Delgado retrasa en el Supremo las 51 causas contra el Gobierno por su gestión del coronavirus

El Tribunal Supremo está pendiente del informe de la Fiscalía bajo la tutela de Dolores Delgado sobre un total de 51 causas pendientes -15 querellas y 36 denuncias-, contra el Gobierno por sus decisiones durante la crisis sanitaria del coronavirus. Más de un mes después de que la Sala Segunda del Alto Tribunal solicitase al Ministerio Público que se pronunciase sobre la competencia, posible acumulación y fondo del asunto, todas ellas continúan pendientes de impulso judicial desde que se declarase el estado de alarma. La Fiscalía aún no ha contestado.

Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que los magistrados encargados «no pueden hacer nada hasta conocer la posición» del departamento que dirige la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado. Tras recibir el informe del fiscal «que lo soltará», previsiblemente y según las mismas fuentes, en agosto, la Sala «decidirá lo que proceda». Un escenario que, en todo caso, no se producirá antes del mes de septiembre.

El Supremo informó a la Fiscalía de la necesidad de posicionarse sobre las querellas o denuncias planteadas, en calidad de acusación particular, durante los peores meses de la pandemia, desde diferentes ámbitos: sindicatos médicos, como CSIF y el Consejo General de Enfermería; organizaciones de consumidores; partidos políticos, como Vox; o, las impulsadas por familiares de víctimas o plataformas de afectados constituidas para dicho fin.

Ahora, el Ministerio Público tiene pendiente decidir cuál será su posición común en todas ellas y responder al Alto Tribunal si corresponde abrir causa judicial contra el Gobierno en pleno o si, por el contrario, lo más adecuado es revisar las que se han dirigido de forma concreta contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máximo responsable político en materia de Salud Pública o el de Interior, el ex magistrado Fernando Grande-Marlaska.  Algunas de ellas afectan, también, a altos cargos sanitarios como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Sobre este último pesan sendos recursos en la Audiencia Provincial de Madrid tras rechazar dos juzgados madrileños, en primera instancia, investigar una posible actuación negligente antes, y durante, los días más críticos y aciagos de la pandemia. También en esta jurisdicción la Fiscalía guarda silencio y mantiene al tribunal a la espera de sus alegaciones para tomar una decisión definitiva.

Fiscalía y Supremo darán a conocer, una vez la primera cumpla con el requerimiento de los magistrados de la Sala Segunda, si avanzan penalmente contra el Ejecutivo, o parte de sus miembros, como piden investigar quienes señalan a Sánchez y su consejo ministerial como responsables de varios delitos de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, contra la salud y la seguridad de los trabajadores y de lesiones graves por imprudencia profesional.

Duras críticas de los fiscales

Los fiscales han acusado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de oscurantismo y falta de transparencia en las 51 querellas o denuncias contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Una situación que, a su juicio, alimenta «las sombras de duda» sobre su imparcialidad.

Tan es así, que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera judicial, ha remitido una durísima carta al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a la vista de que Delgado «ha hecho hábito de no contestar a las cuestiones que por esta asociación mayoritaria de Fiscales se le han dirigido». Se referían en su requerimiento a la carta que la AF ya remitió el 15 de julio a la propia ministra exigiéndole que dejara clara, a la mayor brevedad, su abstención en las citadas causas y reclamándole «transparencia e imparcialidad» para la tramitación de las mismas.

También le pidieron que Navajas le sustituyera en todos los casos y que se convocara a la Junta de Fiscales para ser escuchada y establecer un criterio común en la defensa de la legalidad que no viniera decretado, prefijado o impuesto por Dolores Delgado. Especialmente teniendo en cuenta que la fiscal general del Estado fue miembro del actual Ejecutivo en la anterior legislatura, al frente de Justicia. Pero Delgado ha dado la callada por respuesta.

Los fiscales creen que Delgado les ningunea y hablan de una «situación inédita en 150 años de la institución» y de «hito de difícil superación» en apenas 5 meses de mandato.

La presidenta de la asociación profesional mayoritaria y, a su vez, decana de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, Cristina Dexeus, aseguró que la abstención de Dolores Delgado era esencial para «mantener la neutralidad e imparcialidad» de una institución que «ya ha quedado dañada por su nombramiento». «Como la fiscal general del Estado ha sido miembro del Gobierno», hasta que pasó a ocupar su cargo actual, «no debe resolver cuestiones que afecten» a otros integrantes del actual Ejecutivo y ex compañeros suyos, declaró Dexeus.