Mercasa sobornó al Tribunal de Cuentas de Angola para evitar ser investigada por corrupción

La empresa pública Mercasa, que depende del Ministerio de Agricultura y la SEPI, no sólo sobornó a ministros y altos funcionarios del Gobierno de Angola para obtener un contrato de 533 millones de euros para la construcción de un gran mercado de abastos en Luanda.

A través del Consorcio Mercasa Incatema (CMI), la empresa pública también destinó más de 2 millones de dólares al pago de  sobornos a funcionarios del Tribunal de Cuentas de Angola, para evitar ser investigada por corrupción en aquel país.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera probado este hecho en el auto dictado el pasado día 25, en el que envía a juicio a 20 personas, por desviar cerca de 20 millones de euros al pago de comisiones ilegales en Angola.

Entre los imputados se encuentran los ex presidentes de Mercasa Miguel Ramírez y Eduardo Ameijide, Álvaro Curiel (que sigue ocupando cargos directivos en Mercamadrid) y los abogados del Estado María Jesús Prieto y Arturo Cortés de la Cruz, que se turnaron en la presidencia del Consorcio Mercasa Incatema (CMI).

Un contrato de más de 500 millones

Mercasa comenzó a sufrir retrasos y dificultades, a partir de 2009, para cobrar del Gobierno de Angola los más de 500 millones de euros del contrato de construcción del mercado de Luanda.

El entonces director del Consorcio en Angola, Armando Andrade, informó a Álvaro Curiel el 7 de septiembre de 2010 de que estos retrasos se debían a que la Procuradoría General de la República había abierto una investigación criminal, por los presuntos delitos de «malversación, gestión dañosa y corrupción», a varios altos cargos del Gobierno que habían participado en la adjudicación de este contrato. Entre ellos, el ex vice ministro de Finanzas, Manuel Da Cruz Neto.

En su mensaje, Andrade culpaba de esta situación al comisionista portugúes Guilherme Taveira Pinto, por cuyas sociedades se desviaron al menos 17,5 millones de euros para sobornar a miembros del Gobierno de José Eduardo Dos Santos. Andrade fue finalmente despedido por denunciar los manejos Taveira.

El entonces presidente de Mercasa, Ignacio Cruz Roche, pidió al director general de Comercio del Gobierno de Zapatero, José Carlos García de Quevedo, que mediara ante el Gobierno de Angola para intentar resolver esta situación.

Por su parte, Álvaro Curiel, Javier Pardo de Santayana (responsable de Incatema) y el comisionista Taveira celebraron una reunión en Ginebra (Suiza) el 14 de diciembre de 2011 con la ministra de Comercio de Angola, María Idalina de Oliveira Valente, para intentar desbloquear los pagos.

Al final, el problema se resolvió sobornando a más funcionarios, a través de las distintas sociedades creadas por el comisionista Taveira, que mantenía excelentes relaciones con varios ministros del Gobierno de Eduardo Dos Santos.

El hijo de Taveira remitió el 15 de febrero de 2016 por email a Pardo de Santayana una hoja de cálculo con el reparto de comisiones ilegales que debía realizarse para desbloquear los pagos. Este documento incluye un pago de 2.050.000 dólares (cerca de dos millones de euros) a miembros del Tribunal de Cuentas de Angola, con el fin de que cerraran la investigación por corrupción.

El juez instructor José de la Mata ha encontrado numerosas evidencias de que, efectivamente, se realizó este pago. Así se desprende de una conversación interceptada por la Policía el 24 de noviembre de 2016 entre Ignacio González (ex presidente de la Comunidad de Madrid) y su hermano Pablo en su despacho de la calle Alcalá, 89.

En esta conversación, Pablo González se muestra convencido de que Taveira sigue cobrando «bajo cuerda» comisiones de Mercasa porque es su «conseguidor» en Angola. Y añade que el entonces presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, le ha comunicado que hay que hinchar las facturas del proyecto de Luanda para «pagar al Tribunal de Cuentas» de aquel país.

En otro pinchazo realizado por la Policía el 18 de diciembre de 2016, Pablo González relata a Luis Hermosilla (entonces director adjunto de Mercasa) una conversación que ha tenido con Ameijide: «Y le digo, pero vamos a ver Eduardo, y tú este dinero para qué crees que ha sido, es con el que se han pagado las comisiones y le digo claro, no sólo en un sentido, en todos los sentidos”.

El juez instructor señala en su auto que el ex presidente de Mercasa y del Consorcio Miguel Ramírez «participó directamente en el soborno y pago ilícito al propio Tribunal de Cuentas, firmando la orden de transferencia a favor de Soter [una de las sociedades de Taveira], que estaba destinada, bajo otra serie de documentos, facturas y conceptos falsos, a pagar ilícitamente al Tribunal de Cuentas de Angola».

El juez José de la Mata estima que el Consorcio Mercasa Incatema (CMI) desvió al menos 17,5 millones de euros al pago de comisiones ilegales en Angola. Del volumen total de los contratos adjudicados, Incatema se quedaba una comisión del 2% (que en ocasiones era abonada a través de una sociedad de las Antillas Holandesas), Taveira se quedaba el 1,5% y otro 6,5% se destinó a sobornar a autoridades locales, a través de las sociedades de Taveria (Sonadi, Soter y Metab).

Durante el registro de la vivienda de Taveira en Portugal, la Policía halló otra hoja de cálculo fechada en 2007 en la que se establecía el reparto de comisiones a políticos y funcionarios de Angola (identificados con iniciales o acrónimos).

La Fundación del presidente Dos Santos

Este documento menciona un pago de 320.000 dólares para el entonces ministro de Finanzas José Pedro de Morais, 200.000 dólares para el viceministro de Comercio Manuel Da Cruz Neto, 150.000 dólares para Augusto Archer Mangueira (asesor económico del primer ministro del país), idéntica cantidad para Antonio Gomes Furtado (asesor económico del presidente), 100.000 dólares para el director nacional de Comercio Gomes Cardoso y 50.000 dólares para Videira Pedro (asesor económico del Ministerio de Comercio).

La Policía intervino otro archivo encriptado, en el que Taveira daba instrucciones para transferir 100.000 euros, a través del Banco Comercial Portugués, al Fondo de Investimento Inmobiliario Fechado Fundor. El beneficiario de este fondo era otro alto cargo del Ministerio de Comercio de Angola, Pedro Leitao. Según otro email intervenido, también se destinaron pagos a la Fundación FESA vinculada al propio presidente de Angola, Eduardo dos Santos.

En su auto dictado el pasado día 25, el juez José de la Mata imputa a los 20 procesados los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y corrupción en transacciones económicas internacionales.