El grupo Armas vació los activos de Trasmediterránea antes de pedir el rescate de 100 millones a la SEPI

El grupo canario Armas ha traspasado a una sociedad paralela algunos de los activos más valiosos de Trasmediterránea, pocos meses antes de pedir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un rescate de 100 millones de euros para reflotar la naviera.

El grupo Armas compró en mayo de 2018 a Acciona la naviera Trasmediterránea por 260 millones de euros, tras recibir la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). El grupo canario que dirige Antonio Armas Fernández financió la operación mediante una emisión de bonos, parte de los cuales vencen en 2024.

Sin embargo, la que fue la gran naviera pública española atraviesa ahora una situación crítica, que atribuye en parte al impacto de la crisis del coronavirus. Las fuentes sindicales consultadas por OKDIARIO indican que la compañía ha comunicado a la plantilla que no cobrará la nómina de diciembre hasta los días 7 o 10, debido a los problemas de liquidez que sufre.

Tras obtener una inyección económica de 75 millones de euros de dos fondos de inversión, Apollo y HPS, el grupo Naviera Armas Trasmediterránea ha solicitado un rescate de al menos 100 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, que está dotado con 10.000 millones para garantizar la viabilidad de las compañías azotadas por la crisis. También está negociando una quita con los bonistas cuyos valores vencen en 2023 y 2024.

Un plan para evitar embargos

Pero la operación tiene truco. El máximo responsable del grupo Armas, Antonio Armas Fernández, constituyó el pasado 11 de junio en las Palmas de Gran Canaria una sociedad paralela, denominada Armas Trasmediterránea Factoring, con un capital social de 151 millones de euros. Y a continuación traspasó a esta sociedad algunos de los buques más valiosos de su flota, como el Ciudad de Palma (que navega con bandera de Chipre y puede alcanzar un valor de más de 30 millones de euros).

El grupo canario realizó este movimiento el pasado mes de junio: es decir, tres meses después de que estallara la crisis del coronavirus y cuando ya era evidente que iba a tener un impacto severo sobre el sector del transporte de pasajeros.

El objeto social de la nueva empresa es «el transporte marítimo de personas y mercancías en buques propios o ajenos, debidamente contratados. Las actividades propias de una industria naviera. La compra, venta, arrendamientos, incluso arrendamiento a casco desnudo, fletamento y venta de toda clase de buques».

Las fuentes del sector consultadas por OKDIARIO señalan que se trata de una operación típica de vaciamiento de activos: Trasmediterránea acumula todas las deudas y cargas, mientras pone a salvo sus activos más valiosos para evitar que sean embargados a instancias de los acreedores. Todo ello,  mientras solicita al Gobierno una inyección pública de al menos 100 millones de euros.

El juez inmovilizó el ‘Ciudad de Palma’

No es una hipótesis: ya ha ocurrido. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona ordenó el pasado 25 de noviembre el embargo preventivo del buque Ciudad de Palma para responder de una deuda de 705.000 euros (más intereses) contraída por Trasmediterránea.

De acuerdo con la Convención Internacional sobre embargo preventivo de buques, la orden fue transmitida inmediatamente a la Capitanía Marítima de Barcelona. Como muestra la imagen que acompaña a esta noticia, el lunes una patrulla de la Guardia Civil se personó en el puerto de Barcelona para inmovilizar el buque, que habitualmente cubre la línea regular de pasajeros y carga entre la Ciudad Condal y Mallorca.

Para lograr el embargo, el acreedor tuvo que depositar un aval bancario de 109.077 euros, con el fin de cubrir los posibles daños y perjuicios ocasionados por la suspensión de la línea regular. El Ciudad de Palma tiene una eslora de 186 metros, con capacidad para transportar 949 pasajeros, 190 vehículos y 2.247 metros lineales de carga. Trasmediterránea se vio obligada a desviar otro barco de menores dimensiones, el Ciudad de Ibiza, para mantener la línea de pasajeros entre Barcelona y Mallorca.

Tan sólo 24 horas después, el martes, Trasmediterránea solicitó oficialmente al juez que levante el embargo sobre el Ciudad de Palma, alegando que desde el pasado mes de junio este buque está a nombre de otra compañía: Armas Trasmediterránea Factoring SL. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, también se han traspasado a esta sociedad paralela al menos otros tres buques de la flota de Trasmediterránea, los más valiosos y libres de cargas, para evitar que sean embargados.

Un beneficio de 57.000 euros

El juez ha aceptado inmediatamente la petición de la naviera: ha levantado el embargo sobre el Ciudad de Palma, que vuelve a operar con normalidad, y en su lugar ha anotado un embargo preventivo sobre otro buque de la compañía, el Ciudad de Mahón (antes conocido como Zurbarán), que por el momento no ha sido inmovilizado y ayer jueves seguía operando con normalidad entre los puertos de Palma de Mallorca y Valencia. Al dictar esta resolución, el juez habría eludido varios trámites del procedimiento, como la obligación de dar un plazo de cinco días a la parte acreedora para presentar sus alegaciones.

La Compañía Trasmediterránea tenía en 2018 (último ejercicio del que ha publicado sus cuentas anuales) una flota de 10 buques en propiedad y otros 17 fletados temporalmente (siete de ellos, a la sociedad Grupo Bahía de las Isletas, que también pertenece al grupo Naviera Armas)

Mantiene líneas regulares de carga y pasajeros desde la Península con Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Argelia y varios puertos de Marruecos. El servicio desde la Península con Canarias y Melilla se presta mediante contratos adjudicados y subvencionados por el Ministerio de Transportes (antes Fomento).

Trasmediterránea declaró en 2018 una facturación de 357.772 euros (102.000 por pasajeros, 187.900 por carga y 48.000 por el transporte de vehículos), pero su beneficio ascendió a sólo 57.154 euros. En aquel momento tenía una plantilla de 738 trabajadores, si bien negoció con los sindicatos un ERE de 181 empleados que debía aplicarse en 2020.