Juicio del 'procés'

Marchena sobre la sentencia del 1-O: «Me consuela que el fallo no se ha filtrado desde el Supremo»

El ponente de la resolución del juicio del 1-O reedita su mandato al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y presidirá la misma durante los próximos 5 años.

Marchena será reelegido presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

El juez Manuel Marchena ha defendido a ultranza la labor del tribunal del Supremo encargado de resolver el juicio del ‘procés’. En su comparecencia de este miércoles, ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para reeditar su mandato como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, durante los próximos 5 años, el magistrado ha cerrado filas, sensiblemente disgustado: «Me queda el consuelo de saber que no se ha filtrado el fallo íntegro, en ningún caso, desde aquí».

En respuesta a las preguntas del presidente del Alto Tribunal y del CGPJ, Carlos Lesmes, Marchena ha calificado de impecable la labor de los 6 magistrados que le han acompañado durante los más de 4 meses de juicio oral, en la causa del 1-O, aunque sin dejar de reconocer las dificultades que ha supuesto para todos ellos una «macrocausa» tan relevante para la historia de la jurisprudencia en España.

«La sentencia del ‘procés’ era el oscuro objeto de deseo de muchos», señalaba el magistrado. Tal es así que «se llegó a intentar hackear mi correo» para tratar de conocer el contenido de las comunicaciones que mantenía en relación al juicio del 1-O.

Y apuntaba a que «los comentarios de datos concretos a terceras personas» que hayan podido trasladarlas a medios de comunicación donde, «convenientemente enlazadas e interpretadas», pudieron dar lugar a la publicación anticipada del sentido de la sentencia, formalmente notificada este lunes.

«Desde mi incorporación al Supremo he dictado más de 600 sentencias como ponente, de distinto carácter y contenido», arrancaba Marchena su alocución. Ninguna como la del ‘procés’: «Reconociendo que es una sentencia muy especial, tanto por su contenido como por su extensión, no puedo negar los problemas que hemos tenido que abordar por su gran complejidad. Ha exigido un esfuerzo deliberativo muy destacado de los 7 magistrados que quiero soslayar».

El del 1-O ha sido en palabras del propio Marchena: «Un juicio que ha trastocado el ordinario funcionamiento de la Sala, con un horario que nos aproximaba a las 8 horas diarias de vista oral. Durante más de cuatro meses, siete magistrados han estado dedicados exclusivamente a este juicio».

«El procedimiento, su desarrollo y la sentencia es el resultado de la confluencia del trabajo de todos ellos», ha concluido.

Vox

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no ha querido dejar pasar la oportunidad de que Marchena se pronunciase sobre diferentes aspectos de la causa del ‘procés’, para analizar las mejoras aplicables a la gestión y el funcionamiento de la Sala de lo Penal que el magistrado presidirá durante los próximos 5 años.

Motivo por el que le ha preguntado por el papel de la acusación popular de Vox en el juicio del 1-O. «Un partido político nunca debe ser parte activa en proceso penal. Con independencia de su ideología, porque una ideología no legitima o deslegitima la presencia del mismo en el procedimiento», ha afirmado Marchena.

Y acto seguido ha continuado: «La profesionalización de la acción popular, introduce un elemento de desconfianza que perturba gravemente el ejercicio de la Justicia».

Aforados 

Sobre el enjuiciamiento de los líderes separatistas catalanes en el Tribunal Supremo, por su condición de aforados, Marchena ha analizado -a petición de Lesmes- la supuesta pérdida de doble instancia «que vulnera lo previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos» y «donde los magistrados del Alto Tribunal han tenido que jugar un papel múltiple, como instructores y como sentenciadores».

«Con los aforados hay que ser especialmente cauto», arrancaba Marchena su reflexión. «En ocasiones a mí me ha dado la impresión que en España se ha extendido la idea de que un cargo público no estaba bien vestido si no tenía una consideración de aforado, asociado al mismo», abundaba.

Sin embargo, el aforamiento es para Marchena «una prerrogativa funcional para garantizar el apego constitucional a que está llamado todo diputado, senador o cargo público» procesado en una causa penal.

Por ello, el magistrado apuesta por «reducir el número de aforamientos, para entroncar con su verdadero sentido histórico y eliminar el aroma de privilegio, cuasi protocolario» que en muchas ocasiones se ha querido adjudicar al mismo.

«Los procedimientos en nuestra Sala que se abordan sobre aforados» cumplen con lo previsto en la legislación europea, aseguraba Marchena. Y apuntaba al detalle de cómo el propio Convenio Europeo de DDHH reconoce que la ausencia de la doble instancia que se produce en el caso de los aforados juzgados en el Supremo, cuenta con la ventaja de que «el enjuiciado lo es, sin límite, por el más alto órgano judicial del país».

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