La UE retrata a Sánchez: el informe de Europol del terrorismo de los CDR se hizo con datos del Gobierno

La Comisión Europea acaba de responder a un requerimiento del ex presidente catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont sobre el polémico informe de Europol que considera al separatismo catalán como «activo y violento». Es el mismo documento que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido por escrito rectificar, plegándose a las exigencias del separatismo. Ese informe, que analiza las tendencias terroristas en toda la Unión, se elabora «basándose en los datos cualitativos y cuantitativos» que facilitan los estados miembros. Es decir, que lo que se refleja en ese informe es lo mismo que trasmitió España.

El informe de Europol fue publicado el pasado mes de junio, y pocos días después, Puigdemont y varios de sus colaboradores presentaron una pregunta ante la Comisión exigiendo explicaciones sobre la inclusión del «independentismo catalán» dentro de un apartado de terrorismo «etnológico y separatista».

La respuesta llegó el pasado viernes. La Comisión Europea, por medio de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, responde punto por punto a las dudas planteadas por los de Puigdemont sobre los datos verificados que utiliza Europol para elaborar este informe. Según indica por escrito la Comisión, en una respuesta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los datos con los que se elabora el documento de análisis son «facilitados por los Estados miembros sobre atentados terroristas, detenciones y resoluciones judiciales dictadas por delitos de terrorismo».

Es decir, que todo lo que refleja el informe que no ha gustado al separatismo catalán se basa en la información que le ha aportado el Gobierno español, pese a que ahora se descuelgue con una petición de rectificación. La solicitud la ha planteado el Ejecutivo de Sánchez apenas unas semanas después de reclamarlo el propio Puigdemont. 

«Fiabilidad de los datos»

Además, el ex presidente de la Generalitat fugado de la justicia española instaba a la Comisión a explicar «la exactitud, objetividad y fiabilidad de los datos y la información» aportada por España a este informe de Europol, tras ver que consideraba al movimiento separatista catalán como uno de los más «activos y violentos» del panorama nacional.

La Comisión explica en su respuesta a Puigdemont que no verifica esos datos, sino que lo hace la propia Europol en base, nuevamente, a la información aportada por los países. De hecho, niega que sus criterios de lo que puede o no puede ser considerado terrorismo sean más estrictos que los de los propios Gobiernos. Es decir, que aplica una política de mínimos para entender si un suceso es terrorismo o no.

Así, la UE defiende que su criterio «establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados con un grupo terrorista y los delitos relacionados con actividades terroristas en la UE. Los estados miembros pueden ir más allá de las definiciones mínimas de la Directiva». Básicamente, si la Europol ha considerado que actividades como las de los CDR podrían incardinarse dentro del fenómeno terrorista, es porque así lo entendieron previamente las fuerzas de seguridad y la justicia española.

Esto choca frontalmente con la versión aportada por el Gobierno de Pedro Sánchez al exigir la rectificación del informe de Europol, asegurando que su propio informe de conclusiones -que no es público- no considera a estos grupos separatistas violentos como terrorismo.

La carta de rectificación, además, utiliza como parapeto al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) para asumir que el separatismo catalán sólo «quema banderas» y realiza «escraches». El Citco está dirigido por un general de la Guardia Civil, el mismo cuerpo que investigó durante años a los detenidos por la llamada Operación Judas, por la que 12 separatistas se enfrentan a la imputación de delitos de pertenencia a organización terrorista, y 8 de ellos por fabricación y tenencia de explosivos, así como conspiración para cometer estragos.

Todo esto apuntaría a que la rectificación ahora solicitada a Europol es más una maniobra del propio Gobierno de Sánchez que una demanda de los investigadores antiterroristas españoles.

CDR «activos y violentos»

«Activos y violentos». Así define la Europol a ciertas organizaciones como los CDR vinculadas al separatismo catalán en su informe sobre tendencias terroristas de 2023, el mismo documento que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido rectificar a exigencia de sus futuribles socios de Junts. La petición la verbalizó el pasado 5 de septiembre el propio ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en plena negociación para investir a Sánchez.

Una mención en un simple párrafo dentro de un informe técnico de Europol de cerca de 100 páginas, pero suficiente como para que el Gobierno de Pedro Sánchez decida movilizar al general de la Guardia Civil que dirige el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (Citco) para exigir una rectificación por carta.

El párrafo de marras, el que tanto ha molestado al independentismo, indica que «en España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro del escenario separatista español».