Consejo de Transparencia

Transparencia también blinda la ‘tesis fake’ de Sánchez: «Es una cuestión privada»

El Consejo de Transparencia denegó el acceso a información sobre el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de Pedro Sánchez, el paso previo para la tesis doctoral.

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El Consejo de Transparencia desestimó las alegaciones de un ciudadano que requería información sobre la convalidación de los estudios de doctorado de Pedro Sánchez por parte de la Universidad Camilo José Cela, alegando que se trata de una «cuestión de carácter privado». 

Sánchez inició sus cursos de doctorado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, un centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en 2001-2002. El ahora presidente en funciones obtuvo tres años después del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), o suficiencia investigadora. Después, y tras varios años de parón, retomó los trabajos, aunque ya en la Universidad Camilo José Cela, donde completó su tesis y la leyó finalmente en noviembre de 2012, obteniendo la calificación de ‘cum laude’.

El reclamante trasladó al Gobierno lo siguiente: «El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara en su currículum convalidación de estos estudios en la Universidad Camilo José Cela para registrar allí su tesis doctoral, en una época en la que se exigía el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) como paso previo a la tesis doctoral. Solicito también el título del trabajo que le sirvió para la obtención del DEA y el nombre del tutor académico que supervisó esos estudios».

Sin embargo, el Ejecutivo dejó expirar, sin respuesta, el plazo de un mes (prorrogable otro más) para resolver la petición. El reclamante recurrió entonces al Consejo de Transparencia, que acabó resolviendo que «la información solicitada por el reclamante no puede considerarse encuadrada en su interés para el control de la actuación pública y la rendición de cuentas por las decisiones de los responsables públicos sino que se interesan por cuestiones de carácter privado y vinculadas a la formación académica del actual presidente del Gobierno».

Para llegar a la conclusión, el Consejo de Transparencia recordó que la Ley -artículo 125- regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, «entendida como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

«Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas», se puede leer en el expediente.

El organismo recuerda que «sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

Sin embargo, advierte a continuación: «La información solicitada por el reclamante no puede considerarse encuadrada en su interés para el control de la actuación pública y la rendición de cuentas por las decisiones de los responsables públicos sino que se interesan por cuestiones de carácter privado y vinculadas a la formación académica del actual presidente del Gobierno». En resumen, una información que el organismo consideró no relacionada con el ejercicio del cargo público de Sánchez.

En consecuencia, y aún advirtiendo a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que «debe proporcionar una respuesta a las solicitudes de acceso a la información que le dirigen los ciudadanos», el organismo desestimó la reclamación.

Un año de la exclusiva de OKDIARIO

Las dudas sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno en funciones no han sido aclaradas desde que, el pasado septiembre, OKDIARIO reveló en exclusiva sus múltiples irregularidades.

La investigación sobre el trabajo académico de Pedro Sánchez no ha dejado de dar titulares. El último, como publicó hace unos días este periódico, que el dirigente socialista registró su tesis en el Ministerio de Educación con un título distinto del que luego publicó.

Así lo revela la wiki SánchezPlag, espacio colaborativo de internautas, a partir de un trabajo de 2015 del investigador Manuel Blázquez Ochando que recuperó fichas incompletas de tesis doctorales procedentes de la base de datos TESEO.

En concreto, ese título distinto que llegó a registrar Sánchez fue ‘La UE: ejemplo de integración económica regional’. Como directora ya aparecía María Isabel Cepeda, y como descriptores temáticos: «Economía del área europea» y «Economía sectorial». En cambio, la tesis defendida, con la que obtuvo calificación apto cum laude, se titula ‘Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)’  y como descriptor sólo figura «Economía Internacional». Ninguno de sus capítulos se denomina como ese otro título registrado.

En paralelo, la Comisión de Investigación constituida la pasada legislatura en el Senado sobre la tesis falsa del presidente concluyó, en marzo, que Sánchez usó fondos y recursos públicos para defenderse desde La Moncloa de las informaciones publicadas por OKDIARIO.

Sánchez -tal y como adelantó este periódico- usó un ‘negro’ –Carlos Ocaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Industria- para elaborar su tesis; plagió discursos, informes y trabajos oficiales o de otros autores en su tesis; y además se benefició de un tribunal plagado de anomalías.

El documento de la Comisión de Investigación del Senado confirmó que “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha mentido o ha hecho mentir a otros sobre el porcentaje de plagio [de la tesis] utilizando recursos públicos, ya que se ha utilizado la página del Ministerio de Presidencia desde Moncloa para publicar los resultados de informes antiplagio falsos y/o inexistentes que arrojaban conclusiones más favorables sobre el porcentaje de plagio de la tesis doctoral”.

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