Juan Carlos I pide ahora a la Corte de Londres que la denuncia por acoso de Corinna se juzgue en España

Los abogados de Juan Carlos I han cambiado nuevamente su línea de defensa y han presentado un recurso en la Corte de Londres para que el proceso judicial sobre la denuncia por acoso y difamación, presentada por su ex compañera sentimental Corinna Sayn-Wittgenstein, sea juzgado por los tribunales españoles. El ex monarca aduce que posee la nacionalidad española y que, si se llegó a cometer algún delito, se habría perpetrado fuera de Reino Unido.

Si en la fase anterior del proceso, los abogados del despacho Clifford Chance se esforzaron por demostrar al juez Matthew Nicklin que Juan Carlos I estaba respaldado por la inviolabilidad de sus actos constitucional -según el artículo 56.3 de la Constitución Española-, que le confería su rango de Rey y jefe de Estado en España, ahora el bufete de Velitor Law centra su defensa en la jurisdicción sobre el caso. Insisten en que Reino Unido no tiene autoridad legal para juzgar a Juan Carlos I por el acoso denunciado por Corinna Sayn-Wittgenstein.

Los abogados de Corinna, sin embargo, barajan pruebas suficientes para demostrar ante la Corte londinense que los hechos de la denuncia por acoso se produjeron en territorio británico. Para ello, documentarán la reunión que la princesa alemana mantuvo con Juan Carlos I y su testaferro suizo, Dante Canonica, en el hotel Connaught de Londres, el 16 de septiembre de 2014, y el encuentro del ex monarca con su amigo, el multimillonario José Fanjul, y con el testaferro mexicano Allan Sanginés-Krause, el 2 de noviembre del mismo año en el hotel Claridge de la capital británica.

En ambas reuniones hubo una confabulación para desacreditar la imagen de la empresaria alemana, según la denuncia. Días después, el 4 y 5 de noviembre, Corinna recibió sendos correos electrónicos de Fanjul, conocido como el rey del azúcar, para transmitirle mensajes de Juan Carlos I.

Así mismo, Corinna recibió una visita imprevista del ex monarca, en abril de 2019, en su domicilio de Eaton Square, después de que se difundieran las cintas de José Villarejo y estallara el escándalo de la investigación secreta del fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, sobre los fondos opacos del Rey emérito en cuentas suizas. En ese encuentro, la princesa alemana le preguntó por qué la había llamado «ladrona» en diversos círculos sociales, pero Juan Carlos I no le contestó. El ex monarca asistió acompañado por un miembro de los servicios secretos españoles.

Corinna también puede demostrar con las denuncias presentadas en Scotland Yard los seguimientos y el hostigamiento sufridos en Londres, según sus escritos, por agentes del espionaje español. En una ocasión, un desconocido disparó varios proyectiles a una ventana de su residencia de campo.

Objetivo: retrasar la causa

Los nuevos abogados de Juan Carlos I han alcanzado su cometido retrasando las vistas judiciales que estaban previstas para marzo y abril. Así mismo, los meses de mayo y junio iban a ser cruciales para ambas partes con varios señalamientos en los tribunales, pero los letrados del ex jefe del Estado han ganado unos meses más de demora: finalmente será el 18 de julio la fecha señala para que las partes defiendan ante la Corte de Apelaciones sus conclusiones finales.

Para fuentes judiciales británicas, consultadas por OKDIARIO, la intención final de Juan Carlos I no sólo pasa por el traslado de su causa a España sino también, mientras la Corte londinense decide los recursos, ganar tiempo a fin de resolver su situación legal y fiscal en Emiratos Árabes Unidos. Como ya publicó OKDIARIO hace meses, el Rey emérito, trasladando su domicilio fiscal a Abu Dabi, conseguía dos objetivos: eludir la obligación de declarar sus bienes en España y mantenerse alejado de los vaivenes del Ministerio Fiscal, sobre todo por si se producía nuevos afloramientos de su dinero oculto. Además, la residencia fija en la capital de Emiratos Árabes Unidos era la mejor coartada para justificar que carece de fondos propios y que en la actualidad vive a gastos pagados por sus anfitriones.

En la carta que Juan Carlos I remitió a su hijo el 7 de marzo de 2021 y que la Casa del Rey hizo pública, le informaba que pensaba fijar su residencia en Abu Dabi, pero que viajaría con frecuencia a España. El ex monarca, en ningún momento, insinuaba en la misiva su intención de fijar su domicilio en La Zarzuela. Todo lo contrario, reconocía: «Tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible». Tras la acumulación de escándalos fiscales, decidió fijar su domicilio en la capital emiratí.

Desde que Corinna denunció a Juan Carlos I por acoso, en diciembre de 2020, ante el Alto Tribunal de Justicia británico (High Court of Justice) la defensa de Juan Carlos I ha logrado ralentizar, paso a paso, proceso con diferentes cambios de versiones y de estrategias. El diseño jurídico le ha dado resultado porque el proceso, de dos años después, sigue empantanado. Primero, el Rey emérito alegó que nunca había recibido de forma legal la denuncia en su domicilio de Abu Dabi. Después, recurrió a la estratagema de su inviolabilidad constitucional, pero en marzo de 2022 el juez Matthew Nicklin se la retiró para que pudiera ser juzgado en la Corte londinense. Más tarde, otro tribunal, en diciembre de 2022, se la admitió parcialmente, limitándola hasta la fecha de su abdicación, el 18 de junio de 2014.

Los magistrados asentaron la aberración legal de que las acciones denunciadas -la invasión de su domicilio y oficinas en Mónaco por parte de unos mercenarios contratados por el CNI y las amenazas de su director Félix Sanz Roldán en Londres- no pertenecían al «ámbito privado» del monarca y sus colaboradores. A partir, de ese momento, la investigación continuó para las acciones ilegales cometidas después del 2014. Corinna había denunciado maniobras de acoso desde 2012 -tras el accidente de la cacería de Botsuana- hasta la fecha de la presentación de la denuncia.

Juan Carlos I ha cambiado hasta en tres ocasiones de bufete de abogados para cubrir su defensa en el Reino Unido. Primero confió sus intereses al prestigioso despacho londinense Clifford Chance, con delegaciones en 23 países, incluido España; después desembarcó en el bufete Carter-Ruck con Guy Martin, de 33 años, al frente del equipo de letrados, con quien también rompió y no de manera amistosa. Finalmente, ha recalado en el bufete Velitor Law, recomendado por su amigo, el traficante de armas El Assir, que reside en Abu Dabi prófugo de la justicia española.