Juicio del 'procés'

Sólo dos de los actuales magistrados del Supremo podrán juzgar a Puigdemont

Ante un eventual y futuro procedimiento contra el ex presidente de la Generalitat, y hoy prófugo de la Justicia española, el Alto Tribunal deberá reforzar la Sala de lo Penal para evitar que se prejuzgue al líder de JxCat por sedición.

Llarena activa la euroorden contra Puigdemont

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat @Getty
Discussion with Puigdemont

Una vez que el juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, ha reactivado la Euroorden de entrega contra Puigdemont -y dado que el Supremo es el órgano judicial competente para enjuiciar al ex presidente catalán prófugo- sólo 2 de los 15 magistrados que actualmente conforman la Sala de lo Penal del Alto Tribunal podrían enjuiciar, sin prejuzgar, su causa.

Los jueces Eduardo de Porres y Susana Polo son los únicos que, hasta la fecha, no han participado en modo alguno durante las diferentes decisiones que -desde la fase de investigación hasta que se ha hecho público el fallo del tribunal, presidido por Manuel Marchena- ha tenido que adoptar el Supremo en el marco de la causa contra los líderes independentistas catalanes.

Ello, sin tener en cuenta las inminentes jubilaciones de los magistrados Luciano Varela -miembro del tribunal del ‘procés‘- y Alberto Jorge Barreiro -vocal de la Sala de Apelación- que tendrán que ser reemplazados antes de que la Sala conforme un nuevo equipo para juzgar a Puigdemont.

Marchena

El propio Marchena advertía de este detalle en el transcurso de su comparecencia de este miércoles ante el Pleno de la Comisión Permanente del consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que debía confirmar la reedición de su mandato como presidente de la Sala Segunda del Supremo- también apuntaba a cómo el Constitucional avalaría que alguno de los miembros del tribunal del juicio al ‘procés’ repitiesen como miembros del que tendrá que juzgar a Puigdemont, por sedición.

Tal es así que la actual doctrina vigente, emitida en este sentido por el Tribunal de Garantías, establece que "la Sala que ha enjuiciado a unos participantes puede valorar el fragmento" de la misma causa que se abra contra otro de los procesados.

Esto es, una vez Puigdemont sea detenido, regrese a España y pase a disposición de la Justicia, el Constitucional avalaría al Supremo si alguno de los magistrados responsables de la sentencia del juicio del ‘procés’ tuviese que repetir en el caso del ex presidente catalán huido.

Algo que, sin embargo, en opinión de Marchena no sería ni muy ético ni mucho menos estético: "En otro tipo de juicio podría darse el caso". Pero el hecho de que tanto él como sus 6 compañeros -Ana Ferrer, Luciano Varela, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Andrés Martínez-Arrieta- hayan visto, oído y analizado las ingentes pruebas presentadas por las partes, en el procedimiento ya finalizado, plantea serias "dificultades" para garantizar que sean plenamente objetivos y estén descontaminados en el enjuiciamiento de Puigdemont.

Entrega a España

El magistrado instructor de la causa del ‘procés’ Pablo Llarena, activó el pasado lunes una nueva Euroorden contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, que se encuentra fugado de la Justicia española desde el pasado 30 de octubre de 2017.

Tras hacerse público el fallo de la sentencia condenatoria de los líderes independentistas catalanes que promovieron el 1-O, que -entre otros- castiga con 13 años al ex vicepresidente Oriol Junqueras, Llarena volvía a activar formalmente la petición a Bélgica para extraditar al separatista, de manera que pueda ser juzgado en España por los hechos por los que fue procesado.

El Supremo considera, en su fallo por unanimidad, que los hechos atribuidos a la cúpula del referéndum ilegal son constitutivos de los delitos de sedición, en concurso medial con malversación. Motivo por el que, al tratarse de una resolución firme e inmediatamente ejecutiva, el juez Llarena dispone de un nuevo respaldo jurídico para reiterar su petición de entrega a España.

Los jueces belgas tendrán ahora que pronunciarse de nuevo sobre la situación procesal de Puigdemont. En la anterior ocasión, alegaron un problema de forma para no acceder a la petición del instructor Llarena.

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