El juicio del 1-O obliga a aplazar la vista contra altos cargos del «CNI catalán» procesados por espiar emails

La vista oral contra dos altos cargos de la Agencia de Ciberseguridad de la Generalitat (Cesicat) procesados por espiar correos electrónicos ha quedado aplazada hasta enero de 2020, debido a que la letrada de uno de ellos, Judit Gené, ejerce actualmente la defensa de la ex consellera de Gobernación Meritxell Borràs en el juicio del 1-O que está celebrando el Tribunal Supremo.

Judit Gené es miembro del despacho de abogados Melero & Gené Advocats, cuyo titular, Xavier Melero, ejerce la defensa del ex conseller de Interior Joaquim Forn, quien también se sienta en el banquillo del Supremo como responsable político de los Mossos d’Esquadra.

La Audiencia Provincial de Barcelona había fijado para los próximos días 6 al 8 de mayo el juicio contra el ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich y el director de Seguridad del Cesicat, Xavier Panadero, por espiar correos electrónicos dirigidos al ex presidente Artur Mas, los ex consellers Ramón Espadaler y Felip Puig, y Oriol Pujol Ferrusola (que era el secreteario general de Convergència cuando ocurrieron los hechos).

Sin embargo, la Audiencia Provincial se ha visto obligada a aplazar la vista oral hasta principios de 2020, debido a que la abogada de Xavier Panadero, Judit Gené, participa en el juicio del 1-O en el Supremo, que previsiblemente se prolongará hasta el próximo mes de junio.

La Generalitat paga su defensa

Fuentes oficiales de la Generalitat han confirmado que el Ejecutivo catalán ha asumido los gastos de defensa de Panadero con dinero público, «dado que responden a actuaciones vinculadas a la actividad profesional que desarrolla como trabajador del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), de acuerdo con los requisitos de la normativa vigente».

En concreto, el artículo 9 de la ley 7/1996 de “organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya” establece que el Ejecutivo autonómico puede pagar la defensa de los miembros del Govern, de altos cargos y de funcionarios “por actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo que no puedan constituir delitos contra la administración pública tipificados en el título XIX del libro II del Código Penal”.»

Algo cuya aplicación resulta dudosa en este caso, dado que Carles Flamerich y Xavier Panadero están imputados por violar el secreto de las comunicaciones del propio sistema de correo electrónico de la Generalitat. Es decir, los hechos que se les imputan constituirían un delito contra la propia Administración autonómica. Algo que implica que la Generalitat no puede pagar sus gastos de defensa.

La investigación judicial se inició en 2013, cuando un colaborador externo del Cesicat, Albert Gabàs, denunció que varios correos electrónicos que había dirigido a los consellers Felip Puig y Ramon Espadaler acabaron en el buzón de los dos altos cargos de la empresa pública de la Generalitat hoy imputados: Carles Flamerich y Xavier Panadero.

El fiscal pide cuatro años de cárcel

En estos mensajes interceptados, Gabàs había denunciado ante los consellers de Empresa e Interior prácticas irregulares en las contrataciones que realizaba el Cesicat. Como ha informado OKDIARIO, Carles Flamerich hizo llegar uno de estos mensajes al entonces jefe de la Comisaría de Información de los Mossos d’Esquadra, el comisario Manel Castellví, quien dio instrucciones para investigar al entorno de Albert Gabàs.

Es decir, en lugar de investigar las prácticas corruptas que había denunciado Gabàs, el comisario de Información de los Mossos dio instrucciones para investigar al propio colaborador del Cesicat que había puesto en conocimiento de dos consellers dichas prácticas.

En esta misma cadena de correos electrónicos, que ha desvelado OKDIARIO, Carles Flamerich dio instrucciones para desviar a su propio buzón y al de Panadero todos los emails dirigidos por Albert Gabàs. Al hacer, los dos responsables del Cesicat incurrieron en un presunto delito de revelación de secretos, según la instrucción de la causa dirigida por el Juzgado número 13 de Barcelona.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de cuatro años de cárcel, mientras que la acusación particular eleva esta petición de pena hasta los cinco años de prisión.