La juez llama a declarar a Miguelín para que aclare por qué pagó las cuotas de 491 afiliados del PP

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander ha acordado citar a declarar como testigo a Miguelín, el discapacitado psíquico cuya cuenta corriente fue utilizada para pagar las cuotas de 491 afiliados del PP de Cantabria, con el fin de que pudieran votar en el Congreso regional del partido.

OKDIARIO ha publicado esta semana sendos vídeos en los que Miguelín explica que el Servicio Cántabro de Salud le ha diagnosticado «retraso mental ligero», tiene reconocida una discapacidad física y psíquica del 95%, y cobra una pensión no contributiva por ello.

Este jueves se ha celebrado en Santander la audiencia previa por la demanda civil en la que un grupo de militantes del PP solicitan que sea anulado el congreso regional del partido celebrado el pasado 25 de marzo, debido a las irregularidades detectadas en su organización.

A propuesta de los demandantes, la magistrada Eva Aja Lavín ha acordado tomar declaración como testigo a Miguelín, para que explique quién utilizó su cuenta corriente para realizar 491 transferencias, destinadas a pagar las cuotas de otros tantos afiliados del PP, y quién le ingresó los 8.852 euros necesarios para realizar estas operaciones.

La juez pide información al banco

En uno de los vídeos publicados por OKDIARIO, Miguelín explica que vive de una modesta pensión no contributiva de apenas 750 euros al mes (por orfandad y por la discapacidad del 95% que tiene reconocida), por lo que resulta muy improbable que dispusiera de este dinero para realizar las transferencias.

La juez también ha acordado solicitar al Banco de Santander que acredite la identidad de la persona que ingresó los casi 9.000 euros en la cuenta de Miguelín y facilite los datos de las 491 transferencias. La entidad bancaria también deberá facilitar a la juez la dirección IP de los ordenadores desde los que se realizaron estas operaciones, en el caso de que fueran efectuadas a través de Internet.

Los impulsores de la demanda sostienen que miembros de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga utilizaron la cuenta de Miguelín (quien como discapacitado psíquico requiere una especial tutela judicial) para que pudieran votar en la elección de compromisarios 491 afiliados de toda la provincia que no estaba al corriente de las cuotas.

Esta maniobra habría tenido éxito, ya que finalmente Sáenz de Buruaga se convirtió en la nueva presidenta del PP de Cantabria, al obtener tan sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente autonómico Nacho Diego. De hecho, Miguelín era compromisario de la candidatura de Sáenz de Buruaga, pero finalmente no acudió a votar al congreso después de que estallara el escándalo del pago masivo de las cuotas de militantes.

Declarará tutelado por el PP

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander también ha acordado investigar si quienes realizaron las transferencias a través de la cuenta de Miguelín manejaron de forma irregular el censo de militantes del PP, vulnerando así la Ley de Protección de Datos. La fecha del juicio para resolver esta demanda civil ha sido fijada para el próximo 15 de mayo.

Después de que OKDIARIO informara de estos hechos, la dirección del PP de Cantabria difundió un comunicado en el que aseguraba que el «pago masivo» de las cuotas de militantes es una práctica habitual en todos los congresos del partido y negaba que Miguelín sufra cualquier tipo de «discapacidad psíquica».

Sin embargo, OKDIARIO ha podido comprobar que, ya en 1999, el Servicio Cántabro de Salud diagnosticó a Miguelín «retraso mental ligero», lo que supone un cociente intelectual de entre 55 y 70: es decir, el equivalente a la edad mental de un niño de 12 años. Por tanto, la dirección del PP mintió en el comunicado emitido el pasado mes de mayo.

El PP también anunció que pondrá sus servicios jurídicos a disposición de Miguelín para protegerle legalmente. Es decir: el discapacitado utilizado para amañar el congreso regional del PP declarará ante la juez como testigo representado y tutelado por un abogado del PP.