Sin un plebiscito, Colombia inicia trámites para dar rango constitucional al acuerdo con las FARC

Incluso sin haberlo firmado, y a pesar del rechazo masivo en las calles y en las encuestas, las durísimas críticas del Procurador General de Colombia y de partidos hasta ahora a favor del proceso con las FARC, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha impulsado ya la elevación a constitucional del acuerdo de paz con las FARC.

El Congreso de Colombia ha iniciado este lunes los trámites para dar rango constitucional y blindar el acuerdo de paz que prevé firmar con los narcoterroristas de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar con medio siglo de conflicto armado, según ha confirmado el ministro de Interior.

La opocisicón en pleno ha salido en contra de esta inciativa. Así, el aspirante presidencial del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo aseguró que el Gobierno y las FARC «no conseguirán garantizar la sostenibilidad de los acuerdos recorriendo el camino que han escogido».

Carlos Holmes Trujillo : Solamente el pueblo puede blindar https://t.co/ds7mIMhdpE

— Carlos Holmes (@CarlosHolmesTru) May 17, 2016

En opinión del líder opositor, estas leyes que se aprueben en el Congreso podrán ser revocadas en cuanto haya otra mayoría, porque «sólo el pueblo puede ratificar punto por punto lo que se acuerde en la isla de los Castro». Para Holmes Trujillo, lo de Santos es «realismo mágico solamente, nada más».

La iniciativa del Gobierno Santos

«Se ha radicado la ponencia con el texto del artículo acordado por los negociadores de La Habana y esperamos a partir del próximo miércoles iniciar su discusión y votación», dijo a periodistas Juan Fernando Cristo a la salida del Congreso.

El gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió la semana pasada con las FARC a iniciar antes del 18 de mayo el trámite legislativo para blindar jurídicamente y «dar garantías de cumplimiento» al acuerdo que esperan firmar tras más de tres años de diálogos.

Además del debate en el Congreso y su sucesiva aprobación por la Corte Constitucional, Cristo consideró indispensable que «los colombianos voten a favor del plebiscito del acuerdo por la paz» para que el texto adquiera vigencia legal en Colombia.

La reforma dará a lo pactado en La Habana tratamiento de «acuerdo especial» en el marco del derecho internacional humanitario y lo incorporará íntegramente a la Constitución. También será presentado ante organismos como Naciones Unidas.

Sorprende cómo el presidente Juan Manuel Santos se erige en defensor de las posiciones de las FARC constantemente al declarar solemnemente que éste es «un paso trascendental» por parte de la principal guerrilla del país, al «reconocer las leyes y el Estado que han combatido por medio siglo».

El plebiscito como señuelo

Aun así, Santos mantiene el señuelo del plebiscito para después de blindar los acuerdos. Una convocatoria a las urnas que convocará con una sola pregunta a los colombianos para que apruebe, sí o no, todo el paquete acordado con los terroristas: «Serán el pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional quienes darán validez, vigencia y sostenibilidad en el tiempo a lo que se acuerde […] para que el día de mañana no se cambie lo pactado», declaró el mandatario desde la presidencial Casa de Nariño.

Serán el pueblo, el Congreso y la @CConstitucional quienes darán validez y vigencia a lo que se acuerde en La Habana. #LaPazEsPosible.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 17, 2016

Aunque el Gobierno promete que celebrará un plebiscito sobre los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional todavía debe pronunciarse sobre la compatibilidad de esta consulta con la Carta Magna.

Desde noviembre de 2012, las FARC y el gobierno han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos de la negociación: problema agrario (supuesto origen del conflicto), cultivos ilegales y narcotráfico, reparación de las víctimas del conflicto y la transformación de la guerrilla en partido político.

La guerra más antigua de América, que comenzó en los años 1960, ha involucrado a grupos irregulares de izquierda y de derecha y a agentes del Estado y deja ya 260.000 muertos y 6,8 millones de desplazados.