El Tribunal de Cuentas Europeo halla anomalías en España en fondos para electrolineras y ayudas a ‘ninis’

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha identificado irregularidades en los planes de España y su ejecución en relación al uso de fondos europeos la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y en los subsidios a jóvenes que ni trabajan ni estudian, según revela su último informe anual consultado por OKDIARIO. El órgano fiscalizador de la Comisión Europea menciona dos veces a España. Por un lado, deja constancia de que no se ha definido ni mínimamente los objetivos para crear puntos de recarga para coches eléctricos y que en el programa Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) los auditores detectaron que algunos participantes no cumplían los requisitos para ser considerados jóvenes nini, una condición necesaria para recibir estas ayudas según establece el artículo 16 del Reglamento del Fondo Social Europeo.

En concreto, los auditores señalan que la normativa española no especifica con claridad el número ni la proporción de puntos de recarga que deben instalarse en los aparcamientos. El TCE dice que la ambigüedad en la definición del objetivo a nivel comunitario permite que «cualquier modificación, aunque sea poco exigente, baste para el cumplimiento satisfactorio del hito», según indica el informe. Como informó OKDIARIO, España tiene muchas deficiencias en esta materia. La instalación de electrolineras con ayudas públicas es escasa y buena parte de la red no funciona.

Esta falta de concreción en los objetivos, dicen los auditores, podría comprometer el desarrollo efectivo de la red de recarga eléctrica en España, un elemento que ven crucial para la transición hacia una movilidad más sostenible y el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos.

Esa primera observación forma parte de una serie de deficiencias detectadas por el TCE en la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en varios países europeos, donde la definición imprecisa de objetivos dificulta la evaluación del cumplimiento real de los compromisos adquiridos. Fuentes consultadas por este periódico subrayan que la auditoría no se hace por países. El objetivo es dar información a la Comisión Europea y al Parlamento comunitario y no hacen un desglose por países, más allá de señalar algún caso concreto. En todo caso, subrayan que España tiene muy buenos controles y fiscalización. En cambio, otros países, como podría ser Italia, esa ejemplaridad no es igual.

El hallazgo en relación a los puntos de recarga se suma a problemas en el programa operativo Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) que también se nutre de fondos comunitarios. El problema se arrastra desde 2021. Ya entonces la Comisión Europea quiso interrumpir los pagos del programa. Entre las irregularidades previas se encontraban el registro retroactivo de beneficiarios en el sistema nacional de Garantía Juvenil, la falta de verificación del cumplimiento de los requisitos de los jóvenes nini y la detección de gastos no subvencionables relacionados con trabajadores sustitutos que se cargaban a los fondos europeos.

Como consecuencia de estas irregularidades, las autoridades nacionales tuvieron que aplicar correcciones financieras por valor de 103 millones de euros: 50 millones a instancias de la Comisión Europea y otros 53 millones adicionales por parte de la autoridad de gestión.

Informe anual

El TCE ha presentado recientemente en el Senado su informe anual relativo al ejercicio 2023. Confirman que existe un significativo incremento de las irregularidades en el gasto del presupuesto de la Unión Europea, que alcanzó un 5,6% frente al 4,2% registrado el año anterior.

La política de cohesión emerge como el área más problemática, con un porcentaje de error del 9,3%, un aumento considerable respecto al 6,4% de 2022. En este ámbito se detectaron 25 casos de costes no subvencionables y 27 procedimientos que incumplían las normas de contratación pública nacionales. Entre los factores que han contribuido a este incremento se encuentran los pagos realizados durante la pandemia, la presión por ejecutar los fondos al final del marco financiero y la concurrencia con otros fondos europeos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El informe detalla que en 2023 el TCE  llevó a la OLAF (la Oficina europea de lucha contra el fraude) un total de 20 casos (6 más que el ejercicio anterior) de presunto fraude. La OLAF ha abierto 4 investigaciones a raíz de esas denuncias. Paralelamente, han tramitado 17 denuncias ante la Fiscalía Europea, y este órgano ha arrancado 9 investigaciones al respecto.

Por ejemplo, un agricultor que recibe buena cantidad de fondos europeos trató de computar terreno de árboles como zona de cultivo, creando varias empresas para recibir más dinero. En todo caso, en el área de recursos naturales y medio ambiente, donde la agricultura representa la mayor parte del gasto, el nivel de error se mantuvo estable en el 2,2%. Las auditorías revelaron 15 errores cuantificables en pagos directos, principalmente relacionados con agricultores que sobreestimaron superficies subvencionables o calcularon incorrectamente los pagos.

El informe dedica especial atención al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en 2023 gestionó 53.600 millones. La auditoría examinó los hitos y objetivos vinculados a 23 pagos de subvenciones a 17 Estados miembros, detectando deficiencias en 16 hitos u objetivos que afectaron a siete pagos diferentes.

El TCE ha anunciado importantes cambios en la metodología de auditoría para 2025. El TCE abandonará el principio de auditoría única aplicado desde 2017 y pasará a auditar directamente una muestra representativa de operaciones. Además, se introducirán pruebas sustantivas en la auditoría del MRR, incluyendo la revisión de 30 expedientes de contratación pública y 30 expedientes de ayuda de estado.

El TCE tiene previsto publicar 69 informes y exámenes especiales en 2025 y 2026, además del informe anual. Entre las iniciativas destacadas se encuentra una revisión sobre el futuro de la política de cohesión tras 2027, la doble financiación de proyectos y un informe especial sobre la reutilización de los instrumentos financieros financiados por la política de cohesión.

El tribunal también destaca su compromiso para fortalecer la cooperación con las autoridades nacionales, el Tribunal de Cuentas de España, la Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Precisamente el interventor general del Estado, Pablo Arellano, acudió a esa presentación. Esta colaboración incluirá la organización de cursos conjuntos de metodología, intercambio de personal entre instituciones y un diálogo constante a nivel bilateral.