La oposición acusa de «golpe de Estado a Santos», menos apoyado en Colombia que Maduro en Venezuela

Colombia vive en el filo de una afiladísima navaja haciendo equilibrios para no resbalar y desangrarse como país después de haberlo hecho como sociedad durante más de cinco décadas. Las conversaciones de paz entre el Gobierno Santos y la narcoguerrilla de las FARC han parido un engendro extraño esta semana que amenaza con partir la democracia por la mitad: los terroristas han forzado al Ejecutivo a elevar lo que se firme con ellos al bloque constitucional con calificación de ‘Acuerdo Especial’.

Según Carlos Holmes Trujillo, ex ministro y diplomático, aspirante a la nominación del Centro Democrático (CD) para la Presidencia de Colombia lo resume en pocas frases: «Es un golpe de Estado a la democracia, sustituye el Congreso, y acude indebidamente a la figura de los ‘Acuerdos especiales’ del derecho internacional humanitario y le da el carácter de Tratado Internacional, incorporándolo al bloque de constitucionalidad».

El objetivo es blindar los acuerdos, protegiendo al mismo tiempo al presidente, en horas bajas, y a Timochenko y los otros líderes terroristas, que temen que un futuro Ejecutivo no acepte lo firmado en La Habana, bajo el auspicio de la dictadura de Raúl Castro.

La contestación a Santos y a su estrategia para lograr la paz es tan grande en Colombia como la de Maduro en Venezuela. Así que el presidente colombiano, en su afán por demostrar que él puede alcanzar el objetivo tan largamente anhelado por el pueblo colombiano, está dando pasos muy arriesgados. Éste último ha provocado incluso la llamada de la oposición a la «resistencia civil» en las calles contra lo que han llamado «golpe de Estado» y «entrega del país a los narcotraficantes, que ahora se constituyen en parlamento constituyente».

Este sábado, agentes de la Policía Nacional interceptaban un enorme cargamento de 171 kilos de cocaína en Lepe (Huelva) escondidos en un envío de bananas sintéticas a nombre de una empresa frutera procedente de Colombia.

Sin embargo, en el país de procedencia nadie celebra el hito. Los narcos porque han perdido un enorme negocio, y el Gobierno porque la lucha contra el tráfico de estupefacientes se ha salido del foco de lo prioritario. «Al contrario», espetan fuentes de la oposición, «los cultivos de coca crecen a niveles críticos de hace 15 años y las narcoguerrillas se están envalentonando con las cesiones de Santos a las FARC en La Habana». Y así ha aumentado la cosecha de la planta de coca y el flujo de esta droga procedente de Colombia.

Los integrantes del Centro Democrático (CD), partido del ex presidente Uribe, se refieren a su formación política no por su nombre, sino como «la oposición democrática». Y a todos les cuesta hablar del Gobierno de Colombia, prefieren citar sólo el apellido del mandatario o, como mucho, decir «el Gobierno de Santos». Un país sabe que sus instituciones están en proceso de deslegitimación cuando el debate parlamentario se traslada a las manifestaciones de la calle y los nombres de la cosa pública son sustituidos por eufemismos.

Y la calle, que ya fue tomada el pasado 2 de abril por los seguidores de Uribe, ha vuelto a ser protagonista esta semana, cuando el líder del CD ha llamado a la «resistencia civil contra el golpe de Estado que supone el acuerdo de impunidad con las FARC».

Gobierno le entrega la Constitución a Farc y se vuelve su cómplice para hacer un Golpe de Estado a la democracia https://t.co/J1mIxhqx7C

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 13, 2016

Este nuevo paso en la estrategia de tensión del ex presidente contra su sucesor se fundamenta en el nuevo paso dado por los negociadores de Juan Manuel Santos con los narcoterroristas de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El mismo Alejandro Ordóñez, Procurador General del país, cargo similar al de Defensor del Pueblo, ha escrito una carta abierta al presidente conminándole a dar marcha atrás y advirtiendo a Santos de las «consecuencias penales» de «no respetar la Constitución».

Concretamente, la misiva dice: «Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado». Y termina: «Es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias. […] Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC».

No sólo se ha unido el procurador al rechazo frontal a Santos y sus conversaciones con las FARC. También la senadora de la centrista Alianza Verde Claudia López, hasta hace pocos días incondicional del proceso y que ahora lo califica de «exabrupto». Para López, «las FARC no ceden nada y, en cambio, el Gobierno le cedió todo unilateralmente a la guerrilla».

Entretanto, los representantes del partido de Álvaro Uribe están logrando no sólo adhesiones a sus rechazo al proceso, sino que su afán por aclarar su postura está logrando que ésta se entienda por fin como lo que es: no un rechazo absoluto a las conversaciones, y sí al acuerdo en los términos en que se está negociando. «Ni siquiera al acuerdo en su totalidad, sino a determinadas partes de éste: la elegibilidad política inmediata de los criminales y, sobre todo, la impunidad», aclara Holmes Trujillo. «Y no por ideología, sino por ética, las víctimas y el Estado no lo merecen, y por práctica, unos acuerdos así no serían legales ni, por tanto, sostenibles».