La fiscal general de Venezuela se niega a comparecer ante el TSJ de Maduro: «Está todo cantado»

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha negado este martes a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del país, donde estaba citada para que los magistrados decidieran si debe ser llevada a juicio por faltas graves en el ejercicio de su cargo.

«A pesar de recusé a los jueces, no me han hecho caso», ha dicho Ortega. «Sé que le juicio se va a celebrar, está todo cantado», ha añadido, demostrando lo que ella misma denunció hace unos días: «Venezuela ya no es un Estado de derecho, sino un Estado policial».

Ortega se ha convertido en el mayor enemigo público de la tiranía de Nicolás Maduro, a quien se enfrentó desde el mismo 30 de marzo en el que el mismo TSJ usurpó los poderes de la Asamblea Nacional —la única institución política democrática que queda en el país— y eliminó la inmunidad de los diputados. Los jueces del TSJ han sido nombrados a dedo por el dictador, incluso saltándose sus propias leyes para elegir a afectos a su figura y al régimen bolivariano.

Fue la acusación de Ortega de que se estaba «subvirtiendo el orden constitucional», apoyada por las presiones internacionales, la que obligó a Maduro a dar marcha atrás en aquella iniciativa, que fue calificada de «autogolpe» por la Mesa de Unidad Democrática, la coalición opositora.

Desde aquel día, la Fiscalía que dirige esta chavista de primera hornada —seguidora fiel de Hugo Chávez, pero enfrentada a la deriva radical de Maduro— se ha negado a llevar ante los jueces a la inmensa mayoría de los detenidos por la represión brutal del régimen contra las manifestaciones que cada día llenan las calles de Venezuela.

Desde el 1 de abril, son ya más de tres meses de marchas diarias exigiendo la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y la apertura de un canal humanitario que ayude a paliar la enorme crisis económica que vive el país.

En esas marchas, han sido asesinadas más de 90 personas por las fuerzas de seguridad del régimen y por los colectivos irregulares armados por la dictadura madurista. Y es la propia Fiscalía la que está llevando las cuentas de una manera oficial.

Los más de 15.000 detenidos son llevados a tribunales militares, ante la negativa de Ortega a acusarlos de ningún delito. Es más, la propia fiscal ha imputado por delitos contra los derechos humanos a Gustavo González López, el jefe del Servicio Bolivariano de Información (Sebin), la policía secreta del régimen.

Ahora, la dictadura de Maduro busca subterfugios para remover a Ortega de su cargo, que depende directamente de la Asamblea Nacional. Así, se la citaba este martes para comparecer en un ‘antejuicio’ para poder destituirla. Y se le han querido dar poderes al Defensor del Pueblo venezolano Tareck William Saab, para decidir sobre el futuro de quien se ha erigido como uno de los puntales de la resistencia institucional al hundimiento de Venezuela como estado fallido.