Sudán se encamina hacia el gobierno civil

El general Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, vicepresidente del Consejo Militar y líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), y por el líder opositor de las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF/FCC, por sus siglas en inglés), Ahmad Al Rabiah, han firmado este domingo en la capital, Jartum, la declaración constitucional.

Este documento es el resultado de más de cuatro meses de negociaciones, las cuales se han suspendido y reanudado sucesivamente por las dificultades a la hora de lograr un acuerdo, pues la declaración constitucional recoge la delimitación de poderes de los cuerpos políticos del país y, por tanto, se configura como requisito imprescindible para dar comienzo, de forma oficial, al periodo de transición.

La declaración constitucional, que allana el camino para una transición hacia un gobierno civil, establece, por tanto, la delimitación de los poderes de los cuerpos políticos que administrarán el país durante el periodo transitorio, estipulado en tres años y tres meses y tras el cual se celebrarán elecciones.

Cabe recordar, en este punto, que el pasado 17 de julio el Consejo Militar de Transición y las DFCF ya firmaron un acuerdo de transición por el que se instauraba un Consejo Soberano, el cual estará encargado de la supervisión en la creación de un Consejo de ministros y de un Consejo legislativo. Este primer órgano estará formado por 11 miembros: cinco militares elegidos por el Consejo Militar de Transición, cinco civiles escogidos por las DFCF y la persona restante será seleccionada de forma consensuada por las dos partes. A la cabeza del Consejo Soberano se situará un general militar durante los primeros 21 meses, siendo reemplazado los 18 meses restantes por un civil.

Ahora, todo ello queda oficializado con la firma de la declaración constitucional, que, además, expone las siguientes cláusulas: en primer lugar, las DFCF serán las encargadas de nombrar al primer ministro que, a su vez, designará a un gabinete de 20 ministros de una lista de candidatos que las fuerzas opositoras habrán preparado para ello, a excepción de las carteras de Interior y Defensa, que serán escogidas por los miembros militares del Consejo Soberano.

En segundo lugar y en cuanto al Consejo legislativo, cabe destacar que este será independiente. Referente a la composición, contará con, como máximo, 300 asientos y, al menos, el 40% de las plazas estarán reservadas para las mujeres. Las DFCF designarán al 67% de los legisladores, mientras que otros grupos políticos – no vinculados al régimen del expresidente a Omar al-Bashir – seleccionarán el resto de miembros. En este punto, cabe resaltar que no se podrán emprender acciones legales contra los miembros de los tres consejos – soberano, de ministros y legislativo – sin el permiso de este último. Además, la decisión de levantar la inmunidad requerirá la aprobación de la mayoría de los legisladores. El Consejo legislativo será imprescindible, también, para la declaración de la emergencia nacional: el Consejo de ministros podrá solicitar al Consejo soberano que establezca una emergencia nacional “si la unidad y la seguridad del país están en riesgo”. Dicha solicitud deberá presentarse al Consejo legislativo en los 15 días posteriores y, si este cuerpo no la aprueba, quedará invalidada.

En tercer lugar, las Fuerzas Armadas y su brazo militar, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), estarán dirigidas por el comandante del Ejército, que también ostentará el cargo de jefe del Consejo Soberano durante estos primeros 21 meses.

En cuarto lugar, la declaración constitucional contempla un capítulo de derechos y libertades como recoge Al Jazeera: “todos somos iguales ante la ley; nadie será arrestado arbitrariamente a menos que por razones estipuladas por la ley; nadie será sometido a tortura, humillación o malos tratos; el Estado protegerá los derechos sociales, civiles, políticos, culturales y económicos de las mujeres, que serán iguales a los de los hombres; toda persona tiene derecho a un juicio justo; el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad de conformidad con la ley; todo ciudadano tiene derecho a expresarse libremente sin limitaciones, y tiene derecho a recibir o publicar información y acceder a los medios de comunicación de conformidad con la ley; todo ciudadano tiene derecho a acceder a Internet de conformidad con la ley; y toda persona tiene derecho a una reunión pacífica y el derecho a crear y/o unirse a partidos políticos, ONG, sindicatos y asociaciones profesionales”.

