Torra anuncia que retirará la demanda contra Mas por el desvío de fondos para el 9-N

El candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que una de sus primera medidas al llegar al poder será retirar la demanda que la Generalitat-en manos del Gobierno central-presentó el pasado 20 de abril contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por destinar fondos públicos al 9-N.

En la demanda se pide además al Tribunal de Cuentas que le condene a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

Torra ha avanzado también que «el Govern nombrará un comisionado, adscrito a Presidencia, que se encargará de elaborar un plan de choque per evaluar y reparar los efectos del 155 no solo en la Administración sino al conjunto del país».

El Tribunal de Cuentas tiene abierto un proceso por los gastos públicos del 9N -a raíz de las demandas que presentaron el año pasado Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución-, en el que el pasado mes de diciembre ordenó el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de los exconsellers para cubrir la fianza de los 5,2 millones de euros destinados supuestamente a la consulta.

Los servicios jurídicos de la Generalitat reclaman en su demanda la devolución de esos 5,2 millones de euros a Mas, Ortega, Rigau y Homs como responsables directos y solidarios, así como a otros cargos de la Generalitat que posibilitaron la salida de fondos de los presupuestos del Govern para el 9-N por formar parte de órganos de contratación o estar a cargo de la fiscalización de los contratos.

Entre esos cargos a los que el Tribunal de Cuentas considera responsables del dinero público gastado en la consulta a Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia; Lluís Bertran, secretario general del Govern; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación, Ignasi Genovés, director general de Atención Ciudadana; y Jaume Domingo, director general del Diari Oficial de la Generalitat.

Las defensas de los exconsellers cuestionaban que las asociaciones que presentaron la demanda ante el Tribunal tuvieran legitimación para reclamar a Mas el reintegro del dinero que el Govern gastó en el 9N si la Generalitat, que es la institución perjudicada, no se sumaba a las acciones, según han señalado a Efe fuentes jurídicas.