La Generalitat creó con fondos reservados una policía política secreta dentro de los Mossos

Los documentos incautados por la Policía Nacional a los Mossos cuando se disponían a destruir cajas enteras de pruebas el pasado 26 de octubre incluían los justificantes de pago con fondos reservados de toda una unidad de la policía autonómica centrada en el espionaje político: la UCRO.

“A lo largo del informe se detalla la numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por las diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información” de los Mossos, señala el informe que este mismo lunes será entregado a la Audiencia Nacional. Pero, “mención aparte merecen los numerosos gastos generados por la Unidad denominada UCRO (Unidad Central de Recursos Operativos)”, señala el mismo informe policial.

Se trata de una verdadera policía política al servicio de la Generalitat. De una unidad “incardinada en la Comisaría General de Información de Mossos”, cuya “estructura y componentes no se han hecho públicos” nunca, y a la que “se le atribuyen las investigaciones de carácter más delicado”. Así lo resume la Policía Nacional.

Se refieren los cuerpos de Interior a operaciones de puro espionaje político; a seguimientos a candidatos de los partidos constitucionalistas, principalmente PP y Ciudadanos; a la coordinación de furgonetas frente al domicilio particular de Alicia Sánchez Camacho para grabarla, tal y como ha adelantado OKDIARIO; o a la tenencia de vehículos espía equipados con material de hackeo de cuentas mail y teléfonos para acceder a las actuaciones de aquellos que desafiaban el nacionalismo, como también adelantó este diario. Operaciones en las que el gasto no tenía limite y de las que “aparecen centenares de impresos justificativos en diferentes cajas” del dispendio consentido y ordenado con el que operaban, como hoy mismo informará la Policía Nacional a la Justicia.

Un dispositivo completo que permitió a los golpistas conocer cada paso de los partidos y asociaciones constitucionalistas para atacarlos y frustrarlos. Un dispositivo que conforma literalmente, una verdadera policía política secreta.

Todo ello ocurría con el consentimiento, conocimiento y colaboración del mayor Josep Lluís Trapero, quien, por ejemplo, aprovechó estos medios e informaciones para dar órdenes a los Mossos de espiar, informar y delatar cada movimiento que realizase la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, tal y como se desprende, una vez más, de la información recopilada en los informes que los agentes del cuerpo autonómico pretendieron destruir el 26 de octubre justo cuando fueron interceptados por una decena de efectivos de la Policía Nacional que impidieron a los Mossos d’Esquadra destruir las pruebas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Porque la labor prioritaria de los Mossos, como señala la información recabada, tenía una consigna básica durante el golpe que también retrata su operativa general: “La prioridad de la Jefatura de Mossos, más que de intervenir o colaborar con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que se conculcara la ley en centros de votación, era el detectar y en algunos casos dificultar los movimientos y la intervención de éstas, llegando a producirse escenas de tensión y algunos enfrentamientos aislados”. Así fue el 1-O. Y así fue en los preparativos del golpe y durante años, periodos en los que el seguimiento político contó con el respaldo pleno de la cúpula de los Mossos.