Del mismo modo, el documento acordado estipula que “se desarrollarán nuevas políticas durante los próximos seis meses en consulta con grupos armados en varias regiones del país para lograr una paz integral y duradera”. Cabe recordar que Sudán todavía sufre las consecuencias del conflicto armado en Darfur entre el Gobierno de Sudán y diversos grupos armados organizados, como el Movimiento y Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad. En el marco de este enfrentamiento y, en concreto, entre 2003 y 2008, las Fuerzas gubernamentales – entre las que se incluyen las milicias de las Fuerzas Policiales de Sudán, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) y la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC) – cometieron, presuntamente y según la Corte Penal Internacional (CPI), crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra la población civil de Darfur, llevando a cabo ataques indiscriminados, generalizados y sistemáticos y otro tipo de delitos como saqueos, asesinatos – Naciones Unidas ha contabilizado 300.000 muertes – ,violaciones y desplazamiento forzoso de los habitantes, cifra que la ONU estima en 2 millones de personas.

Los próximos pasos

Tras la firma de la declaración constitucional, ahora queda materializar el entendimiento logrado. Así, el 17 de agosto está previsto que tenga lugar una ceremonia formal sobre el documento ante mandatarios y jefes de Gobierno y Estado extranjeros en la capital, Jartum. La celebración coincidirá, así, con el inicio del juicio por corrupción del expresidente Omar al-Bashir. Un día después, el 18 de agosto, el Consejo Militar de Transición y las DFCF anunciarán los nombres de los 11 miembros del Consejo Soberano.

El nombramiento del primer ministro, designado por las DFCF, está previsto para el 20 de agosto; y la designación del gabinete por parte de este, para el 28 de agosto. Una vez se conozcan todos los nombres que tendrán la responsabilidad de dirigir Sudán hacia un gobierno civil, el 1 de septiembre se dará inicio al nuevo curso político con una reunión entre el Consejo de ministros y el Consejo Soberano. En los tres meses posteriores, se conformará el Consejo legislativo o Asamblea.

La comunidad internacional celebra el acuerdo

La firma de la declaración constitucional ha sido acogida con esperanza por la comunidad internacional. Así, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, considera que “es un logro importante para África en su deseo de resolver sus propios problemas” y felicita a “los actores políticos, tanto civiles como militares, que han superado sus diferencias al colocar los intereses del país por encima de todas las demás consideraciones”.

Por su parte, desde la Liga Árabe aseguran que, con la declaración constitucional, Sudán “está listo para lanzar una nueva e importante etapa que vaya en línea con las aspiraciones del pueblo sudanés de un gobierno democrático civil y una paz integral en todo el país”. Además, reiteran “su compromiso de apoyar a las autoridades de transición acordadas para lograr las esperanzas del pueblo sudanés de paz, democracia, estabilidad y desarrollo integral”.

Emiratos Árabes Unidos ha emitido una declaración, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional recogida por la agencia WAM, en la que definen el documento como “la piedra angular para lograr el progreso y la prosperidad del pueblo sudanés”, al tiempo que “reafirman su apoyo al proceso político en la nación fraternal de Sudán” e instan “a todos los partidos políticos y populares a unirse y dar prioridad al interés nacional, para que Sudán pueda avanzar hacia la estabilidad”. El ministro de Exteriores emiratí, Anwar Gargash, publicaba en su cuenta de Twitter que esto supone “pasar la página del Gobierno de Al-Bashir y la Hermandad Musulmana hacia una nueva era en su historia política con un gobierno civil” y transmitía su confianza al pueblo sudanés: “El camino hacia un estado de instituciones, estabilidad y prosperidad no estará lleno de rosas, pero tenemos confianza en el hermano Sudán y su gente”.