La Guardia Civil investiga el uso de un fichero clandestino en su comandancia de Las Palmas

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil investiga desde el pasado 24 de marzo la denuncia de un agente de la Benemérita destinado en la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria contra el jefe de la demarcación, el teniente coronel jefe de Operaciones de la misma comandancia y contra un teniente, jefe del Centro Operativo de Servicios (COS) de la misma comandancia. La denuncia, enviada el mismo 24 de marzo, por los tres conductos oficiales posibles, al jefe inmediato del agente, a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) en Madrid y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hace referencia a «la creación y explotación de una base de datos en la Comandancia (…), no autorizada por el Ministerio del Interior».

En la Guardia Civil, como en otros Cuerpos de la Seguridad del Estado, los antecedentes policiales, detenciones, identificaciones, etc. se recogen en el fichero de Interés Policial (INTPOL) cuyo uso está regulado perfectamente mediante una orden del Ministerio del Interior del 4 de mayo de 2011. El responsable de ese fichero es el jefe de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la DGGC. Cuando un agente de la Benemérita quiere consultar ese fichero, debe acceder a una herramienta informática propia llamada Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).

Pero ahora, según la denuncia que ha conocido OKDIARIO, habría una nueva base de datos denominada Herramienta de Gestión de Novedades (Hegeno), cuya existencia no consta «en el inventario de actividades de tratamiento de datos de carácter personal» de la Guardia Civil. Según la denuncia, «por tanto, la base de datos utilizada en el COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y denominada Hegeno viene a ser una base de datos ilícita, no declarada y no autorizada por el Ministerio del Interior y con la que se viene a generar un tratamiento de la información personal de manera clandestina y de espaldas a la AEPD (…)».

Hegeno

Además, el escrito denuncia que esta base de datos Hegeno fue creada por «agentes del COS de la Comandancia de Las Palmas en el año 2020 y bajo las órdenes de sus mandos». Por eso, la denuncia se dirige al anterior jefe del COS de Las Palmas, actualmente destinado en Badajoz, al teniente coronel y al coronel jefe de la Comandancia, ya que «esta base de datos clandestina entró en vigor el 31 de marzo de 2020».

Llama la atención que desde esa misma fecha «se dio la orden de trabajar de forma paralela con los dos sistemas (Hegeno y SIGO)», según la denuncia. Es decir, que los agentes de Las Palmas usan el sistema homologado y autorizado por Interior y además estarían obligados a meter datos en el sistema que la denuncia califica de «clandestino».

Esa base puede ser consultada de manera libre por cualquier agente que trabaje en la Comandancia de Las Palmas, cientos de personas, según los datos consultados por OKDIARIO y hasta 1.700 en las tres islas que conforman la provincia, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La denuncia del agente explica además que «el 10 de marzo se actualizó el procedimiento de trabajo en el volcado de datos de carácter personal desde el SIGO a la Hegeno». Es decir, que cuando se consulta algún dato en SIGO que no está en Hegeno deben copiarse esos datos a la nueva aplicación. «La base de tratamiento de datos Hegeno se alimenta de los datos contenidos en el SIGO (…)».

¿Qué datos se recogen en esta base? Por ejemplo, todos los hechos relativos a violencia de género, víctimas y autores generados por el sistema VioGén, «tales como la existencia de denuncias previas, resultado de la valoración policial de riesgo, si la víctima aporta o no parte de lesiones (…)», según el escrito que ya investigan Asuntos Internos. La denuncia también advierte que esta base recogería «todas las personas detenidas o investigadas por cualquier delito contemplado en el Código Penal, se viene a mecanizar de forma completa los datos relativos a nombre y apellidos, así como el número de documento de identidad (…). Las personas detenidas o investigadas, el número de delitos cometidos, así como el número de detenciones realizadas por parte de agentes de la Guardia Civil».

La base de datos «clandestina» es tan exhaustiva que «recoge todos los datos que pueden afectar a la seguridad propia de los agentes de trascender esa información a personas no autorizadas, como es el caso de aquellos componentes que causan baja médica como consecuencia del servicio (…)». Además, sigue la denuncia, «en esta base de datos se vienen a consignar nombres de establecimientos comerciales en los que se vienen a producir algún lícito penal, como por ejemplo, ante la denuncia interpuesta por un ciudadano extranjero que ha sufrido un robo en la habitación del complejo hotelero en el que se hospeda, pudiendo el mal uso de esta base de datos ocasionar una mala imagen o difamación en dichos establecimientos comerciales».

Quizás la parte más sensible de la denuncia es la que se refiere al presunto «volcado de datos de actuaciones policiales declaradas secretas por la Autoridad Judicial, con lo que el mal uso de esta información podría conllevar la comisión de un presunto delito contra la Administración de Justicia».

A esta base se puede acceder desde cualquier ordenador de la Comandancia por «medio del servidor «H», todo ello sin clave personal ni contraseña al no estar así establecido (…)». Otra de las claves es que SIGO está auditado, ya que existe un registro de los agentes que entran en el mismo y los datos concretos que consultan, en cambio, no ocurriría lo mismo con Hegeno «donde se puede acceder de forma libre y sin rastro alguno mediante el acceso sin control (…)», según la denuncia.

La denuncia fue puesta el 24 de marzo de 2023 con el nombre, apellidos y DNI del agente denunciante que de esta manera cumpliría el artículo 40 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil: «Todo componente de la Guardia Civil que observe hechos que pudieran constituir faltas imputables a miembros de mismo, superior o inferior empleo, deberá formular parte a la Autoridad o mando que tenga competencia para conocer de la presunta falta observada, informando seguidamente de ello a su superior inmediato, salvo que éste sea el presunto infractor. El parte contendrá un relato claro de los hechos, sus circunstancias, la identidad del presunto infractor, así como de los testigos, y deberá expresar claramente la identidad de quién da el parte y los datos necesarios para ser localizado. La Autoridad o mando competente que reciba un parte acusará recibo de inmediato, informando a su promotor de la incoación o no de procedimiento disciplinario».