Ahora Madrid ocultó a la Fiscalía datos clave del caso MercaOcio por el que está imputada Dancausa
Ahora Madrid ha ocultado a la Fiscalía datos esenciales sobre el proyecto de MercaOcio en la denuncia que ha provocado la imputación de la delegada del Gobierno en la capital, Concepción Dancausa, y de varios antiguos directivos de Mercamadrid.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a declarar el próximo 17 de julio al ex director general de Mercamadrid José Manuel Torrecilla y a Pablo González (hermano del ex presidente madrileño Ignacio González), en su condición de ex director de Estructuras Comerciales de Mercasa.
Veinticuatro horas después, declararán la ex vicepresidenta de Mercamadrid Dolores Flores y el ex secretario general, Fernando Gomar. Por el momento, el juez no ha citado a declarar a Concepción Dancausa, que presidía el consejo de administración de Mercamadrid cuando ocurrieron los hechos.
La causa tiene su origen en 2001, cuando Mercamadrid convocó un concurso para explotar una parcela con usos de hotel y restaurante. De las dos ofertas presentadas, el concurso fue adjudicado al grupo Konin 22, que planteó la creación de un hotel con 100 habitaciones y un «complejo gastronómico» con restaurantes que sería gestionado por la Asociación Empresarial de Ferrán Adrià y El Bulli.
El ex suegro de Güemes
Posteriormente, Konin 22 cedió la explotación del proyecto a la sociedad Merca Ocio 22 del empresario José Domingo Rodríguez Losada, constructor del polémico hotel El Algarrobico en Almería y ex suegro del que fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes.
El hotel de MercaOcio ya se encuentra funcionando, pero la zona de restaurantes nunca se llegó a explotar (salvo para algunas actividades puntuales de catering) debido a que el planeamiento urbanístico de Madrid no permitía este uso en la parcela. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid denegó en marzo de 2004 la petición para autorizar el uso terciario de restauración en la zona.
Ante la imposibilidad de cumplir el contrato, la sociedad Merca Ocio 22 interpuso en 2010 una demanda contra Mercamadrid, en la que reclamaba una indemnización de 8 millones de euros por la inversión que había asumido.
La dirección de Mercamadrid comenzó a buscar entonces un plan alternativo y negoció para alquilar las naves de MercaOcio a Mercasa, con el fin de poner en marcha un nuevo proyecto: un espacio para la degustación y venta de alimentos españoles con Denominación de Origen, que se denominaría MercaOrigen. Las principales Comunidades autónomas y decenas de empresas se interesaron por participar en esta iniciativa.
El propio Ministerio de Economía asumió este proyecto y lo incluyó en su Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista para los años 2012 a 2014. El presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, y la vicepresidenta de Mercamadrid, Dolores Flores, firmaron el 30 de julio de 2014 una declaración de intenciones por la que Mercasa se comprometía a alquilar las naves de MercaOcio para este fin.
Mercamadrid cobraría el alquiler a Mercasa y se lo abonaría al titular de las naves, el grupo Merca Ocio 22, que renunciaba así al proceso judicial que había emprendido. Pero el contrato de alquiler con Mercasa nunca se llegó a firmar, ya que el director de Estructuras Comerciales de esta empresa pública, Pablo González, solicitó modificar las condiciones que se habían pactado previamente.
Para que el proyecto de MercaOrigen fuera viable económicamente, alegó, debía ampliarse la concesión más allá de 2032, hasta el año 2055. Algo que exigía la aprobación de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que nunca se llegó a producir. En marzo de 2015, Concepción Dancausa abandonó la dirección de Mercamadrid al ser nombrada delegada del Gobierno y el proyecto quedó sobre la mesa.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, habían surgido discrepancias entre el presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, y su director de Mercados Minoristas, Florencio Casillas, sobre quién debía explotar el complejo MercaOrigen. Casillas fue finalmente despedido debido a las irregularidades detectadas en un centro comercial explotado por Mercasa en Lanzarote.
Mientras tanto, Mercamadrid ha seguido pagando el alquiler de las naves (algo más de 41.000 euros al mes) al grupo Merca Ocio 22. El equipo de gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena alega que esto supondrá para la empresa municipal un quebranto de 11 millones de euros durante los próximos 20 años. Sin embargo, en su denuncia presentada ante la Fiscalía, los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras ha ocultado datos clave para entender por qué fracasó el proyecto.
En la actualidad, Pablo González se encuentra en prisión provisional por el caso Lezo, mientras que Eduardo Ameijide se ha visto obligado a dimitir como presidente de Mercasa por el escándalo del pago de comisiones de su filial Mercasa Incatema en Angola y Santo Domingo.