Omar al-Bashir señalado por desviar fondos públicos de Sudán para intereses personales

Llega una nueva investigación oficial sobre la figura de Omar al-Bashir, el anterior presidente de Sudán que fue evacuado de su cargo tras 30 años dirigiendo un régimen caracterizado por su férreo poder y que desapareció de la escena política, abriéndose actualmente un intento de proceso democrático en el país africano.

El anterior máximo dirigente sudanés es señalado ahora por malgastar supuestamente fondos estatales de cara a satisfacer intereses personales. En esta línea, Mohamed Faki Suleiman, presidente suplente del Comité de Corrupción y miembro del Consejo Soberano de Sudán, anunció durante la jornada de este martes que el Comité ha abierto una nueva investigación contra el expresidente Omar al-Bashir por cargos de «derroche de fondos estatales para intereses personales».

Mohamed Faki Suleiman explicó ante los medios de comunicación el nuevo procedimiento iniciado contra Al-Bashir: «Abrimos nuevas comunicaciones criminales ante el presidente derrocado por malgastar fondos estatales para sus intereses personales y el Comité llegó a una cuenta especial a nombre del presidente derrocado, con el número 2616, en el Banco Nacional de Omdurman, en la que se proporcionó una cantidad de 20 millones de dólares al mes, dentro de una actividad fuera del marco legal”.

Ya a finales de 2019, Al-Bashir fue sentenciado por corrupción en uno de varios casos abiertos contra él. El exmandatario fue condenado el pasado diciembre a dos años de prisión en una institución de reforma social por corrupción financiera, después de que las autoridades encontraran en su residencia alrededor de 7 millones de euros. La sentencia hablaba de diez años, pero fueron reducidos a dos, siendo aplicable en una institución no penitenciaria por las garantías que ofrece la ley a los condenados con más de 70 años. En total, la Fiscalía General presentó 412 acusaciones contra Al-Bashir y varios líderes de su régimen por cargos penales y de corrupción política y financiera.

Desde la caída de Al-Bashir, hace más de un año, las autoridades sudanesas se han apoderado de empresas, bienes inmuebles y propiedades pertenecientes al expresidente o a familiares y personas de su entorno. Este hecho es más remarcable teniendo en cuenta la situación económica del país africano, que padece una fuga de divisas extranjeras y una inflación disparada, que llegó a superar el 99%. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit público y la deuda externa están en el 211,7% y 198,2%, respectivamente. Justo también en un momento difícil actualmente por la crisis sanitaria de la enfermedad COVID-19, que ha provocado en el mundo centenares de miles de muertos y millones de casos diagnosticados y que en Sudán, obviamente con pocos recursos médicos por su situación de conflicto político y sus problemas financieros, genera incertidumbre dejando hasta el momento 372 fallecidos y más de 6.200 afectados.

 Omar al-Bashir tiene además pendiente una acusación presentada por la Fiscalía por el golpe de Estado que en 1989 le llevó al poder y en febrero de este año el Ejecutivo de Sudán acordó llevarle ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los cargos de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este punto, se ha conocido hace escasas horas que el jefe miliciano sudanés Ali Kushayb se ha entregado a las autoridades de República Centroafricana y se encuentra en estos momentos bajo custodia de la CPI acusado de crímenes contra la humanidad en la región de Darfur.

De esta forma, sigue cayendo en desgracia la figura del anterior presidente sudanés. El 11 de abril de 2019, el Ejército nacional derrocó a Al-Bashir, que había gobernado con rigidez el país durante tres décadas, después de cuatro meses de protestas populares contra su régimen. Tras las movilizaciones fue arrestado y todavía permanece detenido. Más de un año después de que se produjera el golpe de Estado que desbancó a Omar al-Bashir, Sudán prosigue su camino hacia la democracia. Después de muchas negociaciones, se acordó con la plataforma civil Fuerzas de la Libertad y el Cambio un Gobierno de transición encabezado por un civil como primer ministro, Abdalla Hamdok, iniciando un periodo de tres años en el que militares y civiles deben compartir el poder hasta la celebración de elecciones. A pesar de ello, la violencia ha continuado, sobre todo en la zona caliente de Darfur, donde los enfrentamientos provocaron la huida de miles de personas a otros países.

Tras la salida de Al-Bashir, la nación avanza con dificultades en su proceso de transición política, sin poder encontrar soluciones todavía a los problemas económicos instalados. Los dos bandos que han dirigido la transición en el país: el Consejo Militar y las Fuerzas de la Libertad y Cambio, movimiento que aglutina a fuerzas civiles y prodemocráticas, alcanzaron un acuerdo de Constitución y una serie de objetivos a alcanzar. Entre ellos, lograr la paz, abordar la crisis económica y desmantelar el régimen de Al-Bashir. En noviembre pasado los Consejos Soberano y de Ministros aprobaron una ley para erradicar las instituciones y cargos del antiguo régimen, que está permitiendo avanzar en esta tarea. Se han venido produciendo retrasos en la formación del Parlamento transitorio y el nombramiento de gobernadores civiles en los estados, algo que necesita de una solución previa con los movimientos guerrilleros para los que está prevista una representación en las nuevas instituciones del país. En este marco, siguen discurriendo procesos para pacificar ciertas zonas como Darfur, aunque con estancamiento en las conversaciones todavía.