TRIBUNALES

Las «torturas» que denuncian 268 separatistas en el 1-O: «Me cogieron de la chaqueta y me empujaron»

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga una pluralidad de denuncias de independentistas contra policías

La Ley de la Amnistía no beneficiará a los policías nacionales acusados de «torturas» que frenaron a los independentistas

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  • Irene Tabera
  • Periodista. Investigación y Tribunales en OKDIARIO. Antes en Mediaset Italia y Atresmedia. Periodismo en la Universidad Complutense. Máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Madrileña.

268 independentistas que votaron o intentaron hacerlo en el referéndum inconstitucional del 1-O denunciaron haber sufrido «torturas» por parte de los agentes de la Policía Nacional que trataron de impedir la votación para salvaguardar la legalidad. Estos cientos de denuncias están en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que ha terminado procesando a 45 agentes de la Policía Nacional no sólo por la presunta comisión de un delito de lesiones, sino también por delitos de torturas y contra la integridad moral previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, tal y como consta en el auto que abre el juicio contra los agentes al que ha tenido acceso este periódico.

El juez instructor Francisco Miralles ha recogido en una causa los cientos de denuncias presentadas por los independentistas del 1-O. Los testimonios de los denunciantes son variados. Desde un «me cogieron de la chaqueta y me empujaron» o «me puso el dedo en el ojo», hasta «me levantaron del suelo» pasando por «me pisaron el tobillo» o «me empujaron». Las acciones policiales —que podrían ser constitutivas de un posible delito de «torturas» tal y como señala el instructor— corresponden a los desalojos que hicieron los agentes de los colegios donde los independentistas trataron de votar de forma ilegal. Los manifestantes opusieron resistencia a pesar de que el referéndum fue declarado inconstitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a los efectivos policiales frenar la votación ilegal.

Sin embargo, la actuación policial —enmarcada bajo el nombre Operación Copérnico— sigue en tela de juicio en los tribunales catalanes seis años después. El juez Miralles ha dado validez a los testimonios de los independentistas y ha adjuntado en la causa los informes forenses de los facultativos que atendieron a los manifestantes. La amplia mayoría de estos informes señalan que sufrieron «contusiones sin secuelas». Además, los forenses evidencian que decenas de separatistas no quisieron continuar con los procedimientos a pesar de haber denunciado previamente.

Las denuncias han acabado encausando a 45 agentes de la Policía Nacional que tendrán que sentarse en el banquillo para dar explicaciones sobre su intervención en los 27 colegios de Barcelona donde actuaron. Los agentes ya han declarado en sede judicial durante la fase de instrucción como imputados y ahora tendrán que sentarse en el banquillo tras ir a juicio. Si bien la Ley de Amnistía estaba diseñada para olvidar los delitos cometidos por el independentismo, esta causa contra policías nacionales continúa su recorrido en los juzgados ya que la amnistía no beneficiará a los agentes acusados de «torturas».

Operativo policial en el 1-O

Los policías tendrán que rendir cuentas ante el juez por su intervención durante el operativo diseñado para frenar el referéndum de los independentistas celebrado el 1-O. Fuentes policiales presentes en el dispositivo aseguran que las órdenes sobre cómo intervenir durante el referéndum independentista fueron trasladadas a los agentes tan sólo dos días antes de su celebración en el Complejo Policial La Verneda (Barcelona). 

Estas mismas fuentes aseguran que las instrucciones de los comisarios fueron evitar detenidos, traslados a comisaría y no perder el tiempo en redactar actas que la Generalitat de Cataluña no iba a tramitar. La situación era bastante delicada y había que evitar incidentes a toda costa. Tampoco se dieron órdenes por escrito a pesar de que fue el dispositivo policial más importante de la democracia. Las instrucciones durante el 1-O fueron verbales a través de canal corto, según explican los agentes consultados por este periódico.

Ahora, los juzgados de Barcelona estudian si las actuaciones policiales en los colegios de la ciudad condal fueron las adecuadas. «La actuación individual de cada agente deberá ser proporcional y deberá impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral», señala el juez que ha decidido abrir juicio contra los agentes por un presunto delito de «torturas» tras las denuncias de 268 independentistas.

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