Ximo Puig señalado por un técnico: las subvenciones a su hermano eludieron los controles al estilo de los ERE

Un técnico de la Generalitat valenciana acaba de complicar aún más la situación de Ximo Puig en el escándalo de las subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano al hermano del presidente. Vicente Tortosa, actual concejal independiente de Compromís en Novetlé, era el encargado de supervisar las subvenciones en el organismo que se convirtió en el maná de las empresas de la familia de Ximo Puig: la Dirección General de Política Lingüística. Y ahora ha declarado en sede judicial que las subvenciones a las empresas del hermano de Puig eludieron los controles, al más puro estilo de los ERE de Andalucía. Según el técnico de la Generalitat valenciana, «nunca se comprobaron las subvenciones de 2015 y 2016», otras veces eran «aleatorias», y que, por si fuera poco, se realizaban «por sorteo» y otras porque «no había nada» que les hiciera dudar de las mismas.

Sobre las subvenciones asignadas a Francis Puig, el hermano del presidente Ximo Puig, el técnico en cuestión ha desvelado que en 2017 no se practicaron controles a ninguna empresa. Y que sólo tras exigirlo el Tribunal Superior de Justicia valenciano se implantó un plan de control sobre las subvenciones concedidas en 2015 y 2016.
 Sobre los supuestos controles en 2017 y 2018, ha afirmado que los controles sólo se realizaron por muestras aleatorias, pero que, además, se alteró ese plan para aplicarlo por el criterio de muestras de riesgo tras la denuncia del PP.

Tortosa señaló, por último, que las empresas deben enviar un disco duro con el material publicado y los trabajos realizados en el periodo sobre el que se les asignan ayudas públicas.

Por si fuera poco, Tortosa aclaró que en el caso concreto del hermano de Ximo Puig, no tuvo controles sobre las subvenciones de 2015 y 2016 porque nada les hizo dudar de su correcta asignación y ejecución. Y que, además, tampoco le tocó al hermano dentro del sorteo que se efectuó de subvenciones que, de forma aleatoria, debían someterse a control. Resumido: que durante todo ese periodo, no hubo control alguno.

El PP ha recogido sus testimonios en la argumentación jurídica, donde señala que el jefe de Servicio de Política Lingüística y ahora concejal de Compromís, “Sr. Tortosa manifestó que con respecto a las subvenciones de 2015 y 2016 no se habían practicado los planes de control”. “Es más, en una extensa exposición de los hechos, el Sr. Tortosa, con todo detalle, expuso que ‘no pudieron mirar los expedientes […] porque no había tiempo material’ y que ‘nunca se comprobaron las subvenciones de 2015 y 2016’. Es más, el Sr. Tortosa no deja margen a la duda cuando manifiesta que ‘no se controlan hasta 2018 porque no había nada que les hiciera dudar’».

Contratos menores, facturas…

La declaración deja en una situación delicada al actual presidente autonómico. Y es que entre contratos menores, facturas y subvenciones para contrataciones y transferencias, los hermanos de Ximo Puig han recibido 249.261,04 euros de la Generalitat Valenciana desde que Puig la preside. Una cifra que se suma a las subvenciones al fomento al valenciano -que ascienden a 600.000 euros– para conformar un total de 850.000 euros en cuatros años. Periodo en el que los controles, como señala Tortosa, brillaron por su ausencia o debilidad manifiesta.

Esos importes, unidos a los logrados del Gobierno de Aragón -también bajo mando del PSOE- y de la Generalitat de Cataluña -arropada por Puig en la Comunidad Valenciana por su apoyo al nacionalismo catalán- hacen que el importe recibido por los Puig ronde el millón de euros. Las empresas de los hermanos del presidente valenciano han facturado en estos cinco años casi 79.000 euros a través de 27 contratos menores y facturas a los diferentes organismos de la Generalitat.

Desde 2016 han recibido 170.486,67 euros en 13 subvenciones directas para contratación de Labora-Servef. Además, han recibido 600.000 euros en ayudas al valenciano. Y todo ello en medio de irregularidades como la existencia de transferencias de 15.000 euros desde Turismo que no figuran ligadas a ningún expediente oficial.

El resultado implica que los hermanos de Puig han recibido contratos o ayudas de hasta cuatro consejerías, es decir, del 40% de las consejerías valencianas, que han contratado con las empresas de la familia de Puig desde que Ximo Puig es presidente: Educación, Presidencia (a través de Turismo), Infraestructuras (a través Vaersa) y Economía (mediante el Servef). Una cifra que se suma a las facturas realizadas al canal de la televisión pública A Punt.

Los hermanos de Puig han cargado, así, 6 facturas a Turismo, 3 a Vaersa y 18 a S.A de Mitjans de Comunicación, y han recibido 13 subvenciones de Labora. Desde que A Punt se puso en marcha, los hermanos de Ximo Puig han emitido 18 facturas por diferentes servicios contra este ente público.
Hay que recordar que toda esta información se suma a la ya descubierta, porque la Justicia investiga en estos momentos las subvenciones entregadas por el presidente socialista  a su hermano Francisco Puig, que se encuentra imputado por este concepto.

Una década de ayudas a la empresa familiar

La historia, además, tiene un inicio en el que Ximo Puig se personó de forma totalmente directa para favorecer a su hermano: la concesión de licencias y subvenciones en el periodo en el que el dirigente del PSOE de la Comunidad Valenciana era el alcalde de Morella. En esa época, además, Ximo Puig presidió los plenos en los que se otorgaron las subvenciones y licencias de TDT a su hermano.

El presidente de la Generalitat valenciana, por lo tanto, lleva más de una década sustentando la empresa de su hermano, a quien ha regado con subvenciones desde que era alcalde de la citada localidad ubicada en la provincia de Castellón.

Durante su etapa en el Consistorio presidió los plenos que otorgaban a la empresa Comunicación dels Ports S.A, numerosos contratos del Ayuntamiento e, incluso, hasta la licencia para operar en TDT.
 Francisco Puig dirige el grupo de Comunicación dels Ports S.A, conformado por medios de prensa, televisión y radio además de otras empresas y soportes audiovisuales.

Y, por si fuera poco, los populares investigan ya la posible deriva judicial y penal de la condonación, decidida personalmente por Puig, de 1,3 millones de euros de deuda pública a una empresa de la que es accionista directo el propio presidente. Ximo Puig pasó la decisión por el Consell donde él tiene un papel decisivo.