El abogado de la infanta diseñó el cortafuegos para evitar que el ‘caso Palau’ salpicara a CDC

El abogado de la infanta Cristina, Pablo Molins, diseñó la estrategia jurídica para evitar que el caso Palau de corrupción salpicara a Convergència, el partido en el que su hermano, Joaquim Molins ha sido un destacado dirigente.

Aquella estrategia ha resultado un completo desastre, ya que el partido de Artur Mas y Jordi Pujol hoy tiene embargadas quince de sus sedes, para responder ante la Justicia del millonario desvío de fondos públicos a través del Palau de la Música.

El principal imputado en el caso Palau, Félix Millet, dirigió al juez en septiembre de 2009 una confesión en la que admitía haberse apropiado de 3,3 millones de euros de las arcas del Palau de la Música, junto a su director administrativo, Jordi Montull.

Además, reconocía que ambos habían manejado importantes sumas de dinero negro, en billetes de 500 euros, para pagar gastos del Palau que habían gastado más de 500.000 euros de la institución para viajar junto a sus familiares a destinos como las islas Maldivas o Dubai.

En su escrito, Millet facilitaba un inventario de todo su patrimonio, valorado en más de 12 millones de euros, para garantizar que estaba dispuesto a compensar a la Justicia el dinero del que se había apropiado indebidamente.

El conseller de Jordi Pujol

La carta de confesión, elaborada siguiendo las instrucción del abogado de Millet, Pablo Molins, tenía un doble objetivo. En primer lugar, evitar su ingreso en prisión ofreciéndose a colaborar con la Justicia y a resarcir el daño causado.

Y en segundo lugar, estaba concebida como un cortafuegos para impedir que el escándalo de corrupción salpicara a Convergència, el partido en el que el hermano del letrado Pablo Molins, Joaquim Molins, ha ocupado numerosos cargos públicos durante dos décadas.

Joaquim Molins ha sido portavoz de CDC en el Congreso de los Diputados, conseller de Comercio y Turismo (entre 1986 y 1988) de la Generalitat presidida por Jordi Pujol y posteriormente conseller de Política Territorial y Obras Públicas, entre 1988 y 1993.

En este sentido, la carta de confesión diseñada por el abogado Pablo Molins sólo reconocía una pequeñísima parte del fraude cometido en el Palau de la Música y ocultaba cualquier mención al desvío de fondos a favor de Convergencia.

Las sedes de CDC, embargadas

Pero esta estrategia se ha revelado como un completo desastre, ya que no ha cumplido ninguno de los dos objetivos marcados. La Justicia ha tardado todavía un lustro en aclarar lo ocurrido en el caso Palau, pero ya no quedan dudas de que el importe del dinero defraudado es muy superior al que reconoció Millet en la confesión diseñada por el actual abogado de la infanta Cristina.

Una vez cerrada la instrucción de la causa, el fiscal reclama una pena de 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet como principal responsable del saqueo del Palau y otros siete años y medio para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, al que reclama además veinte millones de euros.

La Fiscalía considera probado que la institución se utilizó para desviar más de 10 millones de euros a Convergencia, procedentes del pago de comisiones ilegales de constructoras, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la línea 9 del Metro de Barcelona y la construcción de la Ciutat de la Justicia. Como medida cautelar para responder de este desfalco, el juez mantiene embargadas 15 sedes de CDC.

No obstante, la carta de confesión diseñada por el abogado de la infanta tuvo otro daño colateral: en junio de 2010, Pablo Molins anunció públicamente que renunciaba a seguir ejerciendo la defensa de Millet por «pérdida de confianza».

La infanta implica a la Casa Real en su declaración

La estrategia que ha diseñado ahora para la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos no ha dejado de resultar polémica. Durante su declaración como acusada, Cristina de Borbón intentó implicar a la Casa Real en las irregularidades del Instituto Nóos, al afirmar que todos los negocios de la falsa ONG montada por su marido habían sido supervisados por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y por el asesor fiscal de la Casa del Rey, Federico Rubio.

Esta estrategia, coincidente con el pacto que han mantenido en sus declaraciones Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, ha provocado un profundo malestar en la Casa del Rey.

También correspondería al letrado Pablo Molins la decisión de la infanta Cristina de responder únicamente a sus preguntas durante su declaración en el juicio. Algo que provocó que la abogada que ejerce la acusación popular, Virginia López Negrete, se limitara a leer durante el juicio una larga batería de preguntas, sin obtener ninguna respuesta.

El letrado de la infanta, Pablo Molins, inició su trayectoria profesional en el despacho del abogado Joan Piqué Vidal, que luego sería condenado a siete años cárcel por extorsionar a empresarios junto al juez Estevill. Piqué Vidal había sido el abogado defensor del ex presidente catalán Jordi Pujol en el caso del saqueo en Banca Catalana.