Las FARC dan su apoyo a Petro en Colombia y advierten: «Si gana el uribismo habrá conflicto»

Las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se rebautizaron como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común cuando dijeron que dejaban las extorsiones, los asesinatos, los secuestros, las violaciones y el narcotráfico. Dijeron que participarían en política y que se reintegraban en la sociedad tras 52 años sometiendo como rehén a la democracia en Colombia. Ahora advierten para las presidenciales de Colombia: o gana quienes ellos quieren o «habrá conflicto».

Así lo ha dicho de claro Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien se pasea con libertad y dando lecciones de justicia social gracias a los acuerdos firmados de su puño y letra con el presidente saliente, Juan Manuel Santos. Y, a dos días de la primera vuelta de las presidenciales en las que el favorito es Iván Duque, candidato del Centro Democrático (CD) del ex presidente Álvaro Uribe, el líder terrorista ha mostrado su compromiso con la libertad de ideología y de voto de sus conciudadanos afirmando a France 24 en español: «El proceso de paz está peligrando, si gana el uribismo se siembra un nuevo conflicto».

Todo porque Duque, y su vicepresidenta la conservadora Marta Lucía Ramírez, han basado no ya su campaña, sino su quehacer político desde hace años, en el rechazo del proceso de negociación y después de implantación del pacto sellado por Santos en La Habana, bajo el patrocinio de la dictadura castrista de Cuba y la tiranía chavista de Nicolás Maduro en Venezuela.

Quiere Timochenko que el ganador sea Gustavo Petro, ex guerrillero del M19 en sus años mozos, favorito también del vecino sátrapa venezolano y seguro de vida para un texto que consagró la impunidad para los narcoguerrilleros que causaron 800.000 víctimas directas en sus 52 años de trapacerías violentas, además de casi ocho millones de afectados más o menos indirectos.

Las FARC se han mostrado claramente a favor de Petro, y han llamado a sus viejos cuadros y a sus seguidores —los que queden en el país, aunque oficialmente ya no están sometidos al yugo de las armas— a votarlo para enjugar los 12 puntos de ventaja que tiene Duque (41,5%) sobre Petro (29,5%) según la última gran encuesta de Gallup, publicada el pasado 20 de mayo.

Petro se ha apresurado a rechazar el apoyo de los narcoguerrilleros. No le conviene aparecer ante la opinión pública colombiana como le candidato de los sublevados. Ésos que se han beneficiado de la impunidad por la Justicia Especial para la Paz (JEP), que los deja libres sólo con confesar y comprometerse a dejar de matar; ésos que tienen escaños regalados en el Congreso de la República por tres legislaturas; ésos a los que se les han regalado estaciones de radio, a pesar de que la ley prohíbe que un partido político tenga medios de comunicación; ésos que hacen política y tratan de marcar quién es un buen demócrata en un país hastiado de su presencia amenazante.

Pero Andrés París —otro de los comandantes de los narcoteroristas— ha difundido varios mensajes recordando a sus militantes que a quien tienen que votar es a Petro. Quizá como complemento al aviso de Timochenko de que «si gana Duque, hay conflicto».

La amenaza no es sólo de palabra. Las FARC no han entregado ni la mitad de las armas que se les tenían contabilizadas; hoy hay más disidentes contrarios a los acuerdos y regresados al monte que guerrilleros en las zonas veredales que se han habilitado para su mejor convivencia y regreso a la sociedad; y además, ninguno de los miles de millones de dólares amasados en décadas de narcotráfico han sido devueltos para el resarcimiento de las víctimas de su actividad criminal.

Así que tienen personal, armas y dinero para amenazar al Estado. Como antes, o peor. Porque ahora tienen el expediente limpio ante la Justicia. Prueba de ello ha sido la reciente detención de Jesús Santrich, otro de los comandantes de las FARC, a quien la DEA estadounidense ha acusado de seguir traficando con cocaína en toneladas incluso después de la firma de los acuerdos y de su entrada en vigor a inicios de 2017. la JEP lo ha exculpado: no lo entregará a EEUU, lo ampara, no pasa nada.

Iván Duque y Marta Lucía Ramírez pretenden revisar los acuerdos. Legitimados por el rechazo del pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, convocado por Juan Manuel Santos después de la firma solemne de los acuerdos en Cartagena de Indias. Confiaba el presidente en su victoria arrolladora y el triunfo del NO fue sorpresa hasta para sus defensores.

El éxito del uribismo —la campaña la llevaron el propio Álvaro Uribe de la mano del también ex presidente Andrés Pastrana y del ex procurador de la República Alejandro Ordóñez— supuso un aldabonazo en el mundo entero. No es que los colombianos rechazaran la paz, como decían los que llamaban al rechazo del acuerdo, es que no querían esos términos.

Nadie pudo argumentar ya más desde entonces que el uribismo no quería la paz y que vivía bien en el conflicto: el 50,21% de los votantes colombianos refrendaron la postura que hoy defiende Duque, el probable nuevo presidente de Colombia, si no en primera vuelta —su campaña se está cerrado con un mensaje: «nos quedan ocho puntos para evitar el balotaje, ve y vota»—, al menos sí después del 17 de junio.