Trump, temblando: Unidas Podemos plantea que Cáceres le declare persona ‘non grata’

El Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, en una nueva deriva woke ha registrado una moción para el pleno ordinario de este jueves, en la que insta a declarar persona non grata al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que representa «un peligro real para la paz mundial». No consta que hay haya hecho lo mismo con Vladimir Putin.

Según el texto de la iniciativa, las recientes actuaciones del Gobierno estadounidense bajo la presidencia de Trump, especialmente la operación militar directa en Venezuela, constituyen «un acontecimiento de extrema gravedad» que vulnera el derecho internacional, atenta contra la soberanía de los pueblos y pone en riesgo la seguridad global y «el futuro de nuestros hijos e hijas».

Unidas Podemos denuncia que las políticas de Trump suponen «el derribo del multilateralismo, la legalidad internacional y los principios básicos de no injerencia e integridad territorial», y señala que desde las instituciones locales también es necesario» dar una respuesta clara y unitaria en defensa de la paz».

La moción no se limita a la declaración simbólica contra Trump, sino que incluye «reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía, solución pacífica de conflictos y respeto al derecho internacional». Asimismo, pide «condenar cualquier intento de imponer cambios políticos, económicos o territoriales mediante la coerción, ya sea militar, económica o diplomática, incluyendo las amenazas dirigidas contra Venezuela, Cuba, México, Colombia o el territorio de Groenlandia. Y expresar su solidaridad con los pueblos afectados por estas políticas, defendiendo su derecho a decidir libremente su futuro sin presiones externas

Asimismo, insta al Gobierno de Sánchez a iniciar un proceso de salida de la OTAN, conforme a los mecanismos legales y con un amplio debate social y parlamentario.

Pide dar traslado de la moción al Ejecutivo central, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los grupos parlamentarios del Congreso.