Transparencia exige los informes médicos que avalaron a Sánchez e Iglesias para saltarse la cuarentena

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da diez días al Ministerio de Sanidad y, en concreto, al centro de Fernando Simón, para que le remita la copia de «los informes médicos, protocolos sanitarios, manuales de procedimiento o cualquier documentación» que avale que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pudiesen saltarse la cuarentena a la que estaban obligados por el positivo de sus parejas.

De la misma manera, el organismo avisa que la Dirección General de Sanidad debe informar de los «protocolos o recomendaciones» relativas a «licencias y permisos» para no cumplir con dicha obligación «y en qué ocasiones puede cualquier persona saltársela» así como «los motivos que permiten su incumplimiento».

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO, después de que el Gobierno se negase a facilitar a un ciudadano dicha información. 

Cabe recordar que tanto Sánchez como Pablo Iglesias mantuvieron actividad pública pese a que sus parejas habían dado positivo en coronavirus. El líder de Podemos, por ejemplo, acudió al Consejo de Ministros apenas dos días después de que Irene Montero comunicase su contagio, lo que habría obligado a Pablo Iglesias a estar en cuarentena. Un hecho que se produjo cuatro días después de que la ministra participase en la manifestación del 8-M, alentada desde el Gobierno. «No tengo coronavirus. Por delante me quedan 14 días de cuarentena cuidando a mi familia y trabajando por medios telemáticos. Gracias a los profesionales de la sanidad pública; sois los héroes y heroínas de nuestro país», afirmó entonces Pablo Iglesias.

Pese a ese contagio, el vicepresidente podemita no tuvo pudor en saltarse las reglas sanitarias para acudir a la reunión en La Moncloa. Desde el Gobierno, a través de distintas respuestas por escrito en el Congreso y el Senado, se alegó que la presencia de Pablo Iglesias era «fundamental» para «coordinar» las políticas sociales de la pandemia, asegurando además que se siguió «un protocolo sanitario organizado por indicación de Sanidad», que nunca se hizo público.

El presidente socialista también se saltó la cuarentena a la que estaba obligado, en primer lugar, por el positivo de su mujer, Begoña Gómez. Sánchez, además, mantuvo contacto estrecho con varios infectados, ya que otros miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta Calvo, también resultaron contagiados. Pese a ello, participó en distintas reuniones e incluso actos públicos.

El responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respondió a las críticas alegando que, pese a que por norma general lo recomendable sería guardar dicha cuarentena, hay «algunas situaciones» que se tienen que evaluar «por múltiples razones».

«Pueden darse situaciones que personas sin sintomatología y que presentan un riesgo marginal tengan que tener una cierta actividad laboral y se tienen que hacer excepciones», trató de justificar Fernando Simón.

Ahora, en cambio, Transparencia insta al Gobierno a aportar un soporte documental que justifique que los dirigentes políticos puedan prescindir de una obligación que sí se aplica al resto de ciudadanos. 

A este respecto, el organismo señala: «No puede obviarse a nuestro juicio que la información requerida tiene la consideración de información pública, debiendo obrar en poder del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ministerio de Sanidad)».

«Sanciones penales»

«En consecuencia, se puede deducir que existen los informes médicos, protocolos sanitarios, manuales de procedimiento relativos a que el presidente del Gobierno, ministros y altos cargos puedan abandonar la cuarentena por motivos laborales u otros y a las licencias y permisos para ello, que es básicamente el objeto de la solicitud de información», prosigue el Consejo.

Avisa, además, que «se trata de información que obra en poder de la Administración y entronca con la ratio iuris de la norma ya que permite conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones y, en este caso, ante la grave situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19». «Máxime cuando el incumplimiento de las estrictas restricciones de movilidad establecidas para preservar la seguridad sanitaria frente a la Covid-19 supone enfrentarse a importantes multas e, incluso, sanciones penales».