Piden dos años de cárcel para la abogada que defiende a la ‘Juana Rivas’ de Ibiza por encubrirla

La Fiscalía de Ibiza solicita una pena de un año y nueve meses de cárcel para la abogada Sara Benjelali por defender a Ana, la mujer que lleva cuatro meses en la cárcel de Ibiza por negarse a entregar a su hijo de cuatro años a su ex novio, al que había denunciado por presuntos abusos sexuales al menor.

La acusación particular, ejercida por los abogados del padre, eleva hasta dos años y cinco meses de cárcel la petición de pena para Sara Benjalali, procesada por colaborar con un presunto delito de sustracción de menores.

La Juana Rivas de Ibiza se llama Ana y tiene 35 años. La juez ordenó su ingreso en prisión el pasado 27 de marzo, después de que permaneciera cinco meses huida de la Justicia y desoyera los requerimientos para entregar a su pequeño al padre.

Su abogada, Sara Benjalali, pasó casi toda su infancia internada en un centro de protección de menores, hasta los 16 años. Estudió Derecho para poder ayudar a niños que han sufrido la misma situación.

Se escapó de un centro de menores

Casi siempre de forma desinteresada y sin cobrar ni un euro por sus honorarios, Sara colabora con la Fundación Conciencia presidida por Marisina Marí, que trabaja para que los niños que se encuentran bajo tutela de la Administración puedan regresar con sus familias.

A través de la Fundación Conciencia, Sara Benjalali asumió el caso de Ana, la mujer que el pasado mes de octubre denunció a su ex novio por un presunto de abusos sexuales al hijo de ambos, que en aquel momento tenía tres años.

Según consta en su denuncia, cuando preparaba a su hijo para acostarlo, éste le había relatado: “Mami, te voy a contar un secreto, yo le toco la churra al papá. Se la toco en el baño para que nos nos oiga la abuela”. Siempre según la denuncia, el menor explicó que “su padre se bajaba los pantalones y los calzoncillos y después el niño hace el gesto de mover la pelvis de delante hacia atrás”.

Los presuntos abusos se habrían producido cuando el pequeño se encontraba en casa del padre. La pareja había dejado de convivir en 2014 y desde entonces el cuidado del pequeño había recaído casi exclusivamente en la madre. No fue hasta julio de 2016 cuando un Juzgado dictó un auto de medidas provisionales con custodia compartida, que caducó al no haber sido confirmado.

Una entrevista grabada con el móvil

En su denuncia, la madre aportó un parte del médico de urgencias, que recogía una versión muy similar del testimonio del niño. El facultativo mantuvo una conversación con el pequeño, que la madre grabó como prueba con su teléfono móvil.

Según hizo constar en su parte, «el niño confirma que le toca la churra a su papá y al preguntarle por cuánto tiempo dice que mucho, y que el padre se ríe cuando se la está tocando. Asimismo niega que el padre le toque a él. Refiere que el padre es malo y al preguntarle por qué, dice que trabaja mucho». El médico no apreció lesiones en el pequeño, pero recomendó que fuera examinado por un psicólogo forense.

Por su parte, el forense apreció que el niño mostraba rechazo hacia su padre y, ante la sospecha de posibles abusos, recomendó que se encontrara con el progenitor únicamente en visitas tuteladas, siempre en presencia de un psicólogo.

A raíz de la denuncia, la juez suspendió el 24 de octubre el régimen de guarda del menor. Pero tan sólo dos días después, tras tomar declaración al padre, que negó los hechos, la juez restableció la custodia compartida y ordenó a la madre entregar al pequeño a su progenitor.

Acusan a la abogada de complicidad

Como ha informado OKDIARIO, el pasado 17 de noviembre, el padre acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su hijo. Finalmente, la juez dictó el 9 de febrero una orden de busca y captura de la madre, que se encontraba en paradero desconocido.

Gracias a los pinchazos telefónicos ordenados por la juez, la Guardia Civil detuvo finalmente a Ana, que llevaba cinco meses escondida con su hijo en un chalé de Jávea (Alicante). Durante este tiempo, señala la juez, “el menor estuvo sin escolarizar y sin control médico alguno”. Según la legislación española, no existe la obligación de escolarizar a los niños hasta los seis años.

A través de las mismas intervenciones telefónicas, la juez tuvo conocimiento de que Ana se había mantenido en contacto con su actual pareja, Jennifer, quien por tanto habría tenido conocimiento de dónde se escondía la madre. Desde Ibiza, Jennifer se encargó de gestionar los dos negocios de animales que regentaba Ana e ingresaba el dinero en una cuenta bancaria a la que ésta tenía acceso.

Como resultado de ello, la Fiscalía pide ahora una pena de un año y nueve meses de cárcel para Jennifer por presunta colaboración en el delito de sustracción de menores. El Ministerio Público reclama idéntica condena para la abogada de Ana, Sara Benjelali, ya que de otra conversación telefónica se deduce que también conocía el paradero de la madre y no lo reveló a la Justicia. Algo que, en todo caso, estaría amparado en el secreto profesional que protege la relación con su cliente.

Denuncian a la juez por prevaricación

La madre del pequeño, Ana, ha interpuesto una querella por prevaricación contra la juez y la fiscal que dirigieron el caso. También se ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha abierto diligencias informativas por estos hechos.

La letrada ha argumentado que la madre no quebrantó el régimen de custodia compartida pues estaba caducado, ya que las medidas provisionales no fueron confirmadas en su momento. En cuanto a la denuncia por presuntos abusos sexuales al menor, quedó archivada el pasado mes de julio, sin que la juez llegara a tomar declaración al médico de guardia y al psicólogo forense que examinaron al niño.