Anticorrupción investiga un fraude de 4 millones en mascarillas del Gobierno socialista de Canarias

La Fiscalía Anticorrupción de Canarias investiga por estafa el pago de cuatro millones de euros que el Ejecutivo de las islas, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, adjudicó a la empresa RR7 United SL a cambio de un lote de mascarillas que nunca fueron entregadas. Esta adjudicación se llevó a cabo a dedo y en plena pandemia. La investigación se está llevando a cabo con la participación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El pasado 25 de mayo de 2020, el Servicio Canario de Salud (SCS), dependiente de la Consejería de Sanidad, firmó un contrato de cuatro millones de euros con RR7 United SL a cambio de entregar un millón de “mascarillas 3M modelo 1860 N95” para hacer frente al Covid-19. Es decir, cada mascarilla fue comprada a razón de cuatro euros la unidad. Un contrato que fue adjudicado mediante el procedimiento negociado sin publicidad tramitado por emergencia. Por lo tanto, el encargo fue a dedo sin que se llevara a cabo un concurso público.

Según el Registro Mercantil, RR7 United SL fue constituida el 14 de julio de 2016 por Roberto Padrón y Rayco González, ambos con el cargo de administradores solidarios. El 14 de diciembre de 2020 Padrón cesó de su cargo y Rayco pasó a ser el administrador único de la empresa. Esta compañía, domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria, tiene señala en su objeto social que se dedica a la compra y venta de coches de segunda mano.

A diferencia de lo que ocurre en otros procesos de contratación en Canarias, donde la administración pública pacta con el adjudicatario dos o tres pagos -el 50% en la firma y el 50% restante tras la entrega de la mercancía, por ejemplo- el Ejecutivo socialista pagó al contado todo el importe del contrato. Sin embargo, RR7 United SL no cumplió con su parte y se negó a entregar las mascarillas.

Por este motivo, el 1 de febrero de 2021, nueve meses después de la firma del encargo, el SCS inició un expediente para la resolución del contrato. A día de hoy, RR7 United SL no ha devuelto los cuatro millones que cobró a pesar de los más de diez intentos que ha habido de embargo. Tampoco ha entregado las mascarillas por las que recibió ese dinero. Ante esta cadena de hechos, el pasado mes de abril un empresario canario presentó una denuncia por estafa ante la Fiscalía Anticorrupción de esa comunidad autónoma y éste órgano jurisdiccional abrió diligencias de inmediato.

Tras iniciar su investigación, el Ministerio Público solicitó abundante documentación al SCS para indagar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de las actuaciones, tanto del adjudicatario del contrato como de «los representantes de la administración pública» que decidieron recurrir a RR7 United SL. Los fiscales canarios no sólo investigan a RR7 United SL por un delito de estafa. También al SCS por un supuesto delito de cohecho y malversación de caudales públicos.

El pasado 12 de mayo, el administrador único de RR7 United SL, Rayco González, declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que nunca pudo entregar las mascarillas porque tuvo problemas con sus proveedores y varios intermediarios. Sin embargo, en ningún momento aclaró dónde está el dinero. También intentó convencer a los fiscales de su inocencia comprometiéndose a reparar el daño a la administración pública reponiendo de su propio bolsillo el millón de mascarillas.

Como consecuencia de estas declaraciones, el Gobierno de Canarias emitió un comunicado en el que rechazaba la oferta del empresario. El portavoz del Ejecutivo socialista, Julio Pérez, aseguró que rechaza negociar más mascarillas con RR7 United SL y aclaró que entre la administración pública autonómica y la empresa ya no existía relación contractual. No obstante, desde el Ejecutivo del PSOE no aclararon por qué recurrieron a esta compañía no especializada en material sanitario y, sobre todo, los motivos por los que no iniciaron antes los procesos para la recuperación del dinero pagado. Unos hechos por los que ahora el Gobierno de Canarias tendrá que responder ante los fiscales que investigan el caso.