Vox reclama que el CGPJ intervenga para desbloquear la petición de Bolivia de interrogar a Iglesias

El Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha reclamado en un escrito registrado en la Cámara Baja la mediación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desbloquear la comisión rogatoria anunciada en enero por Bolivia para poder interrogar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los pagos del anterior Ejecutivo de Evo Morales y la presunta financiación irregular de su partido.

Así lo pide Vox a través de dos preguntas parlamentarias formuladas al Gobierno sobre este asunto. En concreto, la secretaria general del Grupo y portavoz adjunta, Macarena Olona, y otros seis diputados de su formación señalan que el Reglamento 1/2018 del CGPJ sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional dispone en su artículo segundo apartado primero que el órgano de gobierno de los jueces «prestará su asistencia a los órganos jurisdiccionales españoles para la debida ejecución de las peticiones que reciban los juzgados y tribunales españoles».

A continuación, Olona subraya que el apartado segundo del mismo artículo establece que «el CGPJ, a través del Servicio de Inspección, de los presidentes de tribunales y audiencias, y de los jueces y magistrados decanos, velará por el cumplimiento de las peticiones de auxilio judicial internacional dirigidas a órganos jurisdiccionales españoles».

Vox, que se reunió con las autoridades bolivianas para impulsar dicha comisión rogatoria, demanda así que intervenga el Consejo General del Poder Judicial tras conocerse una reciente respuesta del Gobierno -publicada por OKDIARIO- a una batería de preguntas del PP sobre el estado actual de dicha petición de Bolivia. En esta contestación de Moncloa, de la que se hace eco la formación de Santiago Abascal, el Ejecutivo decía con fecha de 16 de septiembre que «tiene conocimiento de la comisión rogatoria», pero no aporta ningún detalle más y se limita a informar sobre sus competencias.

De momento, se desconoce si ha habido pronunciamiento de la Fiscalía General que dirige la ex ministra socialista Dolores Delgado. La oposición critica que, por el contrario, la fiscal general sí haya tenido tiempo para cursar la declaración de Rodolfo Martín Villa ante la Justicia argentina por muertes de la etapa franquista.

De este modo, Vox denuncia que la respuesta parlamentaria del Gobierno de PSOE y Podemos «no hace mención a si se ha producido, ni en qué fecha, la remisión de la comisión rogatoria a la autoridad jurisdiccional competente», que, según las fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO, debería ser la Audiencia Nacional.

En su contestación, el Ejecutivo no va más allá de decir de admitir la recepción de la comisión rogatoria sobre Pablo Iglesias y señalar que las competencias del Gobierno aquí «se refieren únicamente a la recepción de las solicitudes de cooperación judicial internacional, comprobación de que reúnen los requisitos formales exigidos por el Convenido, y su envío a la autoridad judicial competente para su ejecución». «Son las autoridades judiciales, en última instancia, las que adoptan las medidas necesarias para dar respuesta  a lo solicitado», añade Moncloa.

Nuevas preguntas

En este contexto, y en caso de no haber remitido todavía la comisión rogatoria a la autoridad jurisdiccional competente, Vox pregunta al Gobierno si «ha recibido alguna nueva solicitud de la Fiscalía General de Bolivia para que se dé el debido impulso procesal». Además, el partido de Abascal plantea al Ejecutivo si «tiene conocimiento de que el CGPJ haya recibido alguna solicitud por parte del órgano jurisdiccional competente para la debida ejecución de la comisión rogatoria».

En la exposición de motivos de sendas iniciativas, Vox invoca el artículo 278 de la ley orgánica del Poder Judicial y recuerda los supuestos en que la prestación de cooperación internacional por parte de juzgados y tribunales puede ser denegada, sin que el caso de la comisión rogatoria de Bolivia encaje en tales causas de desestimación.

El fiscal Lanchipa

El pasado 8 de enero, el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, anunció que iniciaba los trámites para solicitar a España las declaraciones de los cofundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ex juez Baltasar Garzón

Además, Lanchipa remitió una nota al Ministerio de Exteriores reclamando a las autoridades de España vía diplomática un informe sobre el motivo de la presencia del personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en suelo boliviano. Al respecto de este incidente, el Ministerio Público señaló que quería «esclarecer el caso de los encapuchados que pretendieron irrumpir en instalaciones de la Embajada de México en la zona sur de La Paz, el pasado 27 de diciembre de 2019».

La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática sobre materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.

En su respuesta parlamentaria al PP, el Gobierno socialcomunista tampoco aclara si ya ha procedido dentro de su competencia a la «comprobación» de que la solicitud de las autoridades bolivianas para poder interrogar a Pablo Iglesias «reúne los requisitos formales» exigidos por el Convenio de colaboración suscrito entre ambos países.

Neurona y fraude electoral

Entre tanto, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid está investigando a Podemos -imputado formalmente- por los contratos suscritos entre el partido y la filial española de la consultora mexicana Neurona Comunidad SL para las generales del 28 de abril de 2019 por un importe de 308.257,20 euros, a raíz de un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que apunta a la presunta comisión de delitos de fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

Esta consultora, próxima a Juan Carlos Monedero, está siendo investigada también en Bolivia por irregularidades en la contratación de sus servicios por parte del anterior Ejecutivo de Evo Morales.