La fundación que gestionaba Teresa Ribera aprobaba contratos a dedo «sin control intercambiando emails»

Un informe pericial sobre irregularidades en la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ha concluido que la entidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía entonces la vicepresidenta europea Teresa Ribera, ha gastado 2,6 millones de euros mediante contratos menores tramitados «sin control» a través de simples «intercambios de emails» entre técnicos y empresas. El documento que desvela OKDIARIO, elaborado por un auditor que ha trabajado en la Intervención General del Estado, ratifica que la denuncia es «sólida, fundada y racional» al constatar múltiples «banderas rojas» de posible fraude.

El informe pericial, fechado en abril de 2025 y firmado por un profesor universitario experto en Contratación Pública y ex auditor nacional de la IGAE, analiza exhaustivamente los hechos denunciados aplicando el sistema de banderas rojas de la Comisión Europea para la detección de fraude en la contratación pública. Sus conclusiones son contundentes.

El perito ha constatado que en 2023 CIUDEN realizó 1.213 contratos menores por un importe total de 2.615.613,74 euros mediante la figura ilegal de «anticipos de caja». Estos contratos se formalizaban mediante simples correos electrónicos sin participación del órgano de contratación, sin resolución de adjudicación y sin contrato formalizado.

Según el informe pericial, a modo de ejemplo, una determinada cooperativa gallega ha recibido 129 contratos en 2023 por un importe acumulado de 247.868,50 euros. Otro contratista recibió 35 contratos por 84.700 euros, y  una tercera sociedad obtuvo 77 contratos por 98.307,60 euros, todos ellos de importes individuales inferiores a 5.000 euros.

«El hecho de que en una misma empresa concurran en una misma anualidad decenas de contratos con el mismo objeto, y por importes inferiores a 5.000 euros, que cumulativamente superan de una forma ostensible los umbrales económicos legalmente determinados para los contratos menores, constituye un claro indicio de bandera roja», señala el informe.

Además, las bases de ese programa cultural del Gobierno financiado con fondos públicos para zonas en transición energética excluye de participar a artistas que no hayan nacido o residan en determinadas provincias españolas, una restricción que vulnera los principios fundamentales de la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores y libre prestación de servicios.

El programa Dinamiz-ARTj, gestionado por la Fundación CIUDEN y dotado con cachés de hasta 6.000 euros por actuación, impide que artistas franceses, alemanes o de cualquier otro Estado miembro puedan optar a estos contratos públicos, una discriminación por origen que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha declarado sistemáticamente ilegal, y que podría derivar en un procedimiento de infracción contra España si algún artista excluido presenta denuncia ante la Comisión Europea, ya que existen alternativas menos restrictivas como sistemas de puntuación preferente que cumplirían el objetivo de apoyar a los territorios afectados sin cerrar totalmente la participación a profesionales de otros países comunitarios.

Además, el perito citado considera que este sistema permitía a la CIUDEN eludir la obligación de notificar estos contratos al Tribunal de Cuentas, ya que los pagos inferiores a 5.000 euros tramitados como «anticipos de caja» están exentos de fiscalización. «Lo cual, también constituiría una bandera roja en sí misma», añade el documento.

La figura del anticipo de caja está regulada para administraciones públicas puras, no para fundaciones del sector público como esta. Además, sólo aplica a «gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable», no a la contratación de servicios artísticos.

Licitaciones «a medida»

El informe documenta varios casos de licitaciones configuradas para favorecer a empresas concretas. La contratación del software de venta de entradas para un museo revela «un alto porcentaje de coincidencia» entre la oferta de una empresa en el contrato menor de 2023 y los pliegos publicados en agosto de 2024. La propia directora del Museo habría admitido que «les había pedido a dicha empresa los elementos que ellos tenían y sus competidores no», según consta en la denuncia.

En el Festival de Flamenco, un potencial licitador llamó a la fundación para advertir que «el perfil exigido en la licitación se corresponde con exactitud» con el de una persona concreta que había organizado la edición anterior, «lo cual según él le garantiza la no concurrencia de otras propuestas».

Un email reflejó: «Acabo de recibir una llamada de un sujeto, que sólo se ha identificado como M., para trasmitirme que el perfil exigido en la licitación (al menos 14 en festivales de tamaño similar, 7 años en festivales de flamenco) se corresponde con exactitud con el de un perfil en LinkedIn de una persona llamada M. M., que fue la encargada de la organización edición del año pasado y que cuenta con cierto pedigrí en el mundo del flamenco, lo cual según él le garantiza la no concurrencia de otras propuestas.»

Contactos ilegales con empresas

La pericia denuncia que la directora del Departamento de Museos mantenía contactos directos con empresas durante las fases de licitación, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público sobre conflictos de intereses. En el caso de una compañía concreta, tres días después de quedar excluida de una licitación por presentación extemporánea, esta misma empresa envió una propuesta directa a la directora del Museo.

Según la denuncia, la directora quería «compensarla» por las licitaciones no obtenidas. «Fácilmente se puede constatar la existencia de las banderas rojas que alerta de la potencial concurrencia de prácticas de concertación con empresas para un potencial condicionamiento de la adjudicación de licitaciones», concluye el perito.

El informe critica duramente que el Ministerio validara estos contactos argumentando que «el mero contacto con una empresa no supone de por sí que exista una concertación». El perito considera esta justificación «incongruente» cuando existen denuncias explícitas de licitadores.

Edificio sin licencia

El informe dedica un capítulo específico a La Térmica Cultural, que ha recibido 59.000 visitantes sin contar con licencia de actividad. El edificio, inaugurado en marzo de 2023, ha celebrado «múltiples eventos con asistencia de centenares de personas» sin cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales.

«Se ha cometido reiteradamente la comisión de un delito de peligro en abstracto, que podría haberse concretado en daños penales específicos contra visitantes de la Térmica Cultural, o de las empresas contratistas que allí realizan su labor», señala la denuncia original.

El perito critica que la investigación ministerial se limitara a constatar que CIUDEN informó de que «están en orden las inspecciones legales del edificio y los seguros correspondientes», sin comprobar el Plan de Autoprotección, las medidas contra incendios o la formación del equipo de emergencia.

El denunciante, ex funcionario de la CIUDEN, tras denunciar las irregularidades ante el canal interno del Ministerio y solicitar medidas de protección contra represalias, fue convocado a una reunión donde se le comunicó «la no superación de periodo de prueba». Está pendiente de una sentencia del ámbito social que reconozca la injusticia.

La pericial avala ahora la racionalidad de una denuncia archivada administrativamente y sitúa ahora al Ministerio de Ribera ante un dilema. Mientras el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada investiga si hubo prevaricación en contratos que se formalizaban «intercambiando emails», casi 59.000 visitantes han transitado por un edificio sin licencia de actividad, y 1.213 contratos por 2,6 millones esperan el escrutinio del Tribunal de Cuentas en un expediente que, según el perito, presenta «indicios suficientes, sólidos y fundamentados» de ilegalidades contempladas en los manuales antifraude de la Unión Europea.