Cruz Roja impide a la Policía ir a interrogar inmigrantes sin orden judicial: “Migraciones debe autorizarlo”

El disgusto de la Policía de Canarias en general y de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en particular estos días merece una especial mención. Pero que la UCRIF ande disgustada es algo mucho más sorprendente cuando se sabe con quién anda molesta. Ni más ni menos que con la Cruz Roja. OKDIARIO ha tenido conocimiento de una serie de hechos que se vienen produciendo durante las últimas semanas y que este diario ha podido constatar revisando una serie de correos electrónicos que en condiciones normales no sería más que el resumen del día a día de una comunidad autónoma como la de Canarias, afectada por una de las mayores olas de inmigrantes ilegales que se recuerdan.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Migraciones, decidió acometer esta crisis acomodando a miles de inmigrantes ilegales en centros de internamiento y campamentos. Para la gestión de estos recursos el Ministerio de José Luis Escrivá dedicó a finales de 2020 una partida presupuestaria especial de más de 80 millones de euros para la atención de estas personas llegadas desde el continente africano hasta las Islas Canarias. Treinta de estos millones fueron a parar directamente a Cruz Roja española porque ellos serían los responsables de gestionar los recursos de acogida de Canarias para atender a miles de inmigrantes ilegales. Cruz Roja gestiona centro de alojamiento o acogida como, por ejemplo, el centro Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. Este centro ha sido en los últimos días objeto de interés informativo porque precisamente Cruz Roja llegó a expulsar de una tacada a 64 inmigrantes ilegales de las instalaciones que ellos gestionan por haberse comportado con violencia y haber intentado salir del centro sin autorización dejando a los citados inmigrantes ilegales en la calle y durmiendo a la intemperie. Ojo que lo del cumplimiento de las normas de convivencia es un argumento comprensible y de peso, pero lo de abandonar el centro no tanto, ya que le guste o no a Cruz Roja las personas que allí acogen no están detenidas y cuya libertad deambulatoria sólo puede restringir la autoridad policial mediando detención.

Trata de seres humanos

Pues bien, en este contexto, las unidades policiales especializadas en perseguir el tráfico de personas han sufrido un desagradable e inesperado encontronazo con el personal de Cruz Roja y este diario ha tenido acceso a una serie de correos electrónicos que así lo confirman. La UCRIF trabaja de forma intensa en la identificación de las bandas organizadas que sacan a la mar pateras y cayucos a cambio de 2.000 euros por pasajero. Hay embarcaciones que se han interceptado con 60 personas a bordo así que es fácil imaginar lo desgraciadamente lucrativo que es el negocio de traer inmigrantes ilegales a Europa a través de Canarias. ¿Cómo combatirlo? Pues identificando y entrevistando a los ocupantes de esas pateras. Sólo así pueden obtener datos como el nombre de quién era el patrón de su embarcación, de donde partieron o a quién pagaron el pasaje. Rara vez lo cuentan, pero cuando lo hacen la Policía hace el resto. Hace unas semanas acabaron deteniendo a varios cabecillas de organizaciones de tráfico de personas.

El pasado 25 de febrero, en la práctica de esas investigaciones, la Policía escribió un correo a los responsables de los traslados coordinados por Cruz Roja en Canarias. Explicaron que en el ámbito de una investigación bajo la instrucción de un juzgado canario necesitaban confirmar la presencia de una serie de personas en el centro Canarias 50 para poder entrevistarlos. La respuesta de Cruz Roja llamó la atención a los investigadores, pero también lo ha hecho a las fuentes jurídicas y policiales consultadas por OKDIARIO. Esa fue la contestación: «Sí, una parte de ellos habían sido derivados al Canarias 50. Ponerse en contacto con nosotros antes de ir para cualquier investigación por favor. Para las próximas veces por favor nos aportan el oficio del juzgado (esto último subrayado y en negrita). Según nuestro protocolo interno, sin presentación de un oficio no podremos contestar a sus futuras peticiones de información». La respuesta sorprendió y mucho a los investigadores, ya que la Ley les ampara el derecho de entrevistar a todo aquel que pueda ayudar a esclarecer un delito y lo mínimo que se espera de una institución como la Cruz Roja es su colaboración. La Policía sólo precisaría de mandatos judiciales en caso de registros o detenciones bajo el amparo de un juzgado. Tal vez la responsable que redactó tuvo un exceso de celo. O tal vez no. Atentos al segundo correo.

Día 2 de marzo. La Policía vuelve a escribir a los responsables de traslados de Cruz Roja. Cortesmente avisan de que al día siguiente piensan visitar el centro Canarias 50 parar entrevistar, ni detener ni interrogar, a los ocupantes de una patera con el fin de descubrir la mafia que los ha traído a Canarias. Cruz Roja responde, pero esta vez atribuyen lo siguiente a la Secretaría de Estado de Migraciones: “Policía deberá emitir citaciones individualizadas para todas las personas a las que desee entrevistar y que serán entregadas a las personas acogidas”. Pero hay más, según este correo de Cruz Roja, la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Migraciones dirigido por José Luis Escrivá deberá autorizar a la Policía la entrada a los centros que ellos subvencionan y sin ese permiso los policías no pasarán del dintel de la puerta.

Obviamente alguien se ha venido muy arriba en Cruz Roja y en Migraciones, tanto que han confundido autorizaciones con obstrucción a la Justicia. Los superiores policiales de Las Palmas lo han dejado claro a sus hombres: no permitir entrevistas para desarticular mafias criminales es tanto como obstruir la acción de la Justicia y si hay que abrir diligencias por ese motivo se hará.