El juez a los imputados del Canal: «¿Por qué compraron Inassa a través del país más peligroso del mundo, Panamá?»
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha comenzado a tomar declaración a los principales imputados del Canal de Isabel II por la compra de la sociedad colombiana Inassa, que costó cerca de 83 millones de euros. Los investigadores del caso Lezo sospechan que, de esta cantidad, cerca de 40 millones pudieron desviarse al pago de comisiones ilegales a través de Panamá y otros paraísos fiscales.
El ex consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo Poch declaró ante el juez el pasado día 10 y el actual presidente de Adif, Juan Bravo, lo hizo el pasado lunes. Este miércoles han comparecido ante el juez, en calidad de testigos, varios técnicos y asesores del Canal que participaron en el proceso de valoración de la filial colombiana.
A todos ellos, el magistrado les ha hecho una idéntica pregunta: «¿No le parece a usted raro que se comprara Inassa en un país tan peligroso como Panamá?». García Castejón no alude a la tasa de criminalidad del país centroamericano, sino a la opacidad de su sistema bancario que ha convertido a Panamá en uno de los paraísos fiscales más atractivos para ocultar las grandes fortunas.
«Un robo de 25 millones»
La compra de la filial Inassa se realizó a través de una sociedad interpuesta, la Sociedad de Aguas de América SA (SAA), con sede en Panamá. Este hecho se ocultó a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, que en su sesión del 14 de noviembre de 2001 aprobó la compra de la filial colombiana.
Es más, el expediente incluye varios informes externos de asesoría (como los de la firma Garrigues & Andersen y la Agregaduría Comercial de la Embajada de España en Colombia) que desaconsejaban expresamente realizar la compra a través de la sociedad panameña. Los hechos ocurrieron durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid.
Durante la investigación del caso Lezo, los agentes de la UCO grabaron una conversación en la cafetería de un conocido hotel de Madrid, durante la cual el ex presidente de INASSA Edmundo Rodríguez confesaba que la compra de esta filial colombiana había sido “un robo de 25 millones”.
Pagaron un elevado sobreprecio
Los investigadores sospechan que el desfalco pudo ser muy superior: estiman que Inassa valía realmente la décima parte de lo que pagó el Canal de Isabel II. La empresa había sido vendida en mayo de 2001 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros, al cambio de la época). Un año después, en febrero de 2002, el Canal de Isabel II pagó por ella 73 millones de dólares (83 millones de euros), como ha informado OKDIARIO.
El magistrado dictó el pasado 22 de diciembre el auto por el que cita a declarar a una veintena de imputados (el ex presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda lo hará el próximo lunes, día 22) y a otros tantos testigos.
En su auto, el magistrado señala a Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera Sánchez y Juan Pablo López Heras como las tres personas que negociaron la compra de Inassa, meses antes de que fuera aprobada por el consejo de administración del Canal.
La resolución del magistrado señala que «al menos desde el día 9 de mayo de 2001, ya se había iniciado por personal vinculado a CYII las gestiones necesarias para participar en este concurso, siendo Pablo López Heras quien, tras ser informado de la posibilidad de comprar Inassa por Fernando Troyano Lobaton (contratado en esa época por CYII como asesor de inversiones para la zona iberoamericana), ejecutó con Arturo Canalda y José Antonio de Cachavera» los contactos para llevar a cabo la compra.
No obstante, el juez Manuel García Castellón dictó el pasado 28 de diciembre un nuevo auto para rectificar un «error material» en el párrafo anterior, haciendo constar que Canalda no participó en esa primera fase de la negociación, pues su nombramiento como director gerente del Canal de Isabel II se produjo en septiembre de 2001.