El Supremo pregunta a la Fiscalía si debe citar a declarar a Illa y Simón por el estado de alarma

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre si procede admitir al recurso planteado por Curro Nicolau, el abogado valenciano que pleitea contra las órdenes ministeriales dictadas por Sanidad para desconfinar a los menores de edad, tras la declaración del Estado de alarma. Los magistrados han pedido a los representantes del Ministerio Fiscal y los letrados públicos que informen si procede admitir la causa y citar como imputado y testigo a Salvador Illa y Fernando Simón, respectivamente.

«Téngase por formulada demanda dentro de plazo, únase a los autos y dése traslado» de la misma «al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de ocho días puedan formular las alegaciones que consideren oportunas», reza la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Así, la cuestión sobre si se debe o no investigar al ministro de Sanidad y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por su gestión frente a la pandemia queda sujeto a las posiciones del departamento que dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado, ahora fiscal general, y de la Abogacía del Estado.

El Supremo ha decidido consultar a ambas instituciones antes de seguir investigando las órdenes sanitarias del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hasta la fecha, y en las sucesivas ampliaciones y recursos planteados por Curro Nicolau, la Abogacía se ha mostrado en contra. Sin embargo, el Alto Tribunal admitió resolver el recurso planteado por el abogado Curro Nicolau contra las normas que autorizaron los paseos de los niños, discriminando a los menores de 14 a 18 años -Orden 370/2020- y las salidas de los adultos en la Fase 1 de la desescalada -Orden 399/2020. Además, solicitó a Illa la entrega del expediente administrativo con todos los documentos que motivaron dichas decisiones.

La Sala Tercera dio, entonces, cinco días al titular de Sanidad para que entregase el expediente administrativo en el que se apoyó el Gobierno para permitir las salidas de los pequeños de hasta 14 años, en pleno confinamiento durante la crisis sanitaria del coronavirus. Según un auto que OKDIARIO publicó en primicia, el Alto Tribunal impulsó la causa contra Illa y los magistrados reclamaron, hasta en dos ocasiones al ministro, todos «los informes que considere procedentes» para justificar las condiciones en las que se autorizó que «los niños y niñas pudiesen realizar desplazamientos fuera del domicilio durante la vigencia del estado de alarma» y sus posteriores prórrogas.

Sin embargo, el Supremo rechazó suspender urgente y provisionalmente la aplicación de la orden ministerial de Salvador Illa -Orden SND 370/2020, de 25 de abril- en la que se fijaron los requisitos para que los menores de edad pudiesen empezar a disfrutar de pequeñas salidas. El abogado Curro Nicolau, que pleitea contra el Gobierno por el estado de alarma, ha pedido ahora al Alto Tribunal que determine si la fórmula empleada por el ministerio de Sanidad -una orden sin rango de Ley Orgánica- fue legalmente correcta y, en caso negativo, que anule la misma.

Retraso de causas

El Tribunal Supremo está pendiente del informe de la Fiscalía bajo la tutela de Dolores Delgado sobre un total de 51 causas pendientes –15 querellas y 36 denuncias-, contra el Gobierno por sus decisiones durante la crisis sanitaria del coronavirus. Más de un mes después de que la Sala Segunda del Alto Tribunal solicitase al Ministerio Público que se pronunciase sobre la competencia, posible acumulación y fondo del asunto, todas ellas continúan pendientes de impulso judicial desde que se declarase el estado de alarma. La Fiscalía aún no ha contestado.

Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que los magistrados encargados «no pueden hacer nada hasta conocer la posición» del departamento que dirige la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado. Tras recibir el informe del fiscal «que lo soltará», previsiblemente y según las mismas fuentes, en agosto, la Sala «decidirá lo que proceda». Un escenario que, en todo caso, no se producirá antes del mes de septiembre.

El Ministerio Público tiene pendiente decidir cuál será su posición común en todas ellas y responder al Alto Tribunal si corresponde abrir causa judicial contra el Gobierno en pleno o si, por el contrario, lo más adecuado es revisar las que se han dirigido de forma concreta contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máximo responsable político en materia de Salud Pública o el de Interior, el ex magistrado Fernando Grande-Marlaska. Algunas de ellas afectan, también, a altos cargos sanitarios como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).