vehículos, agua, hospital, planta de leche, Ministerio de Defensa») o la República Dominicana.

El saqueo de La Seda de Barcelona

El mismo documento incluye una escueta anotación en catalán: «Terrenos Telefónica – Gestión M.M.». Carles Vilarrubí (quien había actuado como chófer del patriarca Jordi Pujol Soley en la campaña electoral de 1980) acababa de ocupar su puesto en el consejo de administración de Telefónica. Todo parece indicar que la anotación se refiere a un pelotazo urbanístico que el primogénito de los Pujol pretendía dar con terrenos propiedad de Telefónica, gracias a la mediación de Vilarrubí.

Tan sólo dos líneas más abajo aparece anotado: «Fondo de Inversión – Seda BCN. Reunión 20.5.98?». Entre 1994 y 1995, Carles Vilarrubí y Artur Mas habían sido miembros del consejo de administración de La Seda de Barcelona, presidida en aquel momento por el convergente Rafael Español.

Este último colocó a Jordi Pujol Ferrusola como consejero de una de las filiales de La Seda, Hispano Química. Finalmente, su padrino Rafael Español ha sido condenado a dos años de cárcel por el desfalco millonario de La Seda. En cuanto a Carles Vilarrubí, que actualmente es  vicepresidente de la Banca Rothschild en España, está imputado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional tras reconocer que pagó una comisión a Jordi Pujol jr.

El pendrive que tiene sobre la mesa el juez De la Mata contiene otro memorándum elaborado el 25 de marzo de 1998 por Pujol Ferrusola y Jordi Puig. Uno de los apartados titulado «Sintel» sugiere que ambos socios también intentaron hacer negocios con esta filial del grupo Telefónica. Sintel llegó a facturar más de 330 millones de euros anuales, pero tras ser privatizada quebró en 2001 dejando en la calle a más de 900 empleados.

Sumarroca y las mordidas del 3%

Bajo el epígrafe «Sintel», el documento indica: «He hablado con Xavi para aclarar algunos datos del grupo AG, me comenta que no irán a la privatización de la CTGC, ni solos ni con otro grupo (lo veo difícil). Lluís Coll me confirma que tienen mucho interés en los dos paquetes (Truncking y Telefonía)».

Las siglas CTGC corresponden al Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña, cuyo servicio de mantenimiento ha sido subcontratado durante años a Telefónica. En cuanto a Lluís Coll, fue uno de los fundadores del grupo de ingeniería Emte junto a Jaume Rosell (padre del expresidente del Barça Sandro Rosell) y a Carles Sumarroca, otro de los empresarios imputados por la financiación ilegal del 3% a Convergència (ahora PDeCAT).

Tan sólo entre 2004 y 2005, Jordi Pujol Ferrusola cobró del grupo Emte 278.000 euros en concepto de supuestas «asesorías». El juez De la Mata sospecha que en realidad se trataba de comisiones ilegales pagadas por Sumarroca.

Por otro lado, Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos Josep, Pere y Oleguer dieron un pelotazo de 2,3 millones de euros al vender las acciones del grupo General Lab que Carles Sumarroca les había vendido por tan sólo 42.000 euros, muy por debajo de su valor real. También en este caso, el juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía sospechan que la operaciones sirvió para encubrir el pago de comisiones ilegales a la familia Pujol.

La mujer de Carles Sumarroca, Nuria Claverol, fue además la socia de Marta Ferrusola en la floristería Hidroplant, que recibió numerosos contratos de la Generalitat.