Los testigos de las defensas usan la ‘desobediencia civil pacífica’ como coartada contra la violencia

Se han afanado los abogados de los líderes catalanes independentistas en acreditar que no existió violencia -al menos no la necesaria para que concurra el delito de rebelión- y cómo durante los días previos a la celebración del referéndum ilegal, y durante la misma jornada de votación, todo se redujo a una sociedad civil preñada de «pacifismo», como coartada; «coordinada de manera espontánea», gracias al «tejido asociativo» del que, al parecer, disfrutan cual privilegio en Cataluña; y, que practicó, con ejemplaridad la «ética de la resistencia pasiva».

A juzgar por el relato de los hechos que han proporcionado hoy los testigos, citados por las defensas, tanto el 20S como el 1-O en Cataluña no pasó absolutamente nada. Nada que no se limitase a un ambiente festivo y lleno de cánticos para acompañar un presunto ejercicio de «desobediencia civil» bucólica que encaja mal, sin embargo, con el cumplimiento de la legalidad. Narrativa lúdica para el relato monolítico de protestas cívicas, durante toda la vista, donde la mayor dosis de teatralidad ha corrido a cargo del ex diputado de la CUP, David Fernández, cuyo máximo hito político es haber pasado a la colección de anécdotras del imaginario colectivo por su amenaza a Rodrigo Rato, zapato en mano, durante una comisión de investigación parlamentaria sobre su época como directivo al frente de Bankia.

Fernández ha proporcionado -además de una pretendida disertación sobre su personal insumisión de conciencia frente a la legitimidad y los métodos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- una ingente colección de eufemismos antisistema, de dudosa utilidad para el esclarecimiento de los hechos, para referirse a la violencia como algo excepcional y absolutamente residual en los días de autos. Según su versión no concurrió el más mínimo atisbo de uso de la fuerza por parte de los manifestantes, en aquel otoño caliente de 2017. A lo sumo, un mero «poder- fortaleza» emanado de las concentraciones masivas, que cataloga como «reuniones de gente», articuladas en forma de «murallas humanas» y concebidas para dificultar el cierre de los colegios y la incautación de las urnas. Es decir, impedir el cumplimiento de un mandato judicial.

David Fernàndez (CUP): «Hicimos un muro de 350 personas para impedir la actuación policial».

«Si la autodeterminación es el delito yo me declaro culpable y autorreincidente porque seguiré votando hasta conseguirlo», proclama en respuesta a las preguntas del abogado Benet Salellas. Sobrevuela en su declamación «una severidad pacifista absoluta» y «una serenidad indignada» que el propio Fernández utiliza para describir el estoicismo reinante entre los concentrados el 20S frente a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña y en las inmediaciones de la CUP que registraba, en esa misma fecha, la Policía Nacional.

«La cultura de la paz y de la no violencia» será el leit motiv de toda la jornada. Un lema que estrenaba la regidora del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, quien acompañó a Oriol Junqueras a su centro de votación, en el municipio catalán, el 1-O. Junqueras «se dirigió a los vecinos para pedir calma, serenidad y expresar que a través de esa actitud demostrarían sus valores «, asegura. «También señaló que estaba convencido de que la gente encontraría la manera de defender la democracia» y que el referéndum, que por entonces ya había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, «era el punto de partida para iniciar el diálogo». «Junqueras manifestaba», abunda la testigo, que «la única manera» de conseguir la independencia era por la «vía pacífica» y descartó «en todo momento» la violencia como método válido para alcanzar la independencia.

Utiliza la testigo el mismo alegato que poco después rescatan en sus intervenciones los miembros del grupo ‘En pie de Paz’ que comparecen en la Sala. «Había mucha gente en este espacio que no era declaradamente independentista», aseguran. Era una entidad que apelaba a «la cultura de la paz y de la no violencia», añaden.

No en vano destacan, a preguntas del abogado André Van den Eynde, cómo el decálogo de la organización daba «consejos sobre cómo soportar situaciones de tensión» pero ello «no significa que estés a favor de esta tensión». «Recogíamos la teorización de la resistencia pacífica que se basaba en la experiencia de figuras como Gandhi o Martir Luther King, e incluso material de la Fundación Novac o de la propia ONU sobre la ‘no violencia’», respondían al letrado Benet Salellas .

La neutralidad de ‘Diplocat’

Previamente habían declarado ante el tribunal cuatro personas que fueron miembros del patronato del ‘Diplocat’, del que han dicho que formaban parte representantes de todo tipo de entidades e instituciones públicas y privadas y de diversas vertientes ideológicas, con las que han tratado de desvincular al organismo de la participación en el proceso independentista en Cataluña. Pese a que la entidad estaba participada al 90% por el Govern de la Generalitat y que su financiación era casi íntegramente con cargo a fondos públicos.

Los testigos, todos ellos propuestos por la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras, que también representa al exconsejero Raül Romeva, han explicado que el patronato se reunía una vez al año, normalmente hacia finales, y que en ese encuentro se hacía balance de las actividades realizadas en los últimos 12 meses y se exponía un programa de actividades para el siguiente periodo, aunque han reconocido que se trataba de una presentación «muy genérica», sin detalles concretos del contenido de las mismas y sus encargados, ni desglose de las partidas asignadas en cada caso.

Pisarello, segundo de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, intenta desligar ‘Diplocat’ de la malversación de fondos públicos de la Generalitat para la celebración del referéndum ilegal

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona, aseguraba que el ‘Diplocat’ se dedicó a «tareas de diplomacia pública, promoción cultural, social y económica de Cataluña» y cómo no le constaba que desde dicho  organismo se pagara a visitantes internacionales para tareas de observación del referéndum ilegal del 1 de octubre. «La percepción del Ayuntamiento es que todas las actividades que desarrolló el ‘Diplocat’ formaban parte de sus actividades habituales que eran elegidas de forma autónoma. Nunca nos llegó ninguna información que indicara que había desvíos» a actividades ilícitas, manifestaba Pisarello, coincidiendo así con otros testigos, que han contribuido con las defensas en desmontar el delito de malversación.

«Diplocat era una entidad neutral donde no sólo se trataba la posición sociopolítica del momento, sino también otras cuestiones, como la forma en que íbamos a salir de la crisis, las reformas laborales…», apuntaba Daniel García, quien hasta 2016 formó parte del patronato al ser miembro de la Ejecutiva de UGT en Cataluña. «Su objetivo era internacionalizar las instituciones catalanas pero no sólo en el marco del proceso soberanista», aseguraba.