El discapacitado utilizado para amañar el congreso del PP de Cantabria: “Tengo retraso mental severo”

Tengo retraso mental severo“. Lo dice con estas palabras el discapacitado cuya cuenta bancaria fue utilizada para pagar las cuotas de 491 militantes del PP, con el fin de que pudieran votar en el Congreso del PP de Cantabria celebrado el pasado 25 de marzo.

Esta maniobra fue decisiva para resolver el cónclave popular, ya que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta regional del partido al obtener sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente del Gobierno de Cantabria Nacho Diego.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander celebra el próximo jueves la audiencia previa del procedimiento abierto a raíz de dos demandas civiles, presentadas por afiliados del PP de Cantabria, en las que se solicita que se anule el congreso regional del partido debido a las irregularidades detectadas en su organización.

Entre otras cuestiones, los impulsores de ambas demandas alegan que miembros de la candidatura de Sáenz de Buruaga utilizaron la cuenta bancaria de un discapacitado psíquico, Miguel L.M., conocido en Laredo como Miguelín, para pagar las cuotas de 491 afiliados y garantizar así su voto.

Vive de una pensión y de la caridad

En el vídeo que hoy da a conocer OKDIARIO, el propio Miguelín reconoce que sufre una discapacidad psíquica. Por tanto, quienes utilizaron su cuenta bancaria se sirvieron de una persona que tenía sus capacidades mentales disminuidas, y que precisa una especial tutela de los tribunales, tal como alegan los impulsores de la demanda civil.

Miguelín explica que vive de una modesta pensión no contributiva que no alcanza los 800 euros al mes: 435 euros por orfandad y otros 367 euros porque tiene reconocida una discapacidad del 95%. Según especifica, su discapacidad consiste en la pérdida de visión en un ojo, una enfermedad del aparato respiratorio y retraso mental.

En un momento del vídeo asegura que tiene “retraso mental ligero” y luego (en una grabación tomada pocos días después) habla de “retraso mental severo”. Según ha podido constatar OKDIARIO, ya en 1999 el Servicio Cántabro de Salud certificó que Miguelín padece “retraso mental ligero”, lo que según la literatura científica supone un cociente intelectual de entre 55 y 70: el equivalente a un niño de doce años.

En la misma conversación, Miguelín explica que la pensión no contributiva que percibe no le permite cubrir sus necesidades básicas: “No me llega para pasar el mes, tengo que pagar el piso, teléfono, la comida… no me llega”. Como ha informado OKDIARIO, Miguelín tiene que recurrir con frecuencia a la ayuda económica de sus vecinos de Laredo.

Transfirieron casi 9.000€ desde su cuenta

Por tanto, parece muy improbable que dispusiera de los 8.852 euros empleados para pagar, desde su cuenta corriente, las cuotas de 491 militantes del PP que, en caso contrario, no habría podido ejercer su voto en el congreso regional del partido. En tan sólo dos días, desde su cuenta corriente se realizaron 491 transferencias de 18,03 euros (éste es el importe de la cuota anual del PP) para pagar las cuotas pendientes de otros tantos afiliados.

En la demanda civil que debe resolver ahora el Juzgado número 3 de Santander, se pone de relieve además que quien hizo estas transferencias utilizó indebidamente el censo de militantes del PP de Cantabria, lo que podría constituir una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

De acuerdo con la documentación a la que ha podido acceder OKDIARIO, Miguelín era uno de los compromisarios de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga. Sin embargo, después de que estallara el escándalo del pago masivo de las cuotas, finalmente no acudió a votar al congreso regional. En su lugar, el comité organizador presidido por la gerente del partido, Jesusa Sánchez Gómez, permitió que acudiera otro compromisario, vulnerando así los estatutos del PP.

A raíz de estos mismos hechos, tres afiliados y ex altos cargos del PP presentaron el pasado verano una querella contra la nueva presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la ex tesorera y actual secretaria general del partido, María José González Revuelta, y contra la gerente del partido Jesusa Sánchez Gómez. Sin embargo, esa querella ha quedado archivada.

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