La corrupción en el “CNI catalán” se inició durante la etapa de ERC en el Tripartito de Montilla

Las prácticas corruptas en la agencia de ciberseguridad de la Generalitat, el Cesicat, no son patrimonio exclusivo del PDeCAT. Se iniciaron durante el Tripartito presidido por José Montilla, del que formaban parte los independentistas de ERC, un partido que presume de carecer de cualquier vínculo con la corrupción.

Un antiguo colaborador del Cesicat, Albert Gabàs, ha denunciado ante los ministros Dolores Delgado y Josep Borrell, y ante la UDEF, las prácticas corruptas que incluían el establecimiento de mordidas del 4% en los contratos millonarios adjudicados.

Fue precisamente el conseller de Gobernación Jordi Ausàs Coll, de ERC, quien en febrero de 2010 creó el denominado Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), que luego los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont pretendieron convertir en una suerte de «CNI catalán».

Durante el Tripartito de Montilla, jugó un papel fundamental en este proceso Jordi Bosch García, al que ERC nombró en diciembre de 2006 secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat.

Denuncian ante la UDEF mordidas del 4%

Ya en esta etapa, que departamento que dirigía Jordi Bosch exigía a sus empresas contratistas que habilitaran una partida del 4% del presupuesto adjudicado, que escapaba a los órganos de fiscalización.  Así ocurrió, por ejemplo, con un contrato plurianual que Bosch adjudicó en 2009 al grupo Davinci/Unitronics, por un importe total de 535.998 euros al año, para el desarrollo de servicios de seguridad.

En enero de 2010, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat (del que Jordi Bosch era vicepresidente) convocó un concurso para adjudicar el desarrollo de la red Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), una red de fibra óptica que debía desplegarse por todo el territorio de Cataluña.

Al concurso se presentaron inicialmente tres ofertas, pero dos de ellas (Telefónica y Abertis) se retiraron cuando el departamento que dirigía Jordi Bosch cambió las condiciones del concurso sobre la marcha: redujo el alcance del proyecto, que quedó limitado a sólo 95 municipios, y recortó su presupuesto de 622 a 253 millones de euros.

En consecuencia, el CTTI adjudicó el concurso en septiembre de 2010 al único licitante que quedaba: el grupo Imagina que había nacido en 2006 mediante la integración de Mediapro (el gigante audiovisual de Jaume Roures) y la productora Globomedia. El contrato firmado el 18 de noviembre de 2010 tiene una duración de 20 años, hasta 2030.

Dio un contrato ilegal a Roures

Según los informes de la Sindicatura de Cuentas, el procedimiento adjudicado mediante un “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado” estuvo plagado de irregularidades e incumplió la Ley de Contratos del Sector Público.

El hecho de que el CTTI (del que Jordi Bosch era vicepresidente) cambiara sobre la marcha las condiciones del contrato debería haber obligado a convocar un nuevo concurso, señala la Sindicatura. Además, el órgano fiscalizador indica que la oferta del grupo Imagina de Roures “debería haber sido rechaza”, pues “no cumplía los requisitos mínimos de información establecidos” en el pliego de condiciones.

En diciembre de 2010 Artur Mas ganó las elecciones autonómicas y Jordi Bosch abandonó la Generalitat. Tan sólo dos años después, pasó a trabajar como director de estrategia digital para el grupo Mediapro de Roures, al que había adjudicado un contrato de 253 millones de euros de forma ilegal, según la Sindicatura de Cuentas.

Todavía durante el Tripartito de José Montilla, ERC nombró a Josue Sallent director general de Sociedad de la Información y, en septiembre de 2010, se convirtió en el primer director del Cesicat. Ocupó este cargo pocos meses, hasta la victoria de Artur Mas.

La web ilegal del 1-O

Pero regresó al Ejecutivo autonómico como director de Estrategia e Innovación del CTTI en septiembre de 2016, gracias al pacto entre el PDeCAT y ERC a través de la coalición Junts per Catalunya.

La causa que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona ha acreditado ahora que este militante de ERC, Josue Sallent, ha tenido un papel fundamental en la puesta en marcha de la web del referéndum ilegal de independencia del 1-O, junto a otros directivos y técnicos del CTTI y el Cesicat.

Aunque Josue Sallent está imputado por estos hechos, el Govern de Quim Torra le ha puesto un sueldo público como director de la Fundación TIC Social, que depende del Departamento de Salud de la Generalitat